La limitación del número de licencias de servicios para VTC en el área metropolitana de Barcelona es contraria al Derecho de la Unión. Esta ha sido la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea por la ratio 1/30 que afecta a Uber y Cabify, tras años de conflictos con el gremio de los taxistas.
El tribunal europeo, con sede en Luxemburgo, ha dictado que la regulación en el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) dee un VTC por cada 30 permisos a servicios de taxi, vulnera la norma europea, porque supone una restricción a la libertad de establecimiento "desproporcionada".
Sin embargo, sí avala que las administraciones puedan exigir "una doble licencia para gestionar el transporte, el tráfico, el espacio público, incluso las medidas para la protección del medio ambiente", según la sentencia que el TJUE ha dado a conocer este jueves, en la que resuelve una cuestión relativa al Área Metropolitana de Barcelona (AMB), pero que trasciende a todo el territorio nacional, por la ratio 1/30 que afecta a plataformas como Uber y Cabify.
Los magistrados del Tribunal de Justicia de Europa en su sentencia explican que el “objetivo de garantizar la viabilidad económica de los servicios del taxi” no avala por no ser "idónea" el imponer la restricción de un VTC por cada 30 taxis.
Además plantea que existen medidas "menos restrictivas" para limitar el posible impacto de la flota de VTC, por ejemplo con limitación del servicio durante determinadas franjas horarias, mediante restricciones de circulación en determinados Espacios o con límites de emisión aplicables a los vehículos que circulan por el AMB.
La sociedad Prestige and Limousine, S. L. (P&L), titular de autorizaciones de explotación de un servicio de arrendamiento de vehículos de turismo con conductor en el área metropolitana de Barcelona impugnó ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJCat) el reglamento de servicios de VTC en todo el área metropolitana, solicitando su anulación.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por las dudas que planteaba el conflicto sobre la compatibilidad con el Derecho de la Unión tanto de la limitación impuesta al número de autorizaciones de servicios de VTC, así como el del régimen de "doble autorización" a los servicios en el área metropolitana de Barcelona, decidió plantear al Tribunal de Justicia una petición de decisión prejudicial al respecto.