En el arranque del juicio contra los empresarios Alberto Luceño y Luis Medina por presuntas comisiones fraudulentas durante la compraventa de material sanitario en la pandemia en Madrid, las defensas de ambos han aportado una nueva prueba consistente en audios para demostrar que el Ayuntamiento de Madrid no se sintió "en absoluto estafado" en la operación, cuyo sobreprecio les ha llevado al banquillo de los acusados por delitos de estafa y falsedad.

Ambos están acusados de casi doblar el precio de lo que vendieron al Ayuntamiento en los días más duros del coronavirus, en marzo de 2020, embolsándose una comisión de 6 millones de euros. Alberto Luceño se enfrenta a una petición de la Fiscalía de 15 años de cárcel por presuntos delitos de estafa agravada, falsedad documental y otro agravado contra Hacienda, mientras que Luis Medina afrontará una solicitud de 9 años de prisión por los dos primeros delitos.

El juicio, para el que se han programado siete sesiones a lo largo de tres semanas, ha arrancado en la sección séptima de la Audiencia Provincial de Madrid, presidida por la magistrada Ángela Acevedo.

A su llegada, los empresarios han cruzado tranquilos el paseíllo en el que les esperaban los medios sin hacer declaraciones. Ya en el interior de la sede judicial, han estado conversando a modo distendido entre ellos y entre sus abogados, mostrando que mantienen una buena relación.

A este respecto, la sorpresa en esta primera sesión ha sido la entrega ayer por parte del abogado de Luis Medina de esos nuevos audios con una exalto cargo del Ayuntamiento de Madrid que demostrarían que al menos no hubo engaño en la venta de las mascarillas.

Los nuevos audios aportados por la defensa de Luis Medina

En las cuestiones previas, el abogado de Luis Medina, José Antonio Choclán, ha detallado que se ha aportado escrito en el que se transcriben audios de conversaciones que datan de marzo de 2020 entre su cliente y Elena Collado, excoordinadora de Presupuestos y Recursos Humanos del Ayuntamiento de Madrid.

Collado fue la funcionaria que intervino en la operación de compraventa del material, que se materializó en tres contratos de emergencias licitados por la empresa municipal Funeraria.

En concreto, uno de los audios muestra cómo Medina indica a la entonces alto cargo municipal cuál es el precio de fábrica de las mascarillas y guantes ofrecidos, que era dos euros.

"Mira, esta mascarilla que te he enviado es la más segura. La gente las está vendiendo a 6 dólares, pero en fábrica nos cuestan 2 dólares. Yo os podría hacer una donación a vosotros de 100.000", recoge uno de los audios, a los que ha tenido acceso Europa Press.

Según fuentes jurídicas, hace unos días Luis Medina cambió de móvil y se percató de esos audios cuando procedía a borrar el contenido del anterior teléfono, por lo que su defensa hizo entrega de la carpeta ayer mismo a la sección.

Sobre esta cuestión, el fiscal se ha opuesto a la prueba al considerar que no hay garantías de su autenticidad y ha dicho que le parece "raro" que no se haya aportado hasta ayer por la tarde. Así, si se admite, solicita que Collado traiga copia de los mensajes para que se puedan cotejar.

La defensa de Alberto Luceño pide compartir los audios con la Alcaldía de Madrid

Por su parte, en su turno, el letrado de Alberto Luceño ha solicitado a la Sala incorporar como prueba documental los audios y 'whatsapp' aportados la semana pasada que muestran las felicitaciones de la Alcaldía hacia su cliente y su socio en la operación, lo que a su juicio muestra que "el Ayuntamiento no se sentía en absoluto estafado".

De igual modo, ha pedido que se una a la prueba documental facturas que demuestran su relación con el comercio internacional para demostrar su experiencia en este tipo de operaciones.

Además, en la misma línea, la defensa de Luceño ha solicitado a la Sala que el empresario malayo San Chin Choon, el proveedor del material sanitario, declare en una sala habilitada en la Embajada de España en Malasia y se autentifique que se trata de esa persona, criticando que desde el Juzgado nunca se ha intentado que declare ese testigo.

