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La reciente decisión del Tribunal Superior británico de desbloquear el proceso de extradición del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, a Estados Unidos ha sido recibida con desagrado en algunos sectores de la sociedad, de la política y de la prensa en Australia. La resolución, que de prosperar le condenaría a pasar 175 años de cárcel, ha desempolvado un debate que, como todos, fluctúa en el maremágnum de asuntos que colman la actualidad. Ahora, desde que se supo que el periodista australiano de 50 años de edad se enfrentará a cargos de espionaje al otro lado del charco, la conversación ha vuelto a ser tendencia en Australia y aquellos que defienden que Assange debería cumplir la condena en su país ven renovada su mayor esperanza: que este caso se convierta en un asunto político debido a su estado de salud. Sólo así, piensan, se podría evitar su extradición a EE.UU.
Existe una gran separación entre la visión más optimista y la realidad más desalentadora de los defensores de su causa, y es que por ahora al Gobierno del primer ministro australiano, Scott Morrison, no le interesa mancharse las manos de barro. El cuánto durará esta postura es clave para aquellos que buscan proteger a Assange. En este grupo hay un enorme equipo de abogados que trabajan pro bono, asociaciones como Amnistía Internacional, como la Federación Internacional de Periodistas, Reporteros sin Fronteras, Human Rights Watch y varios políticos australianos que no entienden que su Gobierno mire hacia otro lado. La familia de Assange también está siendo especialmente vocal en los últimos días. La presión a una intervención para evitar su traslado a EE.UU. ha trascendido incluso a la prensa escrita, donde se han publicado editoriales y artículos de opinión como The Age o The Sydney Morning Herald. Existe un llamamiento común para que se aplique justicia a Assange, aunque cada parte la perciba de manera diferente.
El Gobierno australiano se mantienen impasible ante una intervención que acercara a Assange a su territorio y se fían de las promesas que llegan desde Reino Unido y EE.UU. donde garantizan un proceso apropiado, un trato humano y justo, el acceso a atención médica y el acceso a su equipo legal: “Australia continuará respetando el proceso legal del Reino Unido, incluyendo cualquier otra apelación bajo la ley del aquel país. Corresponde al señor Assange decidir cómo responder a la decisión del Tribunal Superior británico. Australia no es parte en el caso”, señaló recientemente un portavoz del ministerio de Asuntos Exteriores australiano.
La esperanza que algunos persiguen para que se produzca un giro de timón en el caso Assange se basa en que el deterioro de su estado de salud sensibilice a Morrison. Según confirman fuentes familiares, el 27 de octubre, el periodista de investigación sufrió un pequeño infarto en la prisión de máxima seguridad británica, Belmarsh, donde lleva desde abril de 2019 (y en asilo en la embajada de Ecuador en Londres desde 2012 hasta que fue detenido). Su prometida, Stella Moris, ha catalogado la situación de “muy preocupante” y una potencial extradición a EE.UU. sería muy perjudicial para su estado físico y mental. “Hay que resolverlo urgentemente. Mira a los animales atrapados en jaulas en un zoológico. Les acortan la vida. Eso es lo que le pasa a Julian. Los interminables casos judiciales son extremadamente estresantes mentalmente”, ha asegurado en línea con los abogados del periodista, quienes sostienen que ser extraditado a EE.UU. también incrementaría el riesgo de suicidio.
Además de su prometida, los padres de Assange también están presionando al Gobierno de Australia para que tome cartas en el asunto. Su progenitor, John Shipton, ha catalogado de “muy angustiosa e inquietante” la gestión del caso de extradición de su hijo por parte del sistema judicial británico.
“No deja de asombrarme la salvaje maldad que muestra la justicia inglesa hacia Julian. Los padres tienen el deber de luchar por sus hijos. Ese es el único deber apropiado que tienen. Así que simplemente luchamos. Cuanto más intensa es la malicia, mayor es la energía que pongo en este asunto, porque simplemente no voy a soportarlo”, ha asegurado este jueves a SBS News. “Lo único que tiene que hacer Morrison es levantar el teléfono y decirle al primer ministro del Reino Unido, -Boris Johnson- que ponga fin a esto, por favor. Se trata de un ciudadano australiano, inocente de cualquier delito, que ha sufrido 13 años de malicia y odio por parte de las instituciones de su país”.
En una carta abierta, y desde un prisma más humano, la madre del periodista encarcelado, Christine Assange, ha explicado lo que para ella está suponiendo el proceso en el que se encuentra su hijo después de desclasificar documentos secretos de la inteligencia estadounidense entre 2010 y 2011.
