La tasa turística llega a Sevilla: el impuesto destinado a todos los viajeros que lleguen a la ciudad

El Ayuntamiento de Sevilla da el primer paso para implantar la tasa turística. Un impuesto de un euro a los turistas que pernocten en los hoteles de la ciudad y, también, a los cruceros o las excursiones que lleguen a la ciudad. El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla, celebrado el pasado jueves en sesión ordinaria, ha aprobado la propuesta presentada por el grupo municipal socialista para instar a ambos gobiernos --estatal y autonómico-- a que establezcan un marco legislativo que permita la aplicación de modelos de fiscalidad turística, y lo ha hecho con el voto favorable de todas las formaciones políticas salvo Vox, que ha rechazado la moción, y Ciudadanos (Cs) que se ha inclinado por la abstención.

El presidente de la patronal hotelera de Sevilla, Manuel Cornax, ha expresado este martes su rechazo "a priori" a la tasa turística que defiende el equipo de gobierno del Ayuntamiento. En su opinión, la ciudad podría disponer de "fondos extras" con los que afrontar desde mejoras en el patrimonio y en los barrios, hasta inversiones en promoción en los destinos de larga distancia, así como para "amortiguar las externalidades negativas que produce" un flujo importante de turistas en zonas del Casco Antiguo, como el barrio Santa Cruz.

Desde el sector muestran de momento su total desacuerdo con la citada tasa "hasta que no se razone para qué se va a aplicar". En relación con esta medida, "hay que explicar qué se pretende gravar y a qué se va a dedicar", ha afirmado Cornax en declaraciones a Europa Press.

La patronal hotelera también ha mostrado su disconformidad con la "mal llamada tasa turística" porque "solo la aplicarían, soportarían y liquidarían los alojamientos. No hay otros sectores en el ámbito del turismo que se vean obligados a recaudarla", ha añadido Cornax. Además, "no entendemos por qué se engloba a todo el mundo que pernocte en la ciudad puesto que hay quien viene por motivos laborales o sanitarios"; ello, "sin olvidar que una vez que se instaurase la tasa, iría en aumento con el paso del tiempo: se empieza por un euro y se podría terminar en cinco".

El alcalde de Sevilla, el socialista Antonio Muñoz, ha señalado en su intervención que la fiscalidad turística es una "mancha de aceite" que "tarde o temprano llegará a todos los municipios". No obstante, cuando eso suceda, ha añadido, "que la aplique aquel Ayuntamiento que lo estime oportuno".

Muñoz ha insistido de nuevo en el compromiso con el sector de "liderar este debate desde Sevilla" e impulsar un proceso de participación y consenso en el que prevalezca la "máxima transparencia" en cuanto al destino de los recursos obtenidos con esa futura tasa. "Creemos que es el momento oportuno y por eso estamos tirando del carro", ha afirmado el regidor, al tiempo que ha señalado que hay ayuntamientos que "ofrecen la recaudación obtenida en una página web y que de forma colegiada con agentes sociales y vecinos deciden qué hacer con esos fondos cada año".

El debate sobre la tasa turística se produce un día después de la reunión que el alcalde ha mantenido con los principales agentes del sector turístico acerca de la implantación de un modelo de fiscalidad que sea voluntario para las ciudades y que se pueda desarrollar en la capital andaluza. Un encuentro que ha servido para "respaldar de forma unánime" la aplicación de dicha tasa.

Muñoz ha reiterado que se encargará un estudio técnico comparativo de otras ciudades y se generarán grupos de trabajo en relación con el destino de los recursos que se obtengan, "que se difundirán con la máxima transparencia". El objetivo principal será mejorar la "competitividad y la sostenibilidad" del destino turístico con gastos en promoción de la ciudad, inversiones en patrimonio, proyectos de mejora de los barrios más turísticos o mejora de los servicios públicos que se vean afectados por el turismo.

El alcalde ha dejado claro que no se está debatiendo la implantación de una determinada tasa sino que se trata de "enviar un mensaje claro" al Gobierno de España y a la Junta de Andalucía para que "habilite la normativa que permita su aplicación", que, en cualquier caso, "no sería inmediata, ya que la ciudad tendría un margen de reflexión y preparación de todo el sector".