Darío Jurado cree que para resolver este caso hay que tener en cuenta dos cuestiones importantes. Por un lado, la responsabilidad del ginecólogo ante el embarazo de Noa y por otro, si en caso de ser responsable el ginecólogo está obligado a pagar una pensión alimenticia. El letrado cree que equivocarse en la prescripción de un medicamento es reprochable y por tanto, debe ser responsable de las consecuencias que su error ha traído consigo, pero no debe hacerse cargo de la pensión porque el Código Civil habla de que de los alimentos deben hacerse cargo entre parientes. No obstante, Alfonso deberá indemnizar a Noa con 30.000 euros por su error.