La Audiencia de Almería confirma el embargo del peculio a Ana Julia Quezada, la asesina de Gabriel Cruz

La Audiencia de Almería ha desestimado el recurso interpuesto por la defensa de Ana Julia Quezada, condenada por el asesinato del niño Gabriel Cruz, y ha confirmado el embargo de su peculio penitenciario, así como de cualquier otra asignación económica que perciba en prisión, para hacer frente al pago de la responsabilidad civil con la familia de la víctima.

Patricia Ramírez, madre del menor asesinado, ha informado este martes en un comunicado de la decisión judicial, notificada mediante un decreto fechado el 5 de diciembre.

Según Ramírez, la Audiencia ha respaldado la petición de la acusación particular, entendiendo que la condenada tiene cubiertas sus necesidades vitales básicas dentro del centro penitenciario.

La denuncia de la madre de Gabriel

El tribunal provincial argumenta en su resolución que el "mínimo de subsistencia equiparable al salario mínimo interprofesional" ya está garantizado por la institución penitenciaria. Por tanto, el auto establece que "todo el exceso debe de ir destinado a la satisfacción del interés de las víctimas y al pago de su responsabilidad civil".

La madre de Gabriel Cruz ha denunciado en su escrito que, cuando han pasado siete años desde el crimen, apenas se han abonado "menos de 250 euros" en concepto de responsabilidad civil.

Con esta nueva medida, la acusación particular espera que el centro penitenciario informe puntualmente sobre la situación económica de la reclusa, incluyendo trabajos realizados o cantidades depositadas en su peculio, para evitar que la situación de impago se repita.

Pide que investiguen los bienes de la condenada fuera del país

Además, Patricia Ramírez ha comunicado que su representación legal ha solicitado nuevamente a la Audiencia la investigación de bienes de la condenada fuera de España.

Ha denunciado que nadie les ha informado de la existencia de su "presunta casa", una propiedad que constaba en las diligencias policiales iniciales y que incluso ha sido mencionada en documentales sobre el caso. Esta solicitud se encuentra aún pendiente de contestación por parte del tribunal.

En el comunicado, Ramírez ha hecho referencia a su seguridad y ha revelado que la Fiscalía ha calificado recientemente como "graves" unas supuestas amenazas recibidas. Ramírez ha expresado su confianza en que este paso, junto con el embargo económico, sea el inicio de una etapa donde se trabaje efectivamente en la protección sus derechos y seguridad.