¿Qué incompatibilidades tiene un administrador de loterías en 2025?

Gestionar una administración de loterías en España no solo implica vender décimos del Gordo o boletos de Euromillones. Detrás del mostrador hay una figura jurídica altamente regulada, con deberes específicos y una serie de incompatibilidades que no siempre se conocen. Desde conflictos de intereses hasta antecedentes penales, la normativa que rige el juego público establece quién puede dirigir una administración.

El marco legal es algo más confuso de lo que podría parecer en un primer momento, ya que la ley regula los establecimientos de juego presenciales y los juegos en sí mismo. Sin embargo, la normativa que regula quién puede y quién no puede ser administrador depende directamente de SELAE, que en los contratos de concesión de las administraciones indica una serie de supuestos que impiden acceder a la condición de operador o administrador, así como las causas que pueden motivar la pérdida de dicha autorización. Más allá del titular formal del punto de venta, también se tienen en cuenta las relaciones familiares, mercantiles y judiciales de las personas implicadas.

Transparencia, control y conflictos de interés

Una de las primeras incompatibilidades afecta a quienes han perdido en el pasado la condición de administrador por causa imputable a su actuación. No pueden volver a gestionar un punto de venta, aunque hayan satisfecho sanciones o cumplido condena. Es una exclusión preventiva que busca proteger la integridad del sistema público de juego, según ha reiterado en varias resoluciones la propia SELAE, entidad gestora de la red comercial.

También quedan automáticamente vetadas las personas que tengan intereses directos o indirectos en otras administraciones de loterías, ya sean integrales o mixtas. Este punto, menos conocido, está diseñado para evitar acumulaciones encubiertas, redes paralelas o acuerdos entre titulares que vulneren el principio de competencia leal en la distribución del juego estatal.

Inhabilitaciones legales y vínculos personales

La normativa que impone SELAE es tajante con respecto a los antecedentes penales relacionados con delitos económicos, contra la Hacienda Pública o el orden socioeconómico. Cualquier condena firme por estos motivos supone una causa directa de incompatibilidad, aunque esté ya cumplida, siempre que afecte a la fiabilidad o solvencia del solicitante. Se considera que quien ha defraudado al Estado no puede gestionar un negocio cuya base es la confianza pública en un sistema transparente de premios y recaudación.

Especial atención merece también la situación de las personas inscritas en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego. Este fichero público recoge tanto a personas autoexcluidas por adicción al juego como a aquellas a quienes un juez ha vetado expresamente el acceso por razones legales o médicas. En un primer momento se podría pensar que estas personas no pueden estar al frente de un punto de venta, pues se asume que su relación con el juego está comprometida por causas personales que impedirían un ejercicio profesional objetivo. Sin embargo no es así, y las restricciones solo limitan la capacidad de esas personas para jugar, no para regentar una administración de lotería.

Relaciones que también inhabilitan

En 2025, las incompatibilidades no se limitan solo al perfil del titular. La normativa no contempla la prohibición de jugar ni siquiera a los propios administradores, ni tampoco a los familiares. Sin embargo, sí que hay restricción de jugar a los familiares de primer grado, cónyuges, empleados directos o socios de quienes ya ocupan cargos dentro del sistema regulador del juego, como la Dirección General de Ordenación del Juego, SELAE o cualquier otro órgano con funciones de control. El objetivo: impedir filtraciones de información, favoritismos o beneficios derivados del acceso privilegiado a datos sensibles.

Esta restricción alcanza también a personas con participación accionarial significativa en operadores de juego, empresas de apuestas o plataformas de lotería online, así como a profesionales implicados en competiciones deportivas vinculadas con apuestas. No pueden, por tanto, gestionar puntos de venta quienes sean árbitros, jugadores, entrenadores o directivos de clubes si las competiciones en las que participan están sujetas a pronóstico público.