Fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) han informado hoy de que el juzgado ferrolano, de guardia la noche del óbito, actúa de oficio.
El juez ha iniciado las diligencias informativas y pide a la dirección del hospital que le remitan lo antes posible "el historial clínico completo" del bebé fallecido.
Además, reclama "los nombres de todo el personal sanitario que la atendió desde el momento de su nacimiento hasta su muerte".
El juez de guardia también ha ordenado paralizar los trámites para la "inhumación o incineración" del cuerpo de la recién nacida "hasta que se decida si los forenses necesitan realizar alguna prueba".
Fuentes de la Fiscalía han apuntado que el juzgado tuvo conocimiento de los hechos por la prensa el martes por la mañana.
El juez interviene para aclarar las circunstancias de la muerte y "valorar la actuación del hospital" para dirimir responsabilidades, según fuentes de los juzgados de la ciudad.
La dirección del hospital señaló que fue el lunes cuando remitieron a los tribunales el certificado de defunción de la niña. No obstante, el fiscal ferrolano apunta que "o no llegó o pasó inadvertido".
Se trata de una niña recién nacida a la que los sanitarios administraron por error un fármaco coagulante que la ginecóloga había ordenado para su madre, a fin de cortar la abundante hemorragia del útero tras el alumbramiento, que se produjo el sábado por la tarde.
Por error, el medicamento se le inyectó al bebé por vía intramuscular en el paritorio.
A pesar de que el personal se dio cuenta de la fatal equivocación en el acto, 23 horas después la recién nacida falleció en la UCI de Pediatría tras un paro cardíaco irreversible.
Su evolución hasta ese momento había sido "estable", según indicaron los médicos del centro, que ayer comparecieron en rueda de prensa para asumir el "accidente" de forma colectiva y lamentar "profundamente" los hechos.
Los padres de la pequeña precisaron asistencia psicológica para afrontar la pérdida de su primera hija.
El hospital ya le practicó al cadáver una primera necropsia cuyos resultados remitirán a la familia, que analiza la posibilidad de emprender acciones judiciales contra el centro público.