“Hace cincuenta años, al dar a luz por primera vez como madre joven, pensé que no podía haber mayor dolor. Pero pronto lo olvidé cuando tuve a mi hermoso bebé en brazos. Le llamé Julián. Ahora me doy cuenta de que estaba equivocada. Hay un dolor mayor. El dolor interminable y desgarrador de ser la madre de un periodista premiado que tuvo la valentía de publicar la verdad sobre los delitos y la corrupción de un Gobierno de alto nivel. El dolor de ver cómo mi hijo, que trató de publicar verdades importantes, es calumniado mundialmente sin cesar. El dolor de ver cómo mi hijo, que arriesgó su vida para denunciar la injusticia, es encajado y se le niega un proceso legal justo, una y otra vez. Está siendo torturado psicológicamente. La pesadilla constante de que le extraditen a EE.UU. y le entierren vivo en régimen de aislamiento extremo durante el resto de su vida. El miedo constante a que la CIA lleve a cabo sus planes para asesinarle…”, ha esgrimido la madre del periodista.
El miedo a posibles acciones contra Assange por parte de los servicios de inteligencia estadounidenses no es infundado. En septiembre salió a la luz que la CIA tuvo conversaciones sobre un potencial rapto e incluso asesinato del fundador de Wikileaks en 2017, durante el mandato de Donald Trump. El 15 de septiembre pasado, La ministra de Asuntos Exteriores de Australia, Marise Payne, planteó el caso al secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken durante su visita a Washington DC. Los parlamentarios australianos que defienden la libertad o la extradición de Assange a Australia no creen que los esfuerzos por proteger a Assange estén siendo suficientes.
La presión política al Gobierno de Morrison se intensifica por momentos y viene de distintos frentes ideológicos. Una de las voces más activas ha sido la el exprimer ministro laborista, Kevin Rudd, quien ha afirmado estar “en completo desacuerdo con la persecución” a Assange. “En pocas palabras: si el crimen de Assange fue difundir documentos clasificados de seguridad nacional, lo mismo se aplicaría a los editores de todos los periódicos británicos, estadounidenses y australianos que publicaron el material”, ha expresado en Twitter. La perspectiva del expolítico de centro izquierda coincide con la del viceprimer ministro y líder del Partido Nacional, el conservador, Barnaby Joyce.
“Assange no robó ningún archivo secreto de EE.UU, lo hizo la ciudadana estadounidense Chelsea Manning. Assange sí los publicó. En Australia, recibió un premio Walkley de periodismo por ello. Assange no infringió ninguna ley australiana en el momento de sus acciones. Assange no estaba en EE.UU. cuando se produjo el hecho que se está deliberando. La pregunta es entonces: ¿por qué va a ser extraditado a EEUU? Si insultara al Corán, ¿sería extraditado a Arabia Saudí?”, ha incidido Joyce.
El parlamentario por Tasmania, el independiente, Andrew Wilkie ha pedido a Morrison que “ponga fin a esta locura”. El Partido Verde, en bloque, ha instado a la ministra de Asuntos Exteriores, a que “hable urgentemente con EE.UU. y les diga que retiren estos absurdos cargos y pongan fin a la tortura de Assange”. Y así, las manifestaciones de gran parte de los políticos australianos se unen a la de los abogados de Assange y otras voces de expertos legales australianos y extranjeros como Gregg Barns.
“El Gobierno australiano podría acabar con esto mañana si quisiera. Podría hablar con sus homólogos en Washington. Lo vimos con David Hicks, hay precedentes. Con Hicks, Australia se movió para que regresara a su país y dejara Guantánamo Bay y ahora podrían hacer lo mismo. Muchos de estos casos de extradición son políticos y éste es uno. Australia no puede seguir sentándose sobre sus manos, se tiene que involucrar en este caso”, ha asegurado. Hicks fue un ciudadano australiano vinculado con Al Qaeda y Osama Bin Laden que acabó cumpliendo su pena en Australia.
El abogado de Edward Snowden, Ben Wizner, también a roto una lanza a favor de Assange. “Esto viene de atrás. Son discusiones que parten de sucesos de 2010 y 2011 de los que Chelsie Manning fue condenada por pasar información a WikiLeaks. Esto no ha sido algo que WikiLeaks haya publicado por su cuenta. WikiLeaks se alió con el New York Times, con Der Spiegel, con The Guardian y todos esos periódicos fueron galardonados por cubrir crímenes de guerra que militares de Estados Unidos y del Reino Unido cometieron en Irak y en Afganistán”, ha explicado.
Mientras la presión política crece, la postura que sigue prevaleciendo es la del peligro a la pérdida de vidas humanas que supuso la filtración orquestada por Assange hace más de una década. Sólo una intervención de Australia podría evitar que el periodista de investigación no pase el resto de sus días en prisión. Al menos por ahora, y a no ser que se produzca un cambio abrupto en la Administración Morrison, esta vía es muy improbable.