Esta próxima medianoche comienza la huelga de los transportistas convocada por la Plataforma en Defensa del Transporte. La asociación, a pesar de ser minoritaria, paralizó las carreteras durante 20 días el pasado marzo. Ahora pretenden lograr un seguimiento parecido a las puertas del Black Friday y de la Navidad.
La Plataforma en Defensa del Transporte, la agrupación de autónomos y pequeñas empresas de transportistas de ámbito nacional que convocó el paro del pasado mes de marzo, anunció un nuevo paro tras analizar la situación actual del sector y las medidas aprobadas por el Gobierno en consenso con las organizaciones mayoritarias de transportistas, que componen el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC).
Entre estas medidas, destaca la nueva ley para evitar que los transportistas trabajen a pérdidas o un nuevo paquete de 450 millones de ayudas directas, que se suman a las ya aprobadas en 2021 y en abril de 2022 como el descuento de 20 céntimos, la prohibición de que los conductores hagan la carga y descarga; la limitación a una hora de los tiempos de espera en las zonas de carga y descarga, el refuerzo de la inspección de transporte o las ayudas al abandono de la profesión.
Sin embargo, la Plataforma ha seguido denunciando el "incumplimiento" por parte de los cargadores (los clientes de los transportistas) de la ley que prohíbe trabajar a pérdidas en el sector, y señala al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana de desautorizar a la Guardia Civil a controlar y denunciar este incumplimiento.
Por ello, los delegados decidieron reanudar los paros, una decisión que se votó y que fue refrendada por los miembros de la Plataforma. "La Administración debe reaccionar rápido y afrontar lo que está por venir", señaló Hernández en rueda de prensa, quien puso el acento en que los autónomos que integran el sector no tienen capacidad en estos momentos para afrontar el incremento de costes, que son un 30% superiores.
Estamos pagando un 40% menos de salario a nuestros conductores, haciendo seguros que cubran lo mínimo imprescindible por no poder costear los importes que nos exigen", ha denunciado.
Para Hernández, los "pequeños desajustes" en el cumplimiento de las medidas acordadas con el Gobierno "son muertes laborales", y a este respecto ha cifrado entre 200 y 250 la cifra de empresas que se ven obligadas a cerrar cada mes.