Escándalo en Estados Unidos por la contratación ilegal de miles de menores inmigrantes no acompañados

Los datos son escalofriantes. Desde el 2018 el número de menores contratados ilegalmente por empresas en Estados Unidos ha aumentado un 69%, según los datos del Departamento del Trabajo. En el último año se ha detectado que 835 empresas contrataron de manera ilegal a más de 3.800 niños migrantes.

Los más vulnerables a esta explotación llegan solos desde la frontera de México. En los dos últimos años han entrado en Estados Unidos más de 250.000 niños sin la compañía de un adulto. En 2022 alcanzaron la cifra de 130.000 —el triple que el número registrado cinco años antes— y se espera que este verano se produzca otra oleada. Una vez que cruzan la frontera, quedan en manos del Departamento de Salud y Servicios Humanos, que a su vez los a entrega un patrocinador o espónsor, entendiendo como tal a la persona (en la mayoría de los casos un familiar) o entidad que se hace cargo del menor. Este "patrocinador" tiene la obligación darle bienestar físico y emocional, educación, atención médica etc., pero en muchas ocasiones, el gobierno pierde la pista a los menores tras liberarles de los centros de detención o albergues.

Una investigación llevada por el New York Times revela que el periódico ha hablado con más de 100 niños trabajadores migrantes en 20 estados que aseguran estar extenuados después de la jornada laboral y en la que relatan el miedo con el que conviven cada día. Tras la publicación del reportaje, el gobierno de Biden ha anunciado medidas contra la explotación de menores migrantes.

Los niños menores migrantes, en su mayoría procedentes de Centroamérica, vienen huyendo de la precariedad y la miseria incrementadas desde la pandemia, buscando asilo en Estados Unidos. Muchos están sometidos a una enorme presión para enviar dinero a sus padres que se han quedado en el país de origen, a sabiendas de que los adultos en la frontera con toda probabilidad serán deportados por los agentes de inmigración.

Los menores se encuentran además con una deuda de miles de dólares que deben pagar a los coyotes o contrabandistas que los ayudan a cruzar la frontera. En algunos casos, también deben pagar a sus patrocinadores los gastos de alquiler y manutención. Tal es el caso de Nery Cutzal, entrevistado por el NYT, y que tenía 13 años cuando conoció a su patrocinador a través de Facebook Messenger. Además de pagar 20.000 dólares (18.800 euros) al coyote para cruzar la frontera, al llegar a Florida descubrió que debía más de 4.000 dólares (3.760 euros) a su patrocinador y que tenía que buscar un lugar donde vivir. Este espónsor le enviaba “mensajes de texto amenazadores” y mantenía una lista actualizada de “nuevas deudas por completar documentación del HHS, por ropa o comida”.

El padre del menor, Leonel Cutzal, al ser preguntado por la situación de su hijo en Estados Unidos explicó que la familia había caído en la miseria tras una serie de malas cosechas, y no tuvo otra opción que enviar a su hijo mayor al norte. “Cuando nos manda aquí los 50 dólares (47 euros), para nosotros es una buena ayuda”, dijo Cutzal. “Si no, a veces no comemos”. Cutzal también comenta al NYT que no sabía cuánto iba a tener que trabajar su primogénito al emigrar a Estados Unidos.

Según el NYT, los niños realizan trabajos peligrosos en todos los estados y en todos los sectores con jornadas de más de 10 horas. Trabajan en mataderos, granjas, obras de construcción, panaderías… y manejan maquinaria peligrosa, cargan peso, empaquetan, cosen y lavan platos sin apenas descanso. “Al menos una decena de migrantes menores de edad han muerto en sus trabajos desde 2017”, señala el periódico, incluyendo a un joven de 16 años que se cayó y fue aplastado por una excavadora en Georgia. Otros han resultado gravemente heridos, perdiendo piernas y destrozándose la espalda en caídas. Muchos de ellos asisten al colegio y compaginan sus estudios con los trabajos nocturnos. Otros muchos no están siquiera matriculados.

Para conseguir estos trabajos, en numerosas ocasiones “los menores se hacen pasar como adultos. Muchos de ellos compran en el mercado negro seguros sociales o tarjetas de identificación que los hacen mayores de edad”, señala el activista Juan José Gutiérrez.

