"La vida de mi hijo no vale seis años": el desgarro de un padre tras la condena al asesino de Isla Mayor, Sevilla

SevillaLa justicia ha dictado sentencia, pero para la familia de Daniel no hay alivio posible. El Juzgado de Menores número 3 de Sevilla ha condenado a seis años de internamiento en régimen cerrado al joven que, con solo 15 años, acabó con la vida de Daniel, de 17, en la madrugada del pasado 2 de julio en Isla Mayor.

Pese a tratarse de la pena máxima que permite la actual Ley del Menor para esta franja de edad, el padre de la víctima se muestra contundente tras conocer el fallo: "Sabiendo la injusticia que hay en España, ¿Cómo se puede estar satisfecho? No me creo que la vida de una persona valga seis años", lamenta Francisco José Márquez.

Los hechos probados en la sentencia describen una secuencia de una "gravedad máxima" y una violencia "gratuita". Todo comenzó cuando el agresor le exigió a Daniel que le entregara su ciclomotor tras un altercado en la pedanía de Alfonso XIII. Ante la negativa de la víctima, el condenado —que según el juez posee una personalidad de "marcada agresividad y peligrosidad social"— persiguió a Daniel en un patinete eléctrico al grito de "lo voy a matar" y "vamos a robarle todo lo que tenga". Tras alcanzarle en una parada de autobús, le asestó cuatro puñaladas con una navaja que solía exhibir habitualmente para amedrentar a su entorno.

El magistrado no ha ahorrado calificativos en su resolución, destacando que el acusado acabó con la vida de un menor de forma injustificada y herido en su "orgullo" por no haber logrado el robo. Sin embargo, el propio juez reconoce en el texto la limitación legal a la que se enfrenta, un punto en el que el padre de Daniel hace especial hincapié. "En la sentencia, hasta el juez se ha pronunciado diciendo que ha pedido lo máximo, pero que hay que revisarlas. Si un profesional dice eso, imagínate una familia dolida", explica el progenitor a la web de Informativos Telecinco, subrayando que la actual normativa es, a su juicio, insuficiente para delitos de sangre.

Una vida truncada por un forcejeo

Daniel, vecino de La Puebla del Río, llegó a llamar al 061 de manera agónica antes de fallecer por una hemorragia aguda en el tórax. Mientras él se desplomaba, su agresor huía a casa con la navaja ensangrentada presumiendo ante sus amigos de lo que acababa de hacer. Además de los seis años de internamiento —que incluyen tres de libertad vigilada posterior—, el juez ha impuesto una indemnización de 310.000 euros para los padres y el hermano de la víctima por el "daño moral e indescriptible sensación de soledad" causada.

Para la familia, no hay cuantía económica ni años de régimen cerrado que compensen la pérdida, pero sí ven en este caso una oportunidad para abrir un debate nacional sobre la reforma de la Ley 5/2000. "Ese día le tocó a mi familia, pero estamos casi a diario con delitos de sangre cometidos por menores. ¿Cuántas criaturas tienen que morir más para que se modifique la ley?", se pregunta el padre, quien critica que mientras su hijo ya no está, los beneficios educativos y terapéuticos del sistema se centren en quien le arrebató la vida.

Un perfil de peligrosidad conocido

La sentencia también pone el foco en los antecedentes del agresor, descrito en los informes policiales por su "fama" en el municipio sevillano debido a su implicación en otros hechos delictivos y el uso constante de armas blancas. De hecho, durante el juicio, un testigo declaró que el joven ya le había puesto una navaja en el cuello en ocasiones anteriores. Pese a estas señales de alerta, el sistema solo ha podido actuar tras el asesinato de Daniel, aplicando una medida que busca la "competencia social" del menor, pero que para la familia de la víctima es sinónimo de impunidad.

Con la notificación de este fallo, sobre el que cabe recurso de apelación ante la Audiencia de Sevilla, se cierra el capítulo judicial en la provincia, pero se mantiene abierta la lucha de una familia que no acepta que el asesinato de un hijo se salde con una estancia de seis años en un centro. Daniel tenía 17 años y toda una vida por delante que se detuvo en una parada de autobús de Isla Mayor por no querer entregar su moto.