Ayudas y subvenciones públicas

Dudas y preguntas sobre la ayuda por hijos: ¿Cuándo se va a aprobar la prestación universal por crianza? ¿Cuáles son los requisitos?

En España, uno de cada tres niños se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social, según la tasa Arope. Europa Press
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El anuncio por parte del Gobierno de una nueva prestación de carácter universal para apoyar la crianza y erradicar la pobreza infantil no es nuevo. Los socios del Ejecutivo, con el acento puesto en Sumar, tratan de sacar adelante esta iniciativa con el horizonte puesto en su inclusión en unos Presupuestos Generales del Estado que no acaban de llegar. La medida, formulada en un paquete genérico, forma parte de una estrategia más ambiciosa de desarrollo sostenible de cara a 2030. Poco se sabe de los requisitos que se exigirán, pero es posible avanzar en algunas de las características que podría tener la propuesta.

La ayuda aún está en fase de objetivo programático. Los ministerios de Derechos Sociales y de Juventud e Infancia intentaron incorporarla en los Presupuestos del año pasado, pero el Gobierno no logró presentar las cuentas por falta de apoyos parlamentarios.  

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Como informa el diario ABC, Sumar presiona para que se incluya en una nuevas cuentas públicas, aunque actualmente siguen prorrogados las de 2023. El ministro Pablo Bustinduy ha expresado su deseo de que la medida “vea la luz cuanto antes”, pero no hay fecha prevista.

¿Qué se sabe de la medida?

A falta de que el Ejecutivo desarrolle esta nueva prestación, diversas fuentes han intentado desentrañar las principales características de la propuesta que serían las siguientes:

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  • Universalidad: la prestación sería accesible para todas las familias con menores de 18 años, sin límites de ingresos ni condiciones socioeconómicas.  
  • Residencia: no sería necesario tener nacionalidad española; bastaría con residencia legal en España.  
  • Documentación: se exigiría identificación de los miembros de la unidad familiar y acreditación de la tutela o filiación (Libro de Familia u otros documentos).  
  • Edad de los menores: la ayuda cubriría a hijos menores de 18 años, aunque el Gobierno no descarta una implantación gradual, empezando por edades más bajas.  
  • Número de hijos: no habría límite.  
  • Compatibilidades: sería compatible con el Ingreso Mínimo Vital. Sobre otras ayudas, como el CAPI, el Gobierno admite que habría que “reformularlas”.

La propuesta inicial fija 200 euros al mes por hijo (2.400 euros anuales), aunque también se estudia una versión reducida de 100 euros mensuales. El pago se realizaría mediante ingreso directo en la cuenta bancaria del solicitante.

Si todos los menores de 0 a 18 años la solicitaran, el gasto rondaría los 19.000 millones de euros anuales, aunque el Ejecutivo prevé un coste real menor. El Gobierno recuerda que la pobreza infantil supone un impacto económico estimado del 5 % del PIB, más de 60.000 millones al año.

Una propuesta aún en el aire

La falta de apoyos parlamentarios del Gobierno supone un problema para el desarrollo de esta medida como alertan organizaciones sociales. Unicef, por ejemplo, ha pedido que la propuesta no se quede en promesa y se convierta en realidad lo antes posible.

La entidad de defensa de la infancia destaca que sería necesario que la medida cuente con el presupuesto correspondiente y aboga por implementarla "cuanto antes": "La situación actual así lo requiere".

En España, uno de cada tres niños se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social, según la tasa Arope, recogida en la Encuesta de Condiciones de Vida, publicada por el INE la semana pasada.

Unicef cree que es "un primer paso" que el Gobierno incorpore la medida en la estrategia. "No puede quedarse en promesa. Tiene que convertirse en una realidad para que mejore las vidas de los niños y niñas que se encuentran en situación de pobreza en España", ha asegurado Lucía Losoviz, responsable de Incidencia.

La entidad lleva años reclamando una prestación universal progresiva por niño, niña o adolescente, articulada a través de la declaración de la renta.

Calcula que si esta prestación fuera de 100 euros mensuales, se reduciría la pobreza infantil monetaria un 11 %, rescatando de esa situación a 270.000 menores; si fuera de 200 euros, serían 530.000 los niños que saldrían de la pobreza.