Europa avanza en el camino a la creación de centros de deportación de migrantes fuera de la UE

Los Veintisiete han logrado este lunes un acuerdo que relaja las reglas sobre países terceros seguros y condiciones de retorno para agilizar las expulsiones de solicitantes de asilo a los que se deniega la acogida, por ejemplo al no ser ya obligatoria la "conexión" entre el migrante y el país al que es devuelto o al validar los acuerdos bilaterales para externalizar la acogida, como intentó Italia con Albania.

El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, dejó claro a su llegada a la reunión de ministros de la UE en Bruselas que España se opone a estos cambios, no sólo porque cuestiona su efectividad sino por las dudas respecto a su compatibilidad con el Derecho comunitario e Internacional en materia de Derechos Humanos.

En concreto, los ministros han pactado la que serán sus líneas rojas en las negociaciones con el Parlamento Europeo sobre la forma definitiva de la directiva de retorno y con la que apoyarán que los gobiernos europeos puedan negociar de manera bilateral acuerdos con países terceros para establecer en ellos centros de acogida, de modo que puedan trasladar allí a migrantes a los que se les ha denegado el derecho al asilo pero está aún pendiente su deportación a un país seguro. "Estamos poniendo en orden nuestra casa europea en materia migratoria", ha apuntado el comisario de Interior y Migración, Magnus Brunner. 

Concepto de "país tercero seguro" al que los Estados miembro podrán expulsar a migrantes

La reforma que endurecerá el marco de migración y asilo con el que cuenta la Unión Europea también prevé sanciones más duras contra aquellos migrantes sin derecho a permanecer en la UE pero que rechazan ser deportados, por ejemplo con periodos más largos de retención y la prohibición de regresar a la UE tras una decisión de expulsión también se alargará.

La posición del Consejo, de hecho, apunta medidas contra quienes no cooperen como denegar o reducir subsidios, retirar permisos de trabajo e, incluso, penas de prisión para los casos más extremos. En cuanto al veto de entrada, los países son partidarios de que en los casos de personas que representen un riesgo para la seguridad la prohibición de entrada pase a ser indefinida.

Además, como elemento para agilizar estas deportaciones, los 27 también han llegado a un acuerdo de principio respecto al concepto de "país tercero seguro" al que los Estados miembro podrán expulsar a migrantes que se encuentran de manera irregular en su territorio sin que tenga que existir un vínculo entre el migrante y el lugar al que es trasladado.

Sobre este asunto, Grande-Marlaska ha avisado a su llegada a la reunión de que "rompe con la integridad del Pacto migratorio antes de que haya echado a andar" y ha apuntado las dudas legales respecto a que esta redefinición del concepto de país tercero seguro respete los derechos y obligaciones de los demandantes de protección internacional. En el curso del debate público entre ministros, otras delegaciones como la portuguesa y la francesa han expresado reservas por el impacto político, social y constitucional, pero no ha impedido que saliera adelante una posición que cuenta con el apoyo de una "amplia mayoría", según ha constatado el ministro danés que este semestre ejerce la presidencia de turno del Consejo.

Con el acuerdo, los 27 también han dado su apoyo a la primera lista de países que Bruselas propone considerar países terceros seguros en toda la UE --lo que no impide a los Estados miembro ir más allá-- y que incluye a Marruecos, Colombia, Bangladesh, Egipto, India, Túnez y Kosovo, además de, con posibles excepciones, todos los países candidatos a la adhesión al club comunitario.

Reparto de reubicaciones desde España y otros países

Finalmente, otra de las claves de la reforma migratoria aún por culminar en el seno de la Unión Europea es el mecanismo de solidaridad por el que se establecerán cuotas de reubicación de migrantes entre los Estados miembro desde aquellos que se encuentren bajo una mayor presión migratoria.

Este instrumento no echará a andar hasta que el Pacto migratorio esté plenamente en vigor --en principio el próximo junio-- y Bruselas ha identificado para el primer periodo que los países que podrán solicitar la solidaridad de sus socios sean España, Italia, Grecia y Chipre; al encontrarse estos cuatro países bajo una mayor presión migratoria.

El Ejecutivo comunitario puede proponer en cada ejercicio la reubicación de hasta 30.000 migrantes, con la opción de que los países más reticentes a recibir a parte de estas personas ofrezcan medidas compensatorias alternativas hasta un máximo de 600.000 millones de euros.

Sin embargo, el reparto que han acordado los gobiernos -con la abstención de España- reduce este cupo a un total de 21.000 reubicaciones o medidas compensatorias de hasta 420.000 millones de euros. Este cupo se aplicaría en 2026, pero abarcaría únicamente el segundo semestre dado que el Pacto no estará plenamente en vigor antes.

Aunque han trascendido las cifras globales, los números de cuántos países han aceptado acoger reubicados y cuántos han ofrecido pagar compensaciones o medidas alternativas permanece clasificado y no se conocerá hasta que sea formalmente adoptado y publicado, previsiblemente antes de que acabe este 2025. En todo caso, el ministro español ha mostrado su descontento por el acuerdo sin desvelar cuántos migrantes serán reubicados desde España --si lo son--, ni a donde, y se ha limitado a lamentar en sus declaraciones a la llegada a la reunión que "el contingente de solidaridad no puede convertirse en un regateo de cifras".