Piden que se devuelva a un paciente los 531,71 euros que tuvo que pagar para incinerar su pierna recién amputada en el País Vasco
El caso pone en cuestión quién debe asumir los costes derivados de la gestión de restos humanos tras una amputación en la sanidad pública vasca
El cuidador acusado de asesinar a un anciano sacó 100.000 euros de sus cuentas
La recomendación del Ararteko, Defensor del Pueblo en el País Vasco, ha abierto la puerta a que un paciente del Hospital Donostia recupere más de 530 euros que tuvo que pagar tras la amputación de su pierna durante una intervención médica en la sanidad pública vasca.
Según ha informado 'El Diario Vasco', el afectado, un hombre jubilado con ingresos reducidos, asumió de su propio bolsillo los costes derivados del traslado y la incineración de la extremidad amputada, después de que desde el centro sanitario se le indicara que debía gestionar el proceso a través de una funeraria privada.
La factura ascendió a 531,71 euros, una cantidad que posteriormente solicitó recuperar sin éxito
La negativa de Osakidetza llevó al afectado a presentar una queja ante el Ararteko, donde expuso tanto su limitada capacidad económica como el impacto personal que le supuso encargarse de este trámite tras una operación de carácter traumático.
En el análisis del caso, el Defensor del Pueblo del País Vasco examinó la normativa autonómica sobre sanidad mortuoria y concluyó que no existe una base legal clara que obligue a los pacientes a sufragar los gastos asociados a la eliminación de restos humanos procedentes de amputaciones. La regulación, señala la institución, distingue estos restos de los cadáveres, para los que sí se detallan las responsabilidades económicas.
Consideran que el cobro carece de respaldo normativo suficiente
La resolución también pone el acento en el componente psicológico de las amputaciones, recordando que se trata de procesos que afectan profundamente a la identidad y a la autonomía personal. En ese contexto, exigir al paciente que gestione y asuma económicamente el destino de una parte de su propio cuerpo supone, a juicio del Ararteko, una carga añadida innecesaria.
El pronunciamiento reabre además un debate ya presente en el sistema sanitario vasco. En años anteriores se registraron situaciones similares, como la publicación de anuncios oficiales para localizar a pacientes con restos quirúrgicos pendientes de retirada, prácticas que la administración calificó entonces como excepcionales.
Sin embargo, la postura del Ararteko cuestiona ahora esa interpretación y plantea la necesidad de clarificar los procedimientos para evitar que situaciones de especial vulnerabilidad deriven en conflictos administrativos o económicos para los pacientes.
