"Castigos, intimidación y duras jornadas de trabajo": Generalitat cierra el centro de menores neerlandenses de Aspe
La Generalitat Valenciana ha ordenado el cese de la actividad de Huize Soria, en Aspe, tras comprobar que funcionaba sin autorización administrativa
La decisión llega después de denuncias sobre supuestos castigos y condiciones de estancia que están siendo investigadas
El centro Huize Soria, situado en un entorno rural de Aspe (Alicante), ha quedado en el foco de la Generalitat Valenciana después de que una investigación alertara sobre las condiciones en las que permanecían menores neerlandeses con problemas de conducta. La Conselleria de Servicios Sociales ha constatado que la instalación no disponía de la autorización necesaria para funcionar como centro de servicios sociales. Ante esta situación, la Administración ha exigido el cese inmediato de la actividad y advierte de posibles medidas legales si no se cumple la orden.
Denuncias sobre los métodos utilizados con los menores
La investigación que puso el centro bajo la lupa partió de informaciones difundidas en Países Bajos y de un informe elaborado a petición de organizaciones asistenciales neerlandesas. Según las denuncias recogidas por la investigación, algunos jóvenes habrían sido sometidos a medidas disciplinarias consideradas excesivas. Entre las prácticas señaladas figuran restricciones de comida, inmovilizaciones físicas y otras medidas de castigo. Los testimonios también apuntan a jornadas de actividad de hasta seis horas realizando tareas relacionadas con el mantenimiento de la finca y el cuidado de animales.
Entre las actividades descritas aparecen trabajos como retirar malas hierbas, cavar zanjas, plantar árboles o cepillar caballos. El centro defendía estas labores como parte de su programa basado en la disciplina, el contacto con la naturaleza, la actividad física y el cuidado de animales. Las acusaciones también incluyen supuestas limitaciones para mantener conversaciones privadas con familiares o tutores. La investigación neerlandesa llegó a describir el funcionamiento interno del centro como una estructura marcada por la presión y la coerción, según recoge la información publicada.
Una instalación integrada durante años en Aspe
Huize Soria llevaba alrededor de dos décadas vinculada a la localidad alicantina y por sus instalaciones habrían pasado unos 265 menores. El proyecto estaba orientado a jóvenes neerlandeses con problemas de conducta, que permanecían habitualmente entre uno y dos años en la finca. El programa combinaba disciplina, convivencia con animales, actividades físicas y contacto con el entorno natural como herramientas para su recuperación.
La actividad del centro también había generado vínculos con diferentes colectivos de Aspe. El Ayuntamiento señala que la finca había participado en iniciativas con asociaciones de personas con diversidad funcional y con alumnos del IES Villa de Aspe. El alcalde del municipio ha asegurado que durante los últimos 20 años no habían tenido constancia de problemas graves en el funcionamiento de la instalación. Desde el consistorio apuntan que los incidentes conocidos hasta ahora se habrían limitado a cuestiones disciplinarias o alguna fuga.
La entidad rechaza las acusaciones
La dirección de Huize Soria también ha respondido a las informaciones que han puesto en cuestión sus métodos. La entidad asegura que mantiene una relación abierta con la población de Aspe y defiende la labor que desarrolla con jóvenes vulnerables. Sus responsables rechazan que la investigación periodística refleje adecuadamente el trabajo diario realizado por sus profesionales. También sostienen que las instalaciones reciben a vecinos, estudiantes y profesores y colaboran habitualmente con organizaciones locales.
La intervención de la Generalitat se produce, por tanto, en un contexto de acusaciones enfrentadas y mientras las autoridades examinan las circunstancias denunciadas. La cuestión administrativa, sin embargo, ya ha quedado determinada por la inspección: el centro no contaba con la autorización de funcionamiento exigida por la normativa valenciana. Servicios Sociales ha ordenado el cierre y contempla la apertura de un expediente sancionador y otras actuaciones legales si la actividad continúa.
