Bruselas inicia un expediente a España por las condiciones impuestas para frenar la OPA del BBVA sobre el Sabadell
La Comisión Europea considerar que el alcance de la normativa española permite actuar más allá del interés general
España tendrá que resolver las diferencias con Bruselas para evitar que la OPA acabe en el TJUE
La Comisión Europea ha anunciado un expediente de infracción contra España por los poderes discrecionales que varias normas en la legislación española otorgan al Gobierno para poder frenar operaciones como la Oferta Pública de Adquisición, OPA, de BBVA a Sabadell, al considerar que su alcance permite actuar más allá del interés general. Por parte del Ejecutivo ha salido en defensa de su postura la ministra de Trabajo y vicepresidenta, Yolanda Díaz.
El Ejecutivo comunitario da ahora dos meses al Gobierno para que responda a sus inquietudes, que van desde la consideración de que la transposición de dos leyes europeas necesita un cambio profundo hasta las dudas sobre si la intervención del Gobierno en la operación responde a un verdadero motivo de interés general.
Al respecto, fuentes comunitarias han señalado a varios medios españoles, entre ellos Europa Press, que si hubiese habido algún tipo de motivo genuino de interés público, esta intervención no habría supuesto un problema, pero advierten de que en estas cuestiones bancarias no cabía elevar la decisión de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) al Consejo de Ministros, como se hizo el 27 de mayo.
El envío de esta carta de emplazamiento es el primer paso de un expediente sancionador que permitirá el diálogo entre Bruselas y Madrid para resolver las diferencias y que, en última instancia, permitirá a la Comisión elevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).
La OPA seguirá adelante
Con todo, este proceso no afectará en la práctica a la operación de BBVA sobre el Sabadell, ya que lo que preocupa al Ejecutivo comunitario es cómo la legislación española no está alineada con el Derecho de la UE.
Bruselas espera ahora que España corrija los fallos detectados en la directiva de requisitos de capital y en la ley de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, que requieren un cambio bastante profundo, mientras que las que afectan a la ley de defensa de la competencia necesitan orientarse y utilizarse debidamente.
Según han explicado fuentes comunitarias, las dos primeras disposiciones otorgan al ministro de Economía una capacidad discrecional de veto y un poder para decidir sobre operaciones bancarias que puede socavar los poderes del Banco Central Europeo (BCE), que son exclusivos en este ámbito.
La reacción del Gobierno
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha defendido la actuación del Gobierno en la opa del BBVA al Sabadell. En declaraciones a los medios, Díaz ha explicado que el Gobierno de España lo que está haciendo es defender los intereses generales del país y protegiéndolo del elevado riesgo de concentración bancaria.
"Está protegiendo nada más y nada menos que a los trabajadores y trabajadoras de la banca en nuestro país", ha añadido, antes de decir que el BBVA habló de 5.000 despidos y los sindicatos elevan esa cifra a 10.000 en caso de que prosperara la opa y hubiera una fusión.
El BBVA, desde que lanzó la opa en mayo de 2024, nunca ha hecho pública ninguna cifra sobre el potencial impacto que tendría sobre el empleo la operación y su presidente, Carlos Torres, ha reiterado en repetidas ocasiones que el grueso de los ahorros no vendrían de los ajustes de personal, que en todo caso se pactarían con los sindicatos.
Díaz ha considerado también que con la actuación del Gobierno, que impide que en los próximos tres años pueda haber una fusión del BBVA y el Sabadell, el Ejecutivo está protegiendo "a los consumidores y consumidoras". "Por tanto, el Gobierno de España está haciendo lo que tiene que hacer, que es defender un servicio público financiero que es clave en las sociedades democráticas y desde luego, el bienestar en nuestro país", ha concluido.