Si bien el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por su sigla en inglés) debe garantizar un seguimiento de los menores una vez han sido entregados al patrocinador - bajo el compromiso de que los mantendrán y protegerán de la trata o explotación-, la administración de Biden ha incrementado la presión para que el personal de los Servicios Sociales libere a los niños de los centros de acogida "lo más rápido posible" ante el histórico incremento de llegada de niños a la frontera. “En los dos últimos años, la agencia pública dependiente del gobierno ha perdido el contacto con más de 85.000 niños inmigrantes”, señala el NYT.

“El 20% de los niños tiene que ser dado de alta de los centros de refugiados fronterizos cada semana o te metes en problemas”, declara al rotativo Keswani, exempleado del Sistema Público de Asistencia a menores el mes pasado.

Un portavoz del presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, dijo que Xavier Becerra, secretario de Salud y Servicios Humanos, “hizo recortes en los procedimientos de investigación para dar prioridad a la liberación acelerada de menores, y como resultado más niños migrantes están siendo entregados y explotados por los traficantes”.

Además, se da la circunstancia de que cuando los menores son puestos en libertad, tienen pocas opciones para conseguir más ayuda. La mayoría sale de los centros sin más orientación que el número de teléfono de una línea directa nacional gestionada por el HHS. Algunos niños entrevistados por el NYTimes han llamado para denunciar la explotación laboral, pero no obtuvieron respuesta”. Los operadores, por su parte, remiten las llamadas a las fuerzas de seguridad locales y a otros organismos que tampoco no hacen ningún seguimiento.

En paralelo, en las conversaciones que el periódico ha mantenido con otros sectores profesionales que han colaborado en la investigación asegura que, los profesores que son conscientes de los trabajos que realizan los menores fuera de horario escolar, se resisten a denunciar las aparentes infracciones laborales porque creen que van a perjudicar a los niños más que ayudarles.

A raíz de la publicación de la investigación del Times, el gobierno de Biden ha anunciado esta semana que pondrá inmediatamente en marcha amplia campaña contra la explotación laboral de los niños inmigrantes en Estados Unidos. Entre las medidas presentadas por la Casa Blanca, se establece un grupo de trabajo conjunto entre el Departamento de Trabajo y el Departamento de Salud y Servicios Humanos —el organismo responsable de los menores migrantes— para mejorar el intercambio de información.

Por un lado, el Departamento de Salud y Servicios Humanos ampliará los servicios tras la puesta en libertad de los niños no acompañados. Hará obligatorias las llamadas de seguimiento a menores que denuncien y llevará a cabo una auditoría del proceso de investigación para posibles patrocinadores. Por otro, el Departamento de Trabajo investigará tanto a las fábricas y proveedores que contratan de manera ilegal a los niños, como a las grandes empresas que se benefician del trabajo infantil en sus cadenas de suministro, incluyendo el seguimiento de las empresas de trabajo que no verifican si los números de Seguridad Social e identificaciones son falsos. La agencia estudia la posibilidad de utilizar una disposición legal sobre “mercancías urgentes” que le permite detener el transporte interestatal de bienes cuando se detecte que existe trabajo infantil en la cadena de suministro.

De mismo modo se ha previsto el aumento de las multas contra los que violen la ley. Hace tiempo que los investigadores federales se quejan de que la sanción máxima por infracciones —unos 15.000 dólares (14.100 euros) por incumplimiento— no es suficiente para disuadir a las empresas que emplean trabajadores menores de edad.

El mes pasado la empresa de alimentos Packers Sanitation Services INC pagó una multa de 1,5 millones de dólares por contratar a 102 niños de entre 13 y 17 años que trabajaban en 13 plantas de carne en Estados Unidos. Las empresas que subcontrataron a los menores no tuvieron ninguna consecuencia.

El NYT descubrió productos fabricados por niños y jóvenes migrantes en las cadenas de suministro de grandes marcas y minoristas estadounidenses muy conocidas dentro y fuera de estados Unidos como las automovilísticas Ford y General Motors; los grandes almacenes y supermercados Walmart, Whole Foods, Target, la cadena de heladerías Ben & Jerry’s, y las textiles Fruit of the Loom y J. Crew.

En Michigan, se ha descubierto que los niños trabajaban hasta altas horas de la noche en las plantas de Hearthside Food Solutions, una empresa que fabrica y envasa alimentos para otras marcas como General Mills, Frito-Lay y Quaker Oats, estas dos últimas pertenecientes a la multinacional de bebidas y aperitivos PepsiCo.

El Departamento de Trabajo ha iniciado una investigación sobre las prácticas laborales de Hearthside, según han informado esta misma semana funcionarios gubernamentales.