El Gobierno aprueba su pacto para la regularización de migrantes irregulares: la medida beneficiaría a entre 500.000 y 840.000 personas
Según lo anunciado, podrán acogerse a esta regularización los inmigrantes que acrediten una permanencia mínima de cinco meses en España
Esta es la octava regularización extraordinaria que se lleva a cabo en España
El Gobierno ha aprobado, mediante real decreto y tras un acuerdo entre PSOE y Podemos, la regularización extraordinaria de migrantes que se encuentran en España, una medida que podría beneficiar a entre 500.000 y 840.000 personas. La medida se dirige a solicitantes de protección internacional que hubieran presentado su solicitud antes del 31 de diciembre de 2025 y a personas que llevaran un mínimo de cinco meses en España antes del 31 de diciembre de 2025.
Lla portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha explicado en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros los requisitos para la regularización y ha destacado que el Gobierno lleva "toda la legislatura trabajando para encontrar terrenos comunes que mejoren la vida de la gente".
Asimismo, Saiz ha reivindicado la regularización como una medida de orden y responsabilidad frente al que mira "hacia otro lado". "Cuando la realidad social va por delante de la burocracia, el Estado responsable es el que actúa para ordenarla, no el que mira hacia otro lado", ha asegurado.
De la misma manera, ha apuntado que se trata de la primera medida y "una de las más relevantes" del Plan de Integración y Convivencia Intercultural, que ha avanzado que "verá la luz próximamente". "Hoy es un día histórico para nuestro país. Estamos reforzando un modelo migratorio basado en derechos humanos, en integración, en convivencia y compatible con el crecimiento económico y con la cohesión social", ha apuntado.
En cuanto a los requisitos, la medida se dirige a solicitantes de protección internacional que hubieran presentado su solicitud antes del 31 de diciembre de 2025 y a personas que llevaran un mínimo de cinco meses en España antes del 31 de diciembre de 2025.
Otro de los requisitos, según ha informado Saiz es no contar con antecedentes penales ni suponer una amenaza para el orden público, conforme al Estado de Derecho. Igualmente, la permanencia en España podrá acreditarse con cualquier documento público, privado o una combinación de ambos.
En cuanto a la autorización, será de residencia con permiso de trabajo, válida en todo el territorio nacional y para cualquier sector. La autorización inicial tendrá una vigencia de un año y permitirá la incorporación posterior a las figuras ordinarias del Reglamento de Extranjería.
Elma Saiz: "La integración no es individual, es familiar"
Saiz ha defendido que "la integración no es individual, es familiar". Por ello, ha añadido que el proceso permite regularizar simultáneamente a los hijos menores de los solicitantes que estén en España. En este caso, han añadido que su vigencia será de cinco años.
También permitirá a los extranjeros en situación irregular solicitar la regularización entre principios de abril y el 30 de junio de este año. El plazo de tramitación será de máximo tres meses, pero con la mera admisión a trámite de las solicitudes las personas podrán empezar a trabajar desde el primer día.
Octava regularización extraordinaria que se lleve a cabo en España
El Gobierno defiende la medida como una apuesta por su política migratoria frente a lo que ocurre en otros países. La ministra Elma Saiz ha asegurado que España quiere ser “semilla y germen frente al avance ultraderechista”. El anuncio ha tenido como protagonista a Podemos, formación que se atribuye el impulso decisivo de la iniciativa. Su secretaria general, Ione Belarra, ha afirmado que el PSOE “no da nunca nada a cambio de nada”, aunque ha evitado concretar los términos de la negociación, asegurando que ha sido “muy discreta”.
Desde la oposición rechazan tanto el fondo como la forma de la regularización. Consideran que no tiene sentido vincular el acceso a los papeles únicamente a la permanencia en el país y no al empleo, y advierten de un posible efecto llamada. Vox ha ido más allá y ha anunciado que intentará frenar el decreto en el Tribunal Supremo. Además, acusan al presidente del Gobierno de utilizar el anuncio como una cortina de humo para desviar la atención de los accidentes ferroviarios.
Esta es la octava regularización extraordinaria que se lleva a cabo en España. La más reciente se aprobó en febrero del año pasado para 25.000 extranjeros afectados por la dana en Valencia. Desde 1986, distintos gobiernos han impulsado procesos similares, con cifras que van desde los algo más de 38.000 regularizados en la primera gran regularización colectiva hasta más de 239.000 en el proceso de arraigo de 2001.