Muere tras el supuesto retraso en su operación de hernia en Sevilla y su familia reclama 281.000 euros de indemnización
La víctima, un hombre de 46 años, falleció tras sufrir una isquemia intestinal masiva que no fue diagnosticada a tiempo pese a acudir dos veces a urgencias
El letrado Pedro Arnaiz denuncia que se tardó casi 24 horas en intervenir al paciente desde su ingreso, cuando el daño ya era irreversible
SevillaLa familia de un sevillano de 46 años ha formalizado una reclamación de responsabilidad patrimonial contra el Servicio Andaluz de Salud (SAS) en la que solicitan una indemnización de 281.655 euros. La demanda, dirigida por el abogado Pedro Arnaiz, sostiene que se produjo una "mala praxis" derivada de un retraso injustificado tanto en el diagnóstico como en el tratamiento quirúrgico de una hernia intestinal, lo que desembocó en una isquemia mesentérica masiva y el posterior fallecimiento del paciente en abril de 2025.
El calvario de la víctima comenzó semanas antes de su muerte. Según el escrito de reclamación al que ha tenido acceso la web de Informativos Telecinco, el hombre acudió por primera vez a urgencias del Hospital San Juan de Dios el día 3 de marzo de 2025 con fuertes dolores abdominales y con vómitos. Tras una radiografía simple, fue diagnosticado de una gastroenteritis aguda y enviado a su domicilio. Sin embargo, los síntomas persistieron de forma reagudizada hasta que, el 4 de abril, acudió al Hospital Universitario Virgen Macarena.
El pulso por el ingreso y la demora en las pruebas
A pesar de que los facultativos del Virgen Macarena, según denuncian, pretendieron darle el alta inicialmente tras una nueva radiografía, la firme negativa del paciente y de su esposa forzó su ingreso en planta. No fue hasta la mañana siguiente, el 5 de abril a las 08:00 horas, cuando se le practicó un TAC con contraste.
Los resultados resultaron ser demoledores para esta familia ya que el estudio revelaba una dilatación de asas, abundante líquido y signos sugestivos de "sufrimiento de asas" por una posible hernia interna o vólvulo de intestino delgado.
Sin embargo, aseguran que la gravedad del hallazgo, que indicaba una urgencia vital según el escrito del abogado, no aceleró los tiempos de forma efectiva. Según la denuncia, aunque el diagnóstico se conocía desde primera hora de la mañana, la intervención quirúrgica no se inició hasta las 16:42 horas, casi 24 horas después de su entrada en urgencias y ocho horas después de los resultados del TAC. Para entonces, la hoja quirúrgica reflejó que ya era "demasiado tarde" y los médicos hallaron una necrosis transmural masiva que hacía imposible cualquier resección.
Sedación paliativa y fallecimiento
Ante el pronóstico "infausto" tras abrir al paciente y comprobar que el intestino no era viable, los cirujanos procedieron al cierre y solicitaron la colaboración de medicina interna para iniciar una sedación paliativa. El paciente falleció apenas unas horas después, a las 03:13 horas del 6 de abril, por un shock séptico derivado de la isquemia intestinal.
La familia pone el foco en que, durante las horas previas a la cirugía, el dolor se trató exclusivamente con morfina, enmascarando un cuadro que requería una actuación inmediata. "Existe una responsabilidad médica por la que se debe responder, pues se ha causado un daño que debe ser indemnizado", subraya el abogado Pedro Arnaiz en el escrito presentado ante la Administración.
Supuestas irregularidades en la entrega del historial clínico
La reclamación también destaca un incidente procesal previo. La familia tuvo que recurrir a Diligencias Preliminares judiciales para obtener la historia clínica completa. Según el letrado, el SAS omitió en un primer requerimiento informes de importancia, que solo aparecieron tras una segunda orden judicial, desconociéndose las causas de dicha omisión inicial.
La cuantía reclamada (281.655 euros) se desglosa en indemnizaciones para la viuda y el hijo menor de edad (de solo cinco años), incluyendo el perjuicio patrimonial y el lucro cesante, calculados de forma analógica al baremo de accidentes de tráfico. La familia defiende que el funcionamiento de los servicios públicos fue deficiente, privando al paciente de una oportunidad de supervivencia que un diagnóstico y una cirugía precoz habrían garantizado.
