Los okupas de un colegio de Lasarte-Oria, ante la amenaza de desalojo: "Es nuestro domicilio, no nos vamos a marchar y si intentan entrar, les denunciaremos"
El Ayuntamiento de Lasarte-Oria ha decretado el desalojo del colegio Oztaran, habitado por una veintena de okupas
Un matrimonio y sus cinco hijos desalojados tras okupar una casa de una anciana hospitalizada en La Laguna
"Este es nuestro domicilio y no tenemos intención de marcharnos". Es el mensaje de los okupas del colegio Oztaran del que el Ayuntamiento de Lasarte-Oria ha decretado el desalojo. No solo eso. Los okupas han amenazado que toda personas que intente entrar en él "serán denunciadas".
"Este es, por el momento, nuestro domicilio. Aquí desarrollamos nuestra vida personal y familiar y no tenemos intención de marcharnos. Invitamos a cualquier persona, física o jurídica, que cuestione esta situación a recurrir a la vía judicial para que sean los tribunales los que resuelvan lo que estimen oportuno", señalan los okupas en su mensaje en el cartel, difundido en redes sociales por vecinos de la localidad.
En el mismo, además aseguraban que, por el Artículo 545. Ley de Enjuiciamiento Criminal "nadie podrá entrar en el domicilio sin su consentimiento" y que se quedarán dentro del colegio "hasta que un Juzgado disponga lo contrario".
"Todo intento de entrada en este domicilio será inmediatamente denunciado, incurriendo dicha persona en un delito de allanamiento de morada, si se trata de un particular o en un delito de violación de domicilio, si se trata de fuerzas o cuerpos de seguridad», explican los okupas.
El caso muestra la realidad de la okupacion en España.
El Ayuntamiento alerta de la falta de seguridad del edificio
El Ayuntamiento ha explicado la realidad en un comunicado destinado a sus ciudadanos. En él se detalla que en 2002, el edificio dejó de funcionar como centro educativo y, desde entonces, se integró en la red de apoyo del Departamento de Educación del Gobierno Vasco, bajo la denominación de Berritzegune, función que desempeñó durante más de dos décadas.
Hace poco más de un año, la administración decidió abandonar las instalaciones tras detectar problemas técnicos estructurales. Dichos problemas fueron corroborados por informes especializados, que recomendaban el desalojo del edificio por motivos de seguridad. Sin embargo, el trámite administrativo para su devolución al ayuntamiento aún no se ha completado.
Tras quedar desocupado, el edificio fue objeto de actos de vandalismo que deterioraron gravemente su estado, agravando aún más una situación que ya estaba comprometida desde el punto de vista estructural.
En este contexto, en los últimos meses se ha detectado a entre dos y tres personas dentro del edificio, en determinados momentos y deambulando sin rumbo fijo. Esta situación se ha agravado considerablemente en los últimos días, pasando de una presencia ocasional a más de 20 o 25 personas en tan solo cinco días.
Ante esta situación, el Ayuntamiento ha actuado con el objetivo primordial de garantizar la seguridad de las personas. Tras solicitar y obtener autorización del Gobierno Vasco para intervenir, ha emitido un decreto de evacuación del edificio y ya ha notificado a las personas que se encontraban en su interior.
El Ayuntamiento señala que sus actuaciones se basan exclusivamente en criterios de seguridad, teniendo en cuenta el riesgo estructural y las condiciones sanitarias del edificio. Por ello, se ha iniciado el procedimiento para el cierre definitivo del edificio, con el fin de evitar situaciones que pudieran poner en peligro la integridad física de las personas.
El comunicado señala que el Ayuntamiento ha estado en contacto con los residentes locales durante los últimos meses, respondiendo a sus inquietudes y proporcionando información actualizada y transparente sobre la evolución de la situación.
El Ayuntamiento desea destacar que esta actividad responde a la inevitable responsabilidad de las instituciones en materia de seguridad pública. Asimismo, recuerda que la situación de las personas afectadas requiere una respuesta estructural y coordinada entre las administraciones competentes, que trascienda el ámbito puramente municipal. Por último, el Ayuntamiento insta a todos los actores implicados a actuar con responsabilidad, con rigor y cautela ante una situación compleja, ya que la prioridad debe ser siempre la protección y la seguridad de las personas.
Las denuncias por okupación remontan en 2024
Las denuncias por okupaciones de vivienda han repuntado un 7,4% en 2024 en el conjunto de España, con 16.426 hechos conocidos por las Fuerzas de Seguridad incluyendo tanto los delitos más habituales de usurpación de vivienda como los más graves de allanamiento. Cataluña se mantiene a la cabeza, al anotar 7.009 casos, lo que representa el 42% del total.
El dato de Cataluña, con una subida del 12% con respecto a 2023, contrasta con las bajadas en otras dos de las cuatro regiones más pobladas. En la Comunidad de Madrid en el año 2024 hubo 1.451 denuncias por usurpación y allanamiento, lo que representa una caída del 4,3%, y en Andalucía fueron 2.207 denuncias, con una bajada del 5,3% con respecto a 2023.
Es decir, Cataluña sigue registrando más casos de okupaciones que la suma de la Comunidad de Madrid, Andalucía y la cuarta región más poblada, la Comunitat Valenciana. En esta última comunidad autónoma hubo en 2024 un total de 1.767 denuncias (+7,7%).
Las cifras muestran un fenómeno concentrado territorialmente pero con tendencia al alza. Ante esta situación, muchas comunidades de propietarios y particulares optan por mejorar la protección física del inmueble. Soluciones como puertas antiokupa, puertas reforzadas RF, rejas extensibles, sistemas de cerraduras inteligentes y refuerzos estructurales se han convertido en una herramienta eficaz en zonas con mayor incidencia.