Lo primero que tenemos que tener en cuenta es qué tipo de contrato