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Los escándalos de dos diputados conservadores acusados de corrupción le han estallado en las manos a Boris Johnson. Primero fue el de Owen Paterson, el ex ministro de Irlanda del Norte, y ahora ha sido el de Sir Geoffrey Cox, ex abogado general del Gobierno. Ambos son amigos y aliados de Johnson y a ambos de los acusa de haber aprovechado su cargo para conseguir favores para empresas externas que los habían contratado. Se ha generado en el país un debate sobre si es ético tener segundos empleos y sobresueldos mientras se es parlamentario.
Esta semana el Comité de Ética y Estándares de la Cámara de los Comunes acusó, tras una larga investigación, a Owen Paterson de haber aprovechado su posición de parlamentario para influir a favor de dos empresas que le habían contratado como consultor. Había utilizado las oficinas de su distrito electoral para reunirse con cliente privados y utilizó su correo electrónico como diputado y su matasellos para dirigirse a departamentos ministeriales en nombre de sus representados y pedir favores.
Las firmas en cuestión son la farmacéutica Randox y la alimenticia Lynn’s Country Foods, ambas con sede en Irlanda del Norte. Owen Paterson, de 65 años y con tres hijos, fue ministro de Irlanda del Norte (2010-12) y de Alimentación, Medio Ambiente y Asuntos Rurales (2012-14) en el Gobierno de David Cameron. Percibe 8.333 libras (9.770 euros) al mes por 16 horas de trabajado para Randox y 12.000 libras (14.068 euros) al año por 24 horas de trabajo para Lynn’s Country Foods. En marzo de 2020, en plena pandemia, Randox fue acreditado con un contrato de 133 millones de libras (156 millones de euros) por el Ministerio de Salud para fabricar tests del Covid sin que se abriera concurso. Seis meses más tarde se le dio otro contrato sin concurso a la firma por un valor de 347 millones de libras (407 millones de euros).
El Comité de Ética concluyó el mes pasado que “[Paterson] utilizó su posición privilegiada en beneficios de las dos compañías que representaba y por las que era pagado como consultor” y concluía que Paterson “ha traído la deshonra al Parlamento”. Suspendió de empleo y sueldo a Paterson durante un mes y a someter a votación entre sus electores si debía seguir ejerciendo su cargo. En Reino Unido, no hay listas electorales y los parlamentarios responden directamente ante sus constituyentes.
El error de Johnson fue defender a Paterson y poner una enmienda en el parlamento no solo para frenar la suspensión del diputado sino también para modificar los criterios éticos por los que los diputados pueden incurrir en conflictos de intereses. Es decir, intentó cambiar las reglas del juego en su favor. Se impuso en la votación por apenas 18 votos, o sea, por 9 diputados, pese a tener una mayoría de 80 diputados. Sin embargo, pese a ganar la votación, el alboroto creado y la rebelión en sus filas fueron de tal calado que decidió cancelar la enmienda. Y Paterson acabó dimitiendo.
El Parlamento británico permite que los diputados tengan un segundo trabajo (como abogados o médicos, o cobrar por dar discursos) siempre y cuando se prioricen sus responsabilidades ante los ciudadanos y que no genere un conflicto de intereses, como se considera que fue el caso de Paterson. La investigación fue dolorosa para él durante el proceso se suicidó su esposa. El caso habría pasado relativamente desapercibido si no fuera porque Johnson se empeñó en presentar la enmienda.
Con las aguas aun revueltas, esta semana ha estallado otro escándalo que afecta a otro parlamentario conservador y amigo de Johnson. Se trata de Sir Geoffrey Cox, prestigioso abogado y diputado desde 2005. Fue el abogado general del Gobierno desde 2018 a 2020 con Theresa May y Johnson. Fue el encargado de negociar el Protocolo de Irlanda del Norte del Acuerdo del Brexit y también fue quien aconsejó a Johnson a pedir a la reina que suspendiera el Parlamento durante cinco semanas en septiembre de 2019 para evitar el debate del Brexit cuando Johnson no tenía mayoría, una decisión que fue tumbada por la justicia.
Cox ha seguido teniendo su propia firma de abogados por la que percibe unas 900.000 libras al año (más de un millón de euros). Pero la decisión que ha generado la sospecha por conflicto de intereses fue la contratación de Cox por parte del Gobierno de las Islas Vírgenes, un paraíso fiscal en el Caribe, territorio de ultramar británico. Lo contrataron para defenderse de una investigación ordenada por el propio Gobierno de Londres por corrupción. Cox percibió 127.000 libras (149.000 euros) por ese trabajo. Ha estado ejerciendo virtualmente como diputado desde las Islas Vírgenes y ha trascendido que ha utilizado el Parlamento para reunirse clientes privados. La oposición laborista ha pedido una investigación.
Durante la sesión por la enmienda de Johnson, el líder laborista, Sir Keir Starmer, dijo que Johnson “ha dado luz verde a la corrupción”. “Las puertas giratorias entre ministros y sector privado siguen girando a la máxima velocidad, en un minuto un ministro regula una compañía y al minuto siguiente está trabajando para ella”, denunció. Había implícita una referencia al exprimer ministro David Cameron, que el año pasado intentó en vano lograr favores para Greensill, la empresa de servicios financieros que le contrató como consultor y que acabó en bancarrota.
Los diputados británicos perciben 81.932 libras (96.050 euros) anuales por ocupar su escaño, más gastos, que pueden ascender a más de 20.000 euros. Los presidentes de comisiones parlamentarias (como Sir Geoffrey Cox) perciben pagas extra y los miembros con cargos ministeriales tienen una remuneración extra de 31.680 (37.140 euros) o de 67.505 (79.138) si son miembros del Gabinete, como fue el caso de Cox durante dos años.
En el pasado se produjeron escándalos que obligaron a reformar el Sistema de Ética y Estándares. En la primera mitad de los 90 estalló el escándalo del ‘cash for questions’ (dinero por preguntas) por el que algunos diputados conservadores cobraban de empresarios como Mohamed Al-Fayed, el entonces dueño de los almacenes Harrod’s y que fue quien destapó esta práctica, a cambio de interponer preguntas al primer ministro en la sesión de control en el Parlamento, según sus intereses.
El escándalo afectó de pleno al entonces debilitado primer ministro conservador, John Major, que en 1997 creó el Comité de Ética y de Estándares Parlamentarios para evitar que se repitiera. Precisamente Major ha sido el más crítico con Johnson. Major ha dicho que Johnson practica “corrupción política” y que su intento de reformar el Comité de Ética con la enmienda había sido “un grave error”. “La forma en la que se ha hecho todo esto ha sido vergonzoso, indigno de un gobierno y ha tirado a la basura la reputación del Parlamento”, expresó Major, que pertenece al mismo partido que Johnson.
El otro escándalo fue el del abuso de los gastos parlamentarios de 2009 que reveló que los diputados inflaban los gastos. La práctica más común era la de jugar con los 24.000 libras (28.135 euros) a las que tenían derecho para reformar e invertir en la segunda vivienda en Londres. Se dedicaban a cambiar las residencias según conveniencia para reformarlas con dinero público y venderlas más tarde. Varios parlamentarios de todos los partidos fueron suspendidos y encarcelados dañando la reputación de la institución.
En su ataque al Comité de Ética, Johnson llegó a pedir la dimisión de la presidenta, Kathryn Stone. La acusó de llevar a cabo investigaciones “poco profesionales” y de no haber dado voz a Paterson. A nadie escapa que la próxima investigación de Stone y de la comisión ética será la lujosa reforma de la residencia oficial de Johnson y su esposa financiada presuntamente con donaciones ilegales.