Dorina nunca ha dado un paseo. Acaricia la adolescencia de sus 14 años pero esta joven de sonrisa fácil está condenada. Su padre mató a un hombre hace treinta años y cumplió doce de condena en la cárcel pero, para la familia del asesinado, él no ha pagado su deuda, que se hace extensible también a su esposa e hijos.
La mente se le queda en blanco cuando le preguntamos por sus sueños, por lo que haría si mañana pudiera salir de casa. Dorina suspira y responde que prefiere no pensar en cosas que seguro no va a poder hacer, asume su secuestro. Ella es la mayor de cuatro hermanos, todos viven recluidos en la casa familiar, a salvo, porque las leyes del Kanun dictan que no se puede cobrar la venganza en el territorio seguro del hogar. También el jardín es zona franca, allí este código medieval, que dicta las vidas de miles de personas en Albania y Kosovo, dice que no puede derramarse sangre.
Su única esperanza es que se produzca un indulto de sangre, una tarea en la que trabajan organizaciones religiosas como los franciscanos o ong’s, que median entre las familias para que llegue el perdón. El hermano Përlala está harto de asistir a funerales. Él intenta mediar pero son los ancianos del clan los que más poder tienen para conseguir una reconciliación, que permita a las familias abandonar el encierro y volver a la vida. Los Marepepaj a punto estuvieron de conseguir el perdón de la otra familia hace cinco años pero cuando lo acariciaban se produjo la muerte del hermano del hombre, que su padre asesinó hace treinta años, y la otra familia paró el negociado del perdón.
Nicoline tiene doce años y la mirada perdida. Confiesa que no entiende porqué razón nunca ha podido jugar un partido de fútbol fuera de su jardín o hacer amigos que no sean de su familia; tampoco sabe muy bien lo que es un colegio porque jamás ha pisado uno. Aprende lo básico con el profesor que, voluntariamente, acude una vez por semana a visitar a las decenas de niños que hay en esta situación en los suburbios de Shkodra, la ciudad más importante del norte de Albania. Los inmigrantes de las zonas montañosas del norte emigraron tras la caída del comunismo y extendieron sus arcaicas leyes a estas áreas urbanas. El Primer Ministro albanés, Sali Berisha, ha dicho que el imperio de la ley triunfará sobre el Kanun pero lo cierto es que, de momento, hay muchos afectados y el estado, como afirma el hermano Përlala, está ausente del problema. El fraile franciscano asegura que es más frecuente en el norte albanés pero que también existe en el sur y hasta Tirana pero con menos intensidad.
No es un problema exclusivo de Albania, en el recién nacido estado kosovar (provincia serbia para España) hasta la policía reconoce que existe una doble ley: la oficial y la del Kanum. Según el teniente Latifi, de la central de policía de Podujevo, en la frontera con Serbia, a menudo la ley extraoficial del clan es más poderosa que la que las autoridades representan.
Mientras Dorina sigue abrazándose con fuerza a los periodistas. Pocos extraños ha visto en su vida más allá del médico o el profesor que les visitan de vez en cuando. No piensa en casarse, ni en estudiar, ni en trabajar…”me bastaría con dar un paseo” musita antes de que nos marchemos con nuestra libertad un poco quebrada.
Tráfico de órganos en tiempos de guerra
Les secuestraban en la entonces provincia serbia de Kosovo, como botín de guerra, en pleno conflicto. Corría el verano del año 99 y los serbios eran mercancía valiosa para los soldados del Ejército de Liberación de Kosovo (UÇK). Habían empezado los bombardeos de la OTAN y los guerrilleros kosovares se sentían ya vencedores. Escogían a los varones más jóvenes y en mejor estado de salud y los secuestraban, entonces los deportaban en camiones hasta un remoto pueblo de las montañas de Albania. Allí se utilizaba una casa amarilla, hoy pintada de blanco, como quirófano clandestino y se les extraían los órganos para venderlos.
La revelación de la ex-fiscal del Tribunal Penal Internacional de La Haya, Carla del Ponte, en su libro “La Caza”, lleva al equipo de reporteros de Informativos Telecinco hasta el pequeño pueblo albanés de Gurre. Allí localizamos la casa de piedra, que Carla del Ponte señala como la “casa de los horrores” donde, supuestamente, se llevó a trescientos serbios para extirparles los órganos.
La miembros de la familia Katuci viven allí desde que tienen memoria. Consideran que se ha ultrajado su honor “Aquí no se ha asesinado a nadie y nosotros nunca hemos dejado nuestras propiedades por mucho tiempo”. Sí reconocen que un grupo de “extranjeros” desembarcó en su casa hace cinco años durante dos días. El padre, Abdula explica que iban acompañados del procurador local y que eran de la ONU. Eran los investigadores, que analizaron cada esquina de estas habitaciones y tomaron muestras de sangre, que se encontraron en el suelo de la cocina y de uno de los cuartos. También hallaron material quirúrgico para operar. La familia justifica esos hallazgos diciendo que en esas habitaciones la madre había dado a luz y que por eso había restos de sangre. Añaden que antes usaban como cocina una de las habitaciones por lo que era habitual que se matasen animales y por tanto era natural que el suelo estuviera tapizado con restos de sangre. Nosotros lo encontramos limpio y nos dicen que lo cambiaron después de la visita de los funcionarios de Naciones Unidas para evitar más problemas. En cuanto al material quirúrgico, los relajantes musculares, o la nevera que la ex fiscal del Tribunal Penal Internacional relata haber encontrado en la casa, la familia argumenta que se trataba de medicinas y útiles que empleaban para cuidar a la abuela.
Serbios, las otras víctimas
Para Micorad la revelación de Del Ponte es una esperanza gigantesca. Es el presidente de la asociación de desaparecidos serbios de Mitrovica. Él relata su drama y el de miles de familias serbias en todo Kosovo que sufrieron los abusos durante y después de la guerra del 99. El hermano de Micorad era minero y desapareció junto a un grupo de compañeros. Micorad está convencido que la revelación de Carla del Ponte puede arrojar mucha luz sobre la suerte que corrieron algunos de los mil quinientos serbios desaparecidos.
Carla del Ponte apunta directamente a los oficiales del UÇK y hasta al mismísimo actual primer ministro, Hashim Taçi, al que acusa de estar al corriente de lo que sucedía con aquellos prisioneros. Pero lo cierto es que, pese a las presuntas pruebas, Del Ponte, que dejó su puesto de fiscal en diciembre pasado, no emprendió acciones legales contra los responsables de esos asesinatos. Según ella porque no se hallaron pruebas concluyentes con las que incriminar a los guerrilleros kosovares. La denuncia queda en un libro y la esperanza de las víctimas en papel mojado.