Juana Rivas confía en que el juicio contra Francesco Arcuri en Italia evidencie que es un caso de violencia vicaria

Juana Rivas, el pasado mes de julio. Informativos Telecinco
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El equipo jurídico de Juana Rivas confía en que el juicio que se inicia este jueves en Italia contra su expareja, Francesco Arcuri, por presunto maltrato físico y psicológico hacia sus dos hijos sirva para que prevalezca, dicen, la realidad de este asunto: un "gravísimo" caso de violencia vicaria.

En un comunicado, el despacho jurídico de Carlos Aránguez, abogado de Rivas, señala que el juicio que se inicia mañana en el tribunal penal de Cagliari evidencia la "gravísima anomalía jurídica y social" que se da en el hecho de que el presunto maltratador, que ejerce la custodia del menor, tenga el control de éste -el niño volvió a Italia con su padre el pasado julio por orden judicial tras permanecer en España con su madre desde las vacaciones de Navidad-.

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"Pese a la terrible situación que desde hace años llevan sufriendo la señora Rivas y sus hijos, confiamos en que, por fin, prevalezca la problemática central del denominado 'caso Juana Rivas', que no es ni mucho menos un conflicto sobre custodia ni una 'madre manipuladora' que pretende arrebatarle sus hijos a un 'buen padre', sino un gravísimo caso de violencia de género en su manifestación cruel de violencia vicaria", señalan.

La defensa de Juana Rivas lamenta que Francesco Arcuri haya podido seguir cumpliendo su amenaza

El equipo jurídico lamenta que, mientras tanto, Francesco Arcuri, "con un importante apoyo de parte del sistema judicial granadino", haya podido seguir cumpliendo con la amenaza que, sostienen, le hizo a Juana Rivas "cuanto ésta tomó la decisión irreversible de dejarle: 'te quitaré a los niños y te haré la vida imposible'". En esa supuesta amenaza enmarcan los abogados de Rivas la denuncia por sustracción de menores interpuesta en marzo en España por Arcuri, que derivó en que la Audiencia de Granada ordenara que se la investigara, motivo por el que tendrá que prestar declaración el próximo 30 de octubre en un procedimiento que, confían, acabe haciendo justicia.

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El pronunciamiento de la Audiencia, recuerdan, se produjo el pasado 24 de julio, un día antes de que Rivas entregara a Arcuri, por orden judicial, a su hijo Daniel, de 11 años, que permanecía con ella desde las pasadas Navidades. Una medida cautelar adoptada por el Juzgado de Instrucción 4 de Granada permitió al niño continuar con su madre transcurridas las fiestas.

Entienden los abogados que este procedimiento contiene resoluciones judiciales "de vital importancia" para la resolución definitiva del proceso de ejecución de sentencia de custodia por el que "se obligó a Daniel, sin ser escuchado (tal y como exige la normativa y la reciente sentencia del TEDH), a volver a Italia con su presunto maltratador en contra de su voluntad, claramente expresada en múltiples documentos y ante el Juzgado de Instrucción 4 de Granada", el mismo que, tras escucharlo, adoptó el pasado enero la medida cautelar de que permaneciera en España.

Los abogados lamentan que no tuvieran conocimiento de este auto hasta después de la entrega de Daniel, cuando habría sido "fundamental" tenerlo presente en el proceso civil de ejecución de la sentencia sobre la custodia italiana. "La jurisdicción civil responsable del proceso en Granada, en un seguidismo a ciegas de la Corte Civil de Apelación de Cagliari, y siguiendo el mismo desatino de ésta, ha obviado algo fundamental en un Estado de Derecho y que la jueza del Juzgado de Instrucción 4 de Granada recuerda: la jurisdicción penal es siempre preferente a la civil", agregan.

Según los abogados, ese auto desvirtúa "el argumento central y único en el que se basa Francesco Arcuri y su séquito desde el inicio mismo de toda ésta trágica andadura judicial en Italia y en España: el mal llamado 'Síndrome de Alienación Parental'. Por último, confían en que el juicio que se inicia este jueves permita corregir la "ilegal desconexión entre la jurisdicción civil y penal en Cagliari, con vulneración de principios básicos como el de prejudicialidad penal".