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El exnovio de Verónica, la trabajadora de Iveco que se quitó la vida el pasado sábado tras difundirse un vídeo de contenido sexual suyo entre sus compañeros de trabajo, ha quedado en libertad sin cargos tras prestar declaración ante la Policía Nacional, según han informado a Europa Press fuentes policiales.
El hombre se ha entregado a las 16.00 horas en un cuartel de la Guardia Civil de Mejorada del Campo, según ha adelantado la Cadena Ser y han confirmado a Europa Press fuentes del Instituto Armado.
Inmediatamente, los agentes de la Benemérita han dado aviso a la Policía Nacional, encargada de la investigación, y el hombre ha sido trasladado hasta la Jefatura Superior de Policía, aunque no estaba detenido.
Tras prestar declaración ante efectivos de la Brigada Central de Investigación Tecnológica, la expareja de Verónica, considerado el principal sospechoso de haber difundido el vídeo de su expareja, ha quedado en libertad sin cargos porque aseguran, no haber encontrado indicios de criminalidad.
El Juzgado de Instrucción número 5 de Alcalá de Henares abrió este jueves unas diligencias para investigar la difusión de un vídeo sexual de la trabajadora de la fábrica de Iveco. La mujer, de 32 años y madre de dos hijos pequeños, estaba preocupada tras la difusión por lo que opinaría su marido, que lo vio el viernes. En ese momento, la mujer padeció una crisis nerviosa. Al día siguiente, se suicidó en su casa de Alcalá de Henares.
La juez Ana María Gallegos se hizo cargo del caso tras recibir el atestado policial del suicidio, pero ahora investigará también la difusión del vídeo sexual. Por tanto, se abren diligencias previas por la presunta comisión de un delito de descubrimiento y revelación de secretos (artículo 197.7 del CP) una vez que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado le han remitido atestado con las diligencias realizadas hasta este momento.
Este órgano judicial, que fue el encargado del levantamiento del cadáver por encontrarse de guardia cuando se produjo el fallecimiento, ha decretado el secreto de las actuaciones.
Por su parte, la comisaría de la Policía Nacional de Alcalá de Henares abrió de oficio una investigación. Los agentes están analizando el vídeo que se filtró y comprobando quiénes lo compartieron y si la mujer pudo sufrir acoso por este motivo por parte de algunas personas de la empresa que trabajaba, del grupo Iveco.
Tras la reforma del Código Penal de 2015, a raíz del caso de Olvido Hormigos, se establece una pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a doce meses al que, "sin autorización de la persona afectada, difunda, revele o ceda a terceros imágenes o grabaciones audiovisuales de aquella que hubiera obtenido con su anuencia en un domicilio o en cualquier otro lugar fuera del alcance de la mirada de terceros, cuando la divulgación menoscabe gravemente la intimidad personal de esa persona".