El CGPJ pide mayor protección para los menores en el anteproyecto de la Ley Trans
El anteproyecto de la Ley Trans abre la puerta al cambio de sexo en el registro sin necesidad de informes médicos a partir de los 12 años
El CGPJ pide elevar a 18 años la posibilidad de cambiar de sexo en el registro sin aval judicial.
Se recrudece el enfrentamiento entre PSOE y Unidas Podemos a causa de la Ley Trans
El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) pide elevar a 18 años la posibilidad de cambiar de sexo en el registro sin aval judicial. De esta manera endurece así la propuesta del Ministerio de Igualdad, que en su anteproyecto de la ley trans contempla que a partir de los 16 años las personas que así lo decidan puedan hacerlo sin limitación alguna.
El órgano de gobierno de los jueces, que sigue pendiente de su renovación, ha aprobado este miércoles, con cuatro votos en contra, una enmienda que endurece la propuesta de los tres ponentes que elaboraron el borrador del dictamen sobre el anteproyecto de la ley impulsada por la ministra de Igualdad, Irene Montero.
La norma diseñada por el Ministerio de Igualdad abre la puerta al cambio de sexo en el registro sin necesidad de informes médicos a partir de los 12 años. Entre 12 y 14 años se necesitará aprobación judicial; entre 14 y 16, la asistencia de padres o tutores; y a partir de los 16 no habrá limitación alguna.
En su borrador del pasado 8 de abril, el CGPJ consideraba que no se protegía suficientemente a los adolescentes de entre 14 y 16 años y subrayaba que debía primar el interés superior del menor.
Por eso proponía que en esos casos un juez comprobara que tienen "suficiente madurez" y "estabilidad en la situación de transexualidad", al igual que se propone con los niños de 12 a 14 años. Ahora, con la enmienda aprobada por el Pleno, el CGPJ eleva hasta los 18 años esta condición.
La ley trans provoca fricciones entre los socios de Gobierno
La libre determinación de género que contempla la propuesta de Igualdad ha provocado grandes de discrepancias entre los socios de Gobierno. Era entonces Carmen Calvo, vicepresidenta del Gobierno y enemiga acérrima del borrador de Irene Montero. La socialista ha defendido públicamente la necesidad de dotar a la norma de mayor seguridad jurídica.
Carmen Calvo ha mostrado su preocupación por "la idea de pensar que el género se elige sin más que la mera voluntad o el deseo, poniendo en riesgo, evidentemente, los criterios de identidad del resto de los 47 millones de españoles"; unas palabras que generaron duras críticas desde Unidas Podemos y también de la diputada socialista de la Asamblea de Madrid, Carla Antonelli.