El caso del pozo de Julen no deja de ser complejo y más teniendo en cuenta que sin tener las pesquisas y las conclusiones de los investigadores encima de la mesa, cualquier elucubración sobre las consecuencias de contar con un pozo abierto y el reparto de culpas no deja de ser una odisea. Pero el foco judicial y mediático ya está en esta fase. ¿Quién debe asumir la responsabilidad de que el pozo estuviera abierto ¿Estamos ante un homicidio involuntario, es una negligencia, bastará una responsabilidad civil o será penal a la que se enfrente el que finalmente sea considerado responsable de los hechos? No estamos ante una cuestión baladí porque podemos estar hablando de una pena de cuatro años de prisión.
Raúl Ochoa, abogado penalista, considera que el caso es complejo y presenta muchos matices. El primer punto a tener en cuenta es quién tenía la responsabilidad del mantenimiento del pozo, según el experto. Se puede tener delegado a través de un contrato o de un acuerdo verbal con testigos, aunque el dueño del mismo también se pueda enfrentar a una responsabilidad civil 'in vigilando'. La responsabilidad penal sería ya una cuestión personal porque en este caso la falta de diligencia se podría llegar a considerar un homicidio imprudente dada la consecuencia de los hechos.
En este sentido hay muchos factores que intervienen, según el experto: si estamos ante una zona transitada, hasta qué punto se pudieron prever los hechos, hasta cuál un niño de dos años puede ir solo por estas zonas, la visibilidad del pozo... Todo ello sin olvidar la alarma social provocada por el caso. No en vano, desde que salió a la luz ya se habla de más de un millón de pozos ilegales en España y han comenzado las denuncias por miedo a que el suceso se repita.
"Los elementos de prueba van a ser vitales al respecto", señala el experto. De hecho, el abogado del dueño de la finca ha destacado en una rueda de prensa que "sobre la responsabilidad de homicidio imprudente" en la muerte de Julen "no existe precedente en el mundo" y ha restado culpabilidad a su cliente al asegurar que "era imposible prevenir que ese agujero pudiera tragarse a un niño en esa situación".
De hecho el abogado del dueño de la finca ha argumentado que "el dueño avisó cuando convocó a sus allegados a comer aquel día de que tuvieran cuidado ante dicho agujero, pero nadie pensó que fuera a resultar un peligro. El propio David Serrano ha declarado que nunca pensó que un niño pudiera caer por allí".
No es de extrañar entonces que los implicados en el caso intenten pasarse las culpas, aunque la mayor de ellas sea que Julen ya no esté. La defensa de David Serrano, dueño de la finca de Totalán, Málaga, donde el niño Julen cayó a un pozo, traslada toda la responsabilidad de los hechos en el pocero, aunque él solo pudo decir unas palabras antes de ponerse a llorar.
Si no hay licencia no hay trabajo
Su argumento es que el constructor tiene el "deber de la abstención" en cuanto a que "si no hay licencia, no hay trabajo", en segundo lugar, porque había documentación "que sólo podía tener el pocero" y que el dueño no podía tramitar, y por último considera que la responsabilidad última de las obras, del sellado y de la seguridad del pozo es de quien lo construye.
El pocero es el que gestiona las licencias
El abogado del dueño de la finca, Antonio Flores, ha recordado que su cliente declaró que el pocero, Antonio Sánchez, "contaba con todas las licencias", algo "bastante creíble" teniendo en cuenta sus 40 años de experiencia y que las ofertas de sondeo para encontrar agua incluyen la" gestión integral" de la documentación. "Ellos saben gestionar una licencia, no es fácil", ha añadido, y son quienes las tramitan "desde el punto de vista egoísta" porque "quieren cerrar el trato y el negocio lo antes posible y sin licencia no hay trabajo".
Los certificados tenía que conseguirlos el pocero
El certificado de la aptitud en vigor para el manejo de la maquinaria, y el segundo, una calificacion empresarial de la empresa ejecutora de la obra son condicion sinecuanon" para solicitar los permisos, por lo que el pocero "no puede decir que el dueño contaba con la licencia".
No vale colocar una piedra
Las normas, ha explicado los asesores del dueño de la finca, prevén "rellenar enteramente la perforación con el mismo material o equivalente y emplear hormigón en los últimos metros", por lo que colocar una piedra no es legal, argumentan.
Neglicencia del pocero
El informe elaborado por Jesús María Flores, el arquitecto que asesora al bufete que defiende a David concluye que el accidente se produjo “como consecuencia directa de las acciones y omisiones de un profesional que, teniendo los medios, la maquinaria y los conocimientos técnicos y legales, perforó un pozo de 110 metros de profundidad y 25 centímetros de diámetro a sabiendas de que quebrantaba la ley, sin autorización, sin proyecto de ejecución y sin adoptar las mínimas medidas de seguridad”.
Por ello, el pocero “ha mostrado un comportamiento que solo puede calificarse de negligente”, sostiene el arquitecto, que sí ha admitido que el dueño de la finca carecía de la licencia de obra menor que requería el movimiento de tierras que se realizó en la zona.
El pocero ha declarado siempre ante los medios que él ha hecho las cosas bien. En algunos casos ha hablado de 6.000 kilos de tierra que ya no están porque ha sido removida. Dice que cuando perforó el pozo la tierra que salía era de color azul dado el tipo de piedra de la montaña y, por ello, cuando fue a comprobar cómo estaba el pozo y lo encontró sin tierra azul, supo que hubo movimiento de tierra. No se explica lo que ha pasado, pero afirma que hizo las cosas bien. La justicia dirá, aunque ya todos hayan pagado un precio muy alto.