{{#section.link.href}}
{{section.link.title}}
{{/section.link.href}}
La Cámara de Diputados de Argentina aprobó en la mañana de este viernes un proyecto de ley que permite acceder libre y legalmente al aborto hasta la semana 14 de gestación y que ahora deberá pasar al Senado para su debate y eventual sanción definitiva.
El texto recibió 131 votos a favor, 117 en contra y seis abstenciones, tras una sesión que se extendió 20 horas y durante la que multitud de personas se manifestaron, tanto a favor o en contra, y a la espera del resultado, a las afueras del Congreso en Buenos Aires.
En 2018, el resultado fue más ajustado --129 votos favorables frente a 125--, aunque los alegatos prácticamente se han repetido.
En la anterior legislatura, los senadores argentinos ya tumbaron la ley aprobada en el Congreso. En esta ocasión hay más posibilidades de que el texto también sea aprobado en una votación que se espera ocurra a finales de diciembre o principios de enero.
Los promotores de la medida, impulsada por el Gobierno de Alberto Fernández, ha defendido que la nueva ley supone una ampliación de los derechos de las mujeres, así como una mejora en materia de salud pública, un enfoque planteado especialmente desde el Ejecutivo para evitar controversias de índole religiosa.
Tras la votación, al aplauso en el interior de la Cámara de Diputados se ha sumado también la alegría en las inmediaciones del Congreso, donde se han agolpado durante horas grupos y ciudadanos defensores de la iniciativa. "Esta ley no es de ningún presidente ni de ningún gobierno, es una conquista más del movimiento de mujeres", ha proclamado una de las diputadas que han votado a favor, Silvia Lospennato, según el diario 'La Nación'.
La ley autoriza la interrupción voluntaria del embarazo hasta la decimocuarta semana de gestación, con cobertura gratuita en la sanidad pública. La gestante debe solicitarlo al menos diez días antes y firmar un consentimiento informado, sin que sea necesaria ninguna autorización adicional en el caso de las mayores de 16 años.
Para las menores de 13 años, sí debe estar presente al menos un progenitor o tutor, mientras que en el caso de quienes tengan entre 13 y 16, se contempla que "en situaciones de conflicto de intereses con sus representantes legales, (la gestante) puede intervenir con asistencia letrada".
Una de las modificaciones introducidas durante el debate tiene que ver con la objeción de conciencia, en concreto con lo que debe ocurrir cuando todos los trabajadores de un centro se nieguen a practicar el aborto. El texto plantea que, en ese caso, el centro deberá derivar a la paciente a otro que sí acceda a interrumpir el embarazo.