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"Al menos cinco derechos humanos" de las personas mayores en residencias en España han sido violados durante la pandemia de coronavirus. Es la denuncia de Amnistía Internacional en un informe en el que advierte de que en estos momentos podrían volver a ocurrir. Un médico catalán admitió que "hubo vidas que se pudieron salvar, pero no se hizo".
La ONG confirma con datos lo que ya intuíamos por las cifras de mayores fallecidos en las residencias de Madrid y Barcelona. La investigación revela que la "mayoría" de personas mayores que vivían en residencias de Madrid y Cataluña no fueron atendidas adecuadamente, ni derivadas a hospitales cuando lo precisaban, se vieron aisladas en sus habitaciones durante semanas, sin contacto con sus familiares, "violando su derecho a una muerte digna", durante los primeros meses de la pandemia de covid-19.
El informe 'Abandonadas a su suerte: La desprotección y discriminación de las personas mayores en residencias durante la pandemia COVID19 en España', concluye que en las residencias "se ha violado el derecho a la salud, a la vida, a la no discriminación de las personas mayores, a la vida privada y familiar y a la muerte digna".
"En las residencias se ha violado el derecho a la salud, a la vida y a la no discriminación de las personas mayores. Además, las decisiones de las autoridades han impactado también en el derecho a la vida privada y familiar y en el derecho a tener una muerte digna", ha asegurado el director de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán.
La organización ha constatado que durante todo marzo, la falta de medios adecuados y suficientes fue "prácticamente absoluta" en la mayoría de las residencias en Madrid y Cataluña. "Sencillamente no había Equipos de Protección Individual (EPI) para residentes y personal", se lee en el documento.
En el informe de Amnistía Internacional se explica la "falta de test para residentes y personal" que incidieron en la expansión de los contagios de covid-19 entre los mayores en estos centros. El director de Coordinación Sociosanitaria de la Comunidad de Madrid manifestó a Amnistía Internacional cómo el "mayor vector de contagio fue el personal". "Esparcimos el virus", lamenta Silvia, trabajadora de la residencia pública de Madrid, que tuvo que darse de baja por sintomatología compatible a finales de marzo sin PCR.
Diana, trabajadora de una residencia pública de Madrid, reveló a la organización que cuando comenzó la pandemia a mediados de marzo optaron por hacerse "los EPIS de la fortuna o de la gloria, batas con bolsas de basura, calzas, gorros de plástico".
La ONG, además, ha constatado que "no se realizaron PCR a las personas residentes y en sus certificados médicos de defunción se hace constar 'sintomatología compatible con COVID-19'".
Una doctora de un hospital público a Amnistía, durante un tiempo, en su hospital las instrucciones fueron no hacer PCR a las personas con sintomatología de coronavirus y tratarlos como 'caso posible'".
A fecha de noviembre de 2020, las autoridades de las Comunidades Autónomas de Madrid y Cataluña con las que se ha reunido Amnistía Internacional aseguran estar realizando test diagnósticos tanto a los residentes como al personal de los centros residenciales.
Amnistía Internacional ha documentado que en Madrid y Cataluña se denegó la derivación a hospitales de los mayores contagiados "en base al lugar en el que residían y otros criterios generales --como la edad o grado de discapacidad, estado de salud (ser pacientes confirmados o con sospecha de COVID-19)-- sin una valoración individualizada", lo que "vulneró manifiestamente su derecho a la no discriminación".
La ONG ha recogido numerosos testimonios como el de Catalina, hija de Vicente Alberola, de 89 años, fallecido el 6 de abril en una residencia pública de gestión indirecta de Cataluña. El médico le dijo que "tenía prohibido derivar, que no iban a coger a nadie que tuviera las características de una persona así". Le había dicho que al auscultar parecía que tenía neumonía y no mejoraba con el antibiótico. Cuando Catalina dijo que ella lo llevaba al hospital, el médico le dijo que "no podía".
Otro médico de un centro de atención primaria (CAP) catalán que colaboraba con una residencia reconoció indignado que "hubo vidas que se pudieron salvar, pero no se hizo".
El informe de Amnistía revela que, durante finales de marzo y principios de abril, las escasas derivaciones fueron resultado de la insistencia de las familias. Montse, hija de Vicenta, de 72 años y con esquizofrenia, de una residencia en Cataluña, contó cómo tuvo que advertir a la residencia con interponer una denuncia y personarse en el centro, logrando así que la doctora llamara al SEM para derivar a su madre, que finalmente, después de un tiempo en el hospital, se recuperó.
A la nuera de Antonio Cintas, de 86 años, que falleció el 27 de marzo de 2020 en una residencia pública de Madrid para grandes dependientes, el doctor del centro le dijo, cuatro días antes de morir, que no hacía falta derivarle al hospital porque no estaba "tan grave".
En el caso de los mayores que sí llegaron al hospital, la ONG ha documentado casos de personas residentes que llegaron al hospital "en situación de deshidratación y desnutrición, en muy mal estado".
Amnistía advierte de que muchas personas residentes permanecieron "durante semanas" enteras prácticamente incomunicadas en sus habitaciones, sin contacto con el mundo exterior ni con sus familias. La organización denuncia que este "encierro de facto" en las residencias supuso una vulneración de los derechos a la vida privada y familiar de las personas mayores.
Elena Valero perdió a su padre en marzo en una residencia de Madrid, a apenas 300 metros de distancia de su casa. "Fue horrible saber que se estaba muriendo tan cerca y que no podía cogerle la mano, despedirme de él", contó a los activistas de la ONG.
Amnistía Internacional señala que, pese a que durante estos meses se han mejorado determinados aspectos, algunas de estas preocupaciones de derechos humanos hacia las personas mayores siguen vigentes en la segunda ola de pandemia. Advierte de que siguen sin estar garantizadas las visitas a familiares; que las disposiciones discriminatorias en los protocolos de derivaciones de Madrid y Cataluña no han sido aún modificadas, y que todavía no se han tomado medidas de refuerzo de personal suficientes.
La recomendación de Amnistía Internacional a las autoridades, y en particular a Madrid y Cataluña, que aseguren que las decisiones sobre la atención médica en las residencias se realizan con base a "evaluaciones individualizadas", eliminando las disposiciones discriminatorias de los protocolos de derivación a hospitales; y que garanticen el contacto regular de familiares y residentes.
Además, aconsejan al Gobierno trabajar con proyectos de largo alcance en una ley estatal que establezca un modelo residencial que garantice los derechos de las personas mayores residentes en todo el Estado; y sugiere que la Fiscalía siga de cerca la situación en las residencias e impulse investigaciones de rendición de cuentas.