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La propuesta de ley presentada por el PSOE esta semana ha reabierto un debate que lleva años sobre la mesa: qué hacer con la prostitución. La iniciativa que impulsa el sector socialista del Gobierno aboga por una solución abolicionista: persecución de proxenetas (violentos o no) y también de clientes, que de acuerdo con la propuesta de ley podrían ser castigados con hasta tres años de cárcel en los casos más graves.
El PSOE pretendía incluir el cambio del código penal en la 'ley del sólo sí es sí'. La enmienda obligó a "retratarse" a sus socios de Gobierno y estuvo a punto de provocar el descarrilamiento de la ley. Al final, los socialistas, que finalmente tampoco contaban con el apoyo del PP, han tenido que recular y presentar la nueva proposición de ley por separado.
España, que según la ONU está a la cabeza de consumo de prostitución en Europa, vuelve a debatirse estos días entre la abolición y la regulación.
El principal argumento de aquellos que defienden la prohibición de la prostitución es que ninguna mujer vende su cuerpo de manera voluntaria. Según datos del Parlamento Europeo, la cifra de mujeres prostituidas víctimas de trata de blancas ronda el 90%. "No se puede legitimar todo un fenómeno de explotación por unos casos completamente anecdóticos", explica Tasia Aranguez, jurista de la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres. Para Aranguez, la prostitución "es la esclavitud más flagrante del s.XXI".
Pero es que desde posturas abolicionistas niegan que ese 10% restante de su consentimiento de manera libre. Los que defienden la prohibición aseguran que ninguna mujer totalmente libre vende sexo a cambio de dinero. Si una mujer se ve empujada a hacerlo por circunstancias sociales, económicas o de cualquier otra índole, esa decisión no se produce, por tanto, desde la libertad. Para los abolicionistas, la prostitución es un acto de violencia contra la mujer en el que estas son consideradas objetos sexuales.
Frente a los que defienden que regular la prostitución dotaría de más derechos a las mujeres prostituidas, los abolicionistas creen que lo único que se conseguiría sería blanquear y legalizar la explotación sexual.
Los que defienden que la prostitución debería ser regulada, aseguran en cambio que no todas las mujeres deciden prostituirse forzadas por terceros. Que las mujeres prostituidas libremente sí existen y que por lo tanto su actividad debería ser regulada. Quizás no como cualquier otro tipo de actividad laboral, pero sí dentro de un marco jurídico que asegure que las trabajadoras sexuales tengan acceso a derechos de los que sí disfrutan otros trabajadores.
Desde el grupo Antígona de la Universidad Autónoma de Barcelona, juristas como Paula Arce niegan las cifras del Parlamento Europeo y defienden que hay un gran número de mujeres prostituidas en España que no son víctimas de tratas. Puede que estén empujadas por circunstancias socio-económicas adversas, pero que optan libremente por la prostitución frente a otras actividades peor retribuidas.
Entre los 'reguladores' también se encuentran los que, aunque comparten muchos de los argumentos de los abolicionistas, consideran que tratar de prohibir la prostitución es poco menos que intentar ponerle puertas al campo. La prostitución seguirá existiendo y -como en el caso del debate sobre la regulación de las drogas, por ejemplo-, lo mejor es regularlo. Es decir, que aunque la prostitución sea moralmente, lo mejor es regularla para que se produzca en las mejores condiciones posibles.
La iniciativa del PSOE fue una promesa de Pedro Sánchez durante el último Congreso del partido. Además, en palabras de la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, servía para forzar a Podemos a "retratarse". Esta es la postura de los principales partidos:
El PSOE: partidario de la abolición
El PSOE quiere avanzar hacia la abolición de la prostitución en España y consideraba que la ley del sí es sí era una oportunidad.
El texto pactado con Unidas Podemos ya planteaba penas para los siguientes supuestos:
Pero el PSOE quiere ir más allá de lo que pueda demostrarse como una explotación ante un juez porque considera que toda forma de prostitución constituye una violencia contra las mujeres.
La propuesta socialista busca multar a los clientes de la prostitución: "Las personas que recurren a las mujeres en situación de prostitución participan directamente del entramado que sostiene esta grave vulneración de los derechos humanos".
Unidas Podemos: aplazar la cuestión
Desde el Ministerio de Igualdad y Unidas Podemos han optado por aplazar la cuestión de la prostitución a una futura ley contra la trata. Podemos es, en principio, abolicionista, aunque no es una postura con cohesión por todo el territorio nacional. En Comú Podem está entre las que considera que la prohibición entraña más riesgos que beneficios y en defiende el ejercicio libre de la actividad. Considera que castigar a las personas que se benefician indirectamente de la prostitución sin ejercer coacción (tercera locativa) empujaría la actividad a la clandestinidad, empeorando así las condiciones de las mujeres prostituidas.
Socios parlamentarios del Gobierno
Precisamente, la cuestión de la libertad de las mujeres prostituidas es un punto de fricción con algunos de los socios de investidura. Temen que las posturas abolicionistas puedan derivar en persecución a las mujeres que deciden prostituirse. Es la postura de ERC, Bildu, En Comú Podem, Junts o la CUP, que mayoritariamente defienden posturas reguladoras.
El PP, abolicionista
El PP se ha manifestado públicamente a favor de la abolición de la prostitución. De hecho, el PSOE asegura que incluye la enmienda a la ley del sólo sí es sí con el beneplácito de los populares. Desde Génova niegan que se comprometiesen a apoyar la enmienda y prefieren respaldar el endurecimiento de las penas contra clientes o la 'tercera locativa' en una ley específica contra la trata con menos carga ideológica que la del 'sólo sí es sí'.
En Europa, la legalidad de la prostitución y el grado de aplicación de leyes varía según el país.
Nuevo abolicionismo: es ilegal pagar por sexo en países del norte de Europa como Suecia, Islandia y Noruega. Son países que abrazan el 'nuevo abolicionismo', en el que se persigue al cliente pero nunca a la profesional del sexo.
En el caso del Reino Unido es un delito solicitar u ofrecer servicios sexuales en lugares públicos, y los clientes pueden ser procesados por tener sexo con una prostituta que haya sido sometida a la fuerza, incluso si desconoce esta situación. Francia también castiga a los clientes de las prostitutas con multas de hasta 1.500 euros.
Abolicionismo: en Lituania can un paso más allá y está prohibido tanto prostituirse como consumir servicios sexuales. Algo parecido ocurre en Hungría, que penaliza más a la mujer prostituida que al cliente.
Reguladores: en Europa occidental son varios los países en los que la prostitución es legal y está regulada por el Gobierno, como es el caso de Países Bajos, Suiza, Austria y Alemania.
En el sur de Europa hay países como Grecia, en los que la prostitución también está regulada y es legal a partir de los 18 años.
Alegalidad: en España e Italia, la prostitución se encuentra en una situación de alegalidad.