El Consejo Consultivo respalda la anulación de la licencia de obras de El Algarrobico, en Almería
El Consejo Consultivo de Andalucía avala la nulidad de la licencia de obras de El Algarrobico por vulnerar la normativa ambiental y la Ley de Costas
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La demolición del hotel de El Algarrobico, en Carboneras, en Almería, parece más cerca después de que el Consejo Consultivo de Andalucía (CCA) haya avalado la nulidad de pleno derecho de la licencia de obras concedida en 2003 al complejo, un pronunciamiento preceptivo y vinculante que obliga al Ayuntamiento a elevar al pleno municipal la anulación definitiva del permiso urbanístico.
El dictamen, aprobado por unanimidad de la Comisión Permanente del CCA, respalda la revisión de oficio impulsada por el Consistorio para dar cumplimiento a las sentencias firmes dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en 2021 y por el Tribunal Supremo en 2022, que ordenaban iniciar este procedimiento.
Incompatibilidad con la normativa ambiental y de costas
El órgano consultivo concluye que la licencia vulneró tanto la normativa medioambiental como la Ley de Costas. Tras revisar la planimetría original del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, publicada en 1994, determina que la parcela estaba clasificada como suelo no urbanizable protegido (zona C1), por lo que rechaza la interpretación mantenida durante años por el Ayuntamiento de Carboneras de que el suelo era urbanizable.
Asimismo, sostiene que el permiso urbanístico incumplió la Ley de Costas de 1988 al invadir la servidumbre de protección de 100 metros desde la ribera del mar. El hotel se proyectó conforme a un planeamiento previo que contemplaba solo 20 metros y que, según el Consultivo, debía haberse adaptado antes de conceder la licencia.
Rechazo a las alegaciones de la promotora
El CCA rechaza además las alegaciones de la promotora Azata del Sol, que invocaba el transcurso de más de veinte años desde la concesión del permiso, al entender que la dilación se debe a la intensa litigiosidad mantenida durante estas dos décadas.
El dictamen tampoco se pronuncia sobre una eventual indemnización, cuestión que remite a un procedimiento específico. El hotel, promovido por Azata del Sol, comenzó a construirse en 2003 junto a la playa de El Algarrobico, en pleno Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, hasta convertirse en uno de los principales símbolos del urbanismo ilegal en el litoral español.
La construcción quedó paralizada por orden judicial en febrero de 2006 tras una demanda impulsada por la asociación Salvemos Mojácar y el Levante Almeriense.
Presión ecologista para acelerar la demolición
Tras conocerse el dictamen, esta asociación ecologista ha advertido de que presentará una querella criminal por presunta prevaricación contra el alcalde de Carboneras, Salvador Hernández, si el Ayuntamiento no declara “de inmediato” la nulidad de la licencia o si acordase mantener su legalidad.
Por su parte, Greenpeace también ha reclamado la demolición al considerar que ya “no hay obstáculos administrativos” para ello. Hernández ha defendido la actuación del Consistorio y ha asegurado que el Ayuntamiento “colabora y cumple estrictamente” con las resoluciones judiciales relacionadas con el hotel.
Según ha explicado, el siguiente paso será llevar al pleno municipal la propuesta de nulidad para someterla a deliberación y votación de todos los concejales.
El regidor ha reclamado además “lealtad institucional” al Gobierno central y a la Junta de Andalucía, al sostener que Carboneras “no puede seguir siendo la principal perjudicada” de una situación “en la que tenemos responsabilidad todas las administraciones”.
Gobierno y Junta apuntan al derribo inminente
Por su parte, el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha sostenido que la restitución de la legalidad urbanística solo puede lograrse “mediante la demolición”.
Mientras tanto, la consejera andaluza de Fomento en funciones, Rocío Díaz, ha afirmado que “queda poco” para iniciar el derribo y ha pedido al Ayuntamiento “la máxima celeridad”.
El Gobierno ha informado además de que ha remitido a la Junta de Andalucía una solicitud para convocar “de forma inmediata” la comisión de seguimiento del convenio entre el Ministerio para la Transición Ecológica y la administración autonómica, con el objetivo de abordar la demolición del edificio y la restauración ambiental del enclave.
Desde el Ejecutivo central se ha defendido que siempre sostuvo la nulidad de la licencia y se ha considerado el dictamen un paso “determinante” para acabar con “este atentado ambiental”.
Finalmente, el subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha explicado que la comisión mixta está actualmente presidida por la Junta de Andalucía, por lo que corresponde a la administración autonómica fijar “fecha y hora” para su celebración, instando al Ejecutivo andaluz a hacerlo lo antes posible.