Durante la instrucción, el empresario trasladó al juez su imposibilidad desplazarse a España por motivos labores. El fiscal ha defendido al respecto que se hizo todo lo posible para que compareciera por el caso en España.

Por otra parte, el letrado de Luceño ha impugnado por nulo e "ilegal" el auto por el que el juez Adolfo Carretero autorizó la entrada y registro de la vivienda de su patrocinado, en septiembre de 2022. La diligencia se enmarcaba en una pieza separada abierta para intervenir las comunicaciones del empresario.

"Se lo llevaron todo. Se hizo un 'totum revolutum'. Nosotros consideramos que es nulo al ser prospectivo", ha subrayado el letrado, quien cree que se lesionaron varios derechos fundamentales de su cliente.

"La causa ha sido una causa general y desproporcionada. Esta causa debería ser declarada nula de toda nulidad", ha espetado.

También ha recalcado a la Sala que hay partes personadas en el procedimiento que están actuando con mala fe y que deberían ser expulsadas del procedimiento en relación a un informe del Tribunal de Cuentas. "No entiendo como la Fiscalía y el Ayuntamiento de Madrid dicen que no hay lesión para el erario público y aquí dicen que sí", ha reprochado.

El fiscal solicita la reproducción íntegra de los mensajes aportados a la Sala

Por su parte, el fiscal ha presentado un informe sobre el volcado de los mensajes aportados el pasado lunes a la Sala en relación a las mencionadas conversaciones al detectarse que se han podido omitir trozos en relación al pago de comisiones. Por ello, ha solicitado la reproducción íntegra de todos los mensajes cuando se interrogue a los encausados.

El PSOE pide la declaración de José Luis Martínez-Almeida

Por otro lado, el abogado que representa al PSOE ha solicitado que declaren como testigos el alcalde madrileño, José Luis Martínez-Almeida y la delegada de Economía, Innovación y Hacienda, Engracia Hidalgo, para que detallen el alcance de la supuesta estafa de la que fue objeto el Ayuntamiento de Madrid en aquella época y en las que hubo cartas de recomendación a las autoridades malayas por parte del Consistorio y otra de agradecimiento a los procesados por la donación de más de 238.000 mascarillas a la ciudad de Madrid.

Al igual que la representación legal del Ayuntamiento de Madrid, el fiscal se ha mostrado contrario a que Almeida testifique porque se ha probado que no participó en las negociaciones y al considerar que en la carta en las que les avalaba no engañó a nadie, por lo que ha tachado la solicitud de "impertinente" al igual que la petición de comparecencia de Hidalgo.

Anticorrupción apunta que Alberto Luceño y Luis Medina se llevaron mordidas millonarias

Según la Fiscalía Anticorrupción, Luceño se quedó con cinco millones con los que adquirió una casa, coches de alta gama y relojes de lujo), mientras que Medina obtuvo un millón, con el que adquirió un yate.

El juez Adolfo Carretero acusó tras la instrucción a Luceño de un delito continuado de estafa agravada, delito continuado de falsedad en documento mercantil cometido por particular y delito continuado de falsedad en documento oficial cometido por particular.

Respecto a Medina, se abría juicio oral por un delito continuado de estafa agravada y por un delito continuado de falsedad en documento mercantil cometido por particular.

En el caso de Luceño, el fiscal reclama una multa que asciende a los cinco millones, mientras que su socio deberá pagar si es condenado una multa de 450.000 euros. Además, se solicita que ambos indemnicen con casi 8 millones de euros a la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y de Cementerios de Madrid.

Alberto Luceño y Luis Medina declararán al final del juicio

Los dos acusados solicitaron declarar al final y está previsto que lo hagan el día 25. En los primeros compases del además de dirimir las cuestiones previas, se han centrado dos testimonios para conocer cómo contactó Luis Medina, hijo del duque de Feria y de Naty Abascal, con el Ayuntamiento para ofrecer el material sanitario: primero una exprofesora de Medina amiga del primo del alcalde de Madrid y luego la mano derecha del regidor.

Así, la primera testigo es María Díaz de la Cebosa, exprofesora de Luis Medina en la universidad americana CIS y a la que éste llamó en marzo de 2020 para pedirle un contacto del Ayuntamiento o de la Comunidad de Madrid para poder tener acceso a la persona que gestionara los contratos de emergencia en ese inicio de la pandemia.

