Todas las claves de la apuesta de la Airef por una prestación mínima estatal: bajará la tasa de pobreza del 6,9% al 2,7%

La tasa de pobreza severa en España se reduciría de un 6,9% a un 2,7% con la propuesta de renta mínima estatal presentada por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), en un informe elaborado por encargo del Gobierno. En la actualidad, España tiene la segunda mayor tasa de pobreza severa de la Unión Europea, solo por detrás de Rumanía. La pobreza severa se considera una renta por debajo del 30% de la mediana de renta disponible del país (En España para 2017, 355€ mensuales para un individuo o 746€ para un hogar de 2 adultos y 2 niños)

En el estudio, que se ha presentado este miércoles 26 de junio, la AIReF analiza una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que, en febrero de 2017 y a propuesta de UGT y CCOO, tomó en consideración el Parlamento de España para establecer una prestación de ingresos mínimos. Se trata de la primera vez que la AIReF evalúa una iniciativa legislativa antes de ponerse en marcha y lo han hecho por encargo del Consejo de Ministros. Además, han explicado que el origen estuvo en una comparecencia que realizaron en la comisión parlamentaria de empleo.

En el informe, que se ha entregado recientemente al Ejecutivo, la AIReF concluye que en España existe "un sistema de ingresos mínimos fraccionado" y que presenta "disparidades territoriales". Por otro lado, constata que este sistema implica un desincentivo a la participación en el mercado laboral. Ante esta situación, la propuesta de los sindicatos presenta, según la AIReF, un "elevado coste" fiscal (entre 7.200 y 9.800 millones de euros) en relación con la reducción de pobreza severa que sería del 27,6% y con el número de hogares a los que alcanzaría (1,1 millones). La tasa de pobreza severa se reduciría hasta un 5% pero seguiría por encima de la media de la Unión Europea (3,5%).

A partir de estas conclusiones, la AIReF plantea dos propuestas que tendrían un menor coste fiscal, de 3.500 millones de euros --teniendo en cuenta el ahorro de 2.000 millones por la supresión de otras prestaciones nacionales y autonómicas--, que reducirían en mayor medida la pobreza severa, hasta un 60,4%, y que llegarían a 1,8 millones de hogares. "Aparte de hacer recomendaciones técnicas, nos pareció que podría ser útil ilustrar con alternativas que los efectos redistributivos se podían conseguir focalizando mucho más el programa y con un menor coste fiscal", apuntan desde la AIReF.

En concreto, la AIReF plantea dos opciones, con distintos tramos de renta. En la primera propuesta se recibiría una prestación del 80% del indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) para el tramo de renta más bajo y un complemento por hijo a cargo (con un máximo de tres hijos) de 1.200 euros al año para ambos tramos.

En la segunda opción, la ayuda sería desde el 10% hasta el 80% del IPREM para el tramo de renta más bajo, a lo que se añade un complemento por hijo de 1.680 euros anuales para el tramo más bajo y de 1.200 euros para el segundo tramo.

Este nuevo sistema, según precisa la AIReF, debería introducirse de manera gradual a lo largo de 3 años, lo que supondría anualmente una décima más de déficit estructural, cuya compensación con otras medidas consideran "factible". El coste de la prestación sería de 5.500 millones de euros, pero se estima un ahorro potencial de 2.000 millones al eliminar duplicidades. En ninguna de las dos opciones se produciría efecto llamada (2.600M€ adicionales en el caso de la ILP).

En cuanto a los requisitos para acceder a la prestación, la propuesta de la AIReF establece como requisito principal la renta del hogar, estableciendo tramos de renta para los hogares pobres, pero focalizando la ayuda en la pobreza severa.

Además, sugiere eliminar los requisitos relativos a la situación laboral de los potenciales beneficiarios y hacer una prestación compatible con el empleo, permitiendo que actúe como un complemento salarial hasta un determinado umbral en el que se haya alcanzado "un salario suficiente".

"Hay que tener en cuenta que declarar incompatible con el empleo estas prestaciones genera desincentivos para participar en el mercado laboral", han avisado. Según han explicado, haciéndolo compatible existiría un incentivo de entre 50 y 100 euros para que al beneficiario le interese mantenerse en el empleo.

Asimismo, la AIReF propone simplificar el sistema de rentas mínimas, evitando el solapamiento entre las prestaciones de las diferentes administraciones y establecer una ventanilla única a través de los trabajadores sociales. Además, aconsejan establecer como requisito para recibir la prestación la inscripción en la Agencia Tributaria para "reducir el riesgo de fraude".

Sobre el solapamiento con otras prestaciones, fuentes de la AIReF han precisado que frente a la ILP de los sindicatos, que propone una nueva prestación junto a las rentas de las CCAA, ellos proponen sustituirlas por la prestación de ingresos mínimos estatal, aunque permitiendo que las CCAA la complementen en términos de cobertura y adecuación. Así se conseguiría un ahorro de 2.000 millones, al eliminar duplicidades, aunque la AIReF tiene en cuenta que el ahorro no sería del 100% sino de entre el 70 y el 80% pues habría un periodo de transición en el tendrían que mantenerse otras prestaciones similares para aquellos beneficiarios que no cumplan los requisitos de la nueva renta mínima.

Según la propuesta de la AIReF, esta renta mínima se encuadraría dentro del sistema de Seguridad Social como una prestación no contributiva, y debería ponerse en marcha en un plan presupuestario a medio plazo que permita compensar el incremento estructural de gasto. En cualquier caso, han precisado que ahora "corresponde al ámbito democrático de decisión determinar el diseño final de la prestación de acuerdo con las preferencias sociales y los consensos que se acuerden no solo a nivel de la administración central sino de todos los niveles de la administración".

Claves para mejorar la eficacia