España investiga los crímenes de Israel cometidos en Gaza, pero su capacidad de acción judicial es limitada y cuestionada

Desde el Estado y desde el gobierno se han acelerado los pasos en los últimos días contra Israel. Este jueves hemos concodio uno más. La autorización del Fiscal General del Estado a investigar crímenes cometidos por el ejército israelí. Apunta al genocidio y a delitos de lesa humanidad.

El proceso de la Fiscalía General del Estado se une a otros procesos en marcha. El principal, el que Sudáfrica activó en el Tribunal Internacional de Justica, dependiente de la ONU. El país africano denuncia genocidio y países como España han apoyado el trámite. También investiga la Corte Penal Internacional, también en La Haya, pero independiente de Naciones Unidas. Y se remonta a crímenes muy anteriores, desde 2014.

Hay otros procesos abiertos en países como Bélgica, Francia y ahora en España. No obstante, la capacidad de nuestro país para llegar al final es ahora muy limitada. Algunos expertos ponen en duda que España tenga posibilidad de hacerlo.

La investigación de España sobre lo que ocurre en Gaza: "Está obligada a ello por la ley de cooperación internacional"

El objetivo de la investigación en España es recopilar evidencias de lo que está ocurriendo en Gaza y enviárselas a los tribunales internacionales que ya investigan a Israel. Procedimientos de los que el Fiscal General del Estado recuerda: nuestro país forma parte. "Está obligada a ello por la ley de cooperación internacional", apunta Javier Roldán Barbero, catedrático de derecho internacional de la Universidad de Granada.

Pero otra cosa es pasar de unas diligencias de investigación a un procedimiento judicial. De hecho, ya hay voces de la Audiencia Nacional que cuestionan la competencia de los tribunales españoles en esta materia, que es evidentemente internacional. Mirando a la legislación española, antes, nuestros tribunales podían iniciar procedimientos judiciales de otros países si los crímenes que se estaban cometiendo atentaban contra la humanidad en su conjunto, como lo que es un genocidio.

Un gran ejemplo de esto es el caso del dictador chileno Augusto Pinochet. España logró que se aprobase la extradición del dictador a nuestro territorio para juzgarle por delitos contra la humanidad. Aunque nunca llegó a materializarse, su caso marcó todo un hito en la historia de la jurisdicción universal. Las cosas han cambiado desde entonces, con reformas legales que exigen ahora que el delito tenga conexión con España, ya sea por quién lo ha cometido, por las víctimas o porque se ha producido en territorio español.

"Por tanto, no creo que se abra un proceso paralelo, separado, independiente en España que, por otra parte, no tendría fundamentación jurídica", sentencia Roldán Barbero. No parece ser el caso porque, aunque Dolores Delgado asegura tener constancia de víctimas españolas en la franja, también reconoce que es prácticamente imposible perseguir esos crímenes.