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El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha informado este miércoles que se ha puesto en contacto con el Ministerio del Interior para pedir un refuerzo de la seguridad en el entorno de la vivienda de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso. La petición coincide con las primeras manifestaciones ante la sede del Partido Popular en la calle Génova de Madrid en la que cientos de personas han exigido la dimisión de la presidenta madrileña.
La protesta se produce cuando se cumplen ocho días de la publicación de las primeras informaciones sobre la denuncia de la Fiscalía contra la pareja de Ayuso, Alberto González Amador, acusado de sendos delitos de defraudación tributaria y falsedad documental que el propio denunciado reconoció cuando propuso un pacto de conformidad a la Fiscalía.
A las informaciones sobre los supuestas actividades irregulares de González se ha sumado, en los últimos días, la polémica por las amenazas e insinuaciones contra periodistas vertidas por el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez.
"Asesina", "Ayuso a prisión", "Ayuso dimisión" o "Fuera, corrupta, de la Asamblea" han sido algunas consignas contra la presidenta madrileña que han coreado los manifestantes -unos dos mil, según los convocantes-, que han exhibido banderas de la Comunidad de Madrid y republicanas.
`La manifestación, que transcurre sin incidentes de consideración (aunque ha obligado a cortar en un sentido la calle Génova y otras dos vías perpendiculares), ha sido convocada por La Plaza, una asociación universitaria ligada al entorno de Más Madrid y que fue fundada en septiembre de 2023.
Su portavoz, Rodrigo Alonso, ha declarado a los medios que, "cuando todos los nombres" de una polémica "apuntan a la misma persona", esta "tiene que asumir su responsabilidad y marcharse".
"Vamos a mantener la presión en la calle lo que haga falta", ha avisado el portavoz de los convocantes, quien ha censurado que, mientras algunos madrileños viven "en zulos", otros vivan "de las comisiones abusivas" y se dediquen al "matoneo político".
Petición de protección a Isabel Díaz Ayuso
El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García, ha sido el encargado de confirmar la petición justificándola en que "está habiendo personas que se están acercando y que están tratando de hablar con el entorno, con los vecinos".
El también portavoz del Ejecutivo regional ha defendido que hay que tratar de "respetar los entornos privados, no solo de la presidenta de la Comunidad, sino de cualquier persona pública". "En esto, sinceramente creo que se están traspasando determinadas líneas rojas", ha alertado a continuación.
En este sentido, ha incidido en que "la presidenta tiene derecho de poder disfrutar de su vida privada sin ser acosada en su domicilio particular" y ha remarcado que la familia de la presidenta tiene "derecho al anonimato" porque no ostentan "ningún cargo público".
"Lo que creo es que tenemos que ser muy cuidadosos y tenemos que ser muy respetuosos con el entorno privado de cualquier político, de cualquier persona, y también, por qué no, de la presidenta de la Comunidad y que, como digo, tiene derecho a preservar su vida privada, su propia intimidad y su propia vida privada", ha zanjado.
Horas después de esta comparecencia, el director general de la Agencia de Seguridad y Emergencias de la Comunidad de Madrid (ASEM112), Pedro Antonio Ruiz Escobar, ha enviado esta tarde una carta al director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo Piqueras, solicitándole mejorar la seguridad en el entorno de la vivienda de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.
En la misiva, a la que ha tenido acceso Europa Press, Ruiz Escobar le pide, a raíz de los "acontecimientos acaecidos" en el entorno donde reside Ayuso, que agilice la cobertura de los puestos vacantes que refuercen dicha seguridad, como ya reclamó el consejero de Medio Ambiente, Carlos Novillo, al responsable de la Unidad Adscrita de la Policía Nacional en Madrid en la reunión mantenida el 20 de diciembre de 2023, con motivo de la celebración de la Comisión de seguimiento del convenio entre el Ministerio del Interior y la Comunidad.
Y también el posterior escrito enviado por este motivo, "con el objeto de cubrir el refuerzo requerido, sin comprometer el resto de los servicios que se prestan en el marco de dicho convenio".
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