La Justicia admite la querella por la muerte de Sandra Peña y mantiene bajo investigación al colegio
La querella presentada por la familia de Sandra Peña, la menor de 14 años que se suicidó en octubre en Sevilla, ha sido admitida por el juzgado
La familia de Sandra Peña prepara una querella contra el colegio: "Han sido las peores Navidades de nuestras vidas"
SevillaLa querella que interpuso el pasado viernes la familia de Sandra Peña, la menor de 14 años que se suicidó en octubre en Sevilla, ha sido admitida por el juzgado, según ha informado este miércoles el tío y portavoz de la familia, Isaac Villar.
La acción judicial se ha presentado contra el colegio Las Irlandesas de Loreto, así como contra algunos responsables y docentes del centro relacionados con Peña, por no haber actuado conforme al protocolo en el acoso que sufría la menor, situación que, según la familia, la llevó a quitarse la vida.
Este miércoles, la familia se ha reunido con la Consejera de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía, Carmen Castillo, en la sede de la Consejería en Sevilla. Mientras tanto, la administración mantiene abierta una investigación por la vía administrativa, actualmente en pausa a la espera de lo que se resuelva en la vía judicial.
Una lucha que busca evitar tragedias similares
"Nos han declarado que van a llegar hasta el final de la investigación y tomarán todas las medidas acordes a los hechos que se demuestren", ha afirmado Villar, quien ha añadido que se sienten "muy arropados por la Junta".
El portavoz ha agradecido también "el cariño que están recibiendo de la sociedad" y ha asegurado que la única manera de corresponder es "seguir con esta lucha". Villar ha señalado que los padres continúan muy afectados por lo sucedido y que recordar constantemente los hechos no es fácil ni ayuda a superar la pérdida, pero considera necesario seguir adelante. Mantener esta lucha, ha recalcado, es clave para impulsar cambios y evitar que tragedias similares se repitan.
La menor se quitó la vida tras salir del colegio
El pasado 14 de octubre, la menor se quitó la vida tras salir del centro educativo, arrojándose desde la azotea de su casa. Este suceso motivó la apertura de una investigación por parte de la Policía Nacional y de la Consejería de Desarrollo Educativo.
La administración decidió trasladar la información recabada en el colegio privado concertado a la Fiscalía, al detectar que no se habrían activado debidamente ni el protocolo de acoso escolar ni el de conductas autolíticas. Además, abrió un expediente administrativo para depurar posibles responsabilidades ante esta supuesta falta de actuación.