De ese modo lo explicó Cebosa cuando declaró también como testigo ante el juez de instrucción, añadiendo que ella le dio el teléfono del primo del alcalde, Carlos Martínez-Almeida, tras consultar a éste si podía hacerlo, y sin especificarle que se trataba de Luis Medina, según informaron en su día fuentes jurídicas.

Carlos Martínez-Almeida (quien testificará otro día) llamó a una amiga suya, la coordinadora general del Ayuntamiento y considerada mano derecha del alcalde, Matilde García, para preguntarle cómo podía Medina contactar con el consistorio.

Por su parte, la segunda testigo citado ha sido precisamente esta última, --Matilde García--, quien declaró ante el magistrado que su papel se limitó a ofrecer un correo genérico del consistorio, sin que en ningún momento informara al alcalde José Luís Martínez-Almeida sobre esta gestión.

Concretamente, la coordinadora general del consistorio dijo al juez que ella dio al primo del alcalde "una dirección de correo genérica y pública del Ayuntamiento de Madrid (cgalcaldia@madrid.es)", y que Medina escribió a ese correo, que luego fue derivado al de Elena Collado, responsable de compras en aquel momento y quien finalmente cerró los contratos.

En ese sentido, García negó tajantemente haber dado ninguna orden o indicación en relación con los contratos investigados, aunque sí reconoció que llamó a Luis Medina para saber si había más material que pudiera servir, y si se pactaba alguna donación.

Poco después recibió un correo de la coordinadora general de Presupuestos y Recursos Humanos, Elena Collado, en el que ésta ratificaba que los empresarios Luceño y Medina renunciaban a las comisiones y que "había que darles una medalla", ha relatado la letrada de la citada acusación popular.

Luis Medina, Alberto Luceño y la compraventa de material sanitario

En marzo de 2020, cuando la pandemia acababa con la vida de miles de personas en nuestro país, los empresarios Alberto Luceño y Luis Medina decidieron intermediar con una empresa para vender material sanitario al Ayuntamiento de Madrid.

El acuerdo al que llegaron con el consistorio contemplaba la compra de mascarillas, guantes, y test rápidos, pero presuntamente escondieron que un alto porcentaje del precio final ofertado correspondía a elevadísimas comisiones, que ambos posteriormente se embolsaron.

“¿Le habla usted de comisiones o le calla el tema de las comisiones? ¿Por qué se lo oculta?”, le preguntaron durante una vista.

“No, yo no tengo que ocultar, es una retribución que yo con el suministrador. No, no lo oculté, no se lo dije, es normal”, explicaba Luceño.

En su momento, se expresó con un “pa la saca” en un correo electrónico refiriéndose a lo que iban a embolsarse y al entrarse de que habían recibido parte de la comisión.

“’Pa la saca’, dice usted, y le contesta Medina: ‘¡Bien!’, ¿eso es así?”, le preguntaron en aquella vista, a lo que respondió reconociéndolo afirmativamente. “Eso es correcto, eso es así”, dijo.

Medina aseguraba en un audio que José Luis Martínez-Almeida le llamó tras firmar los contratos

A esas declaraciones se suma ahora un audio de Medina a Luceño donde asegura que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, le llamó al poco de firmar los contratos.

“Alberto, ¿qué tal? Acabo de recibir una llamada del alcalde, un poco para agradecernos… Me ha preguntado por ti. La verdad es que ha tenido unas palabras muy cariñosas, nos da las gracias a los dos; está muy agradecido, muy muy agradecido”, ha señalado.

A ese respecto, José Luis Martínez Almeida, en su momento, reconoció que había hablado con Medina para agradecerle una donación de 180.000 mascarillas, y asegura que el único perjudicado fue el Ayuntamiento.

“Se eligió a esta empresa sencillamente porque garantizaba material de calidad y porque garantizaba que estaba en Madrid en 20 días”.

Los empresarios, hoy, se sientan en el banquillo acusados de estafar al Ayuntamiento de Madrid. La Fiscalía, además de 15 años de cárcel para Luceño, pide una multa de 5 millones de euros. Para Medina, además de los 9 años de prisión, 450 mil euros.

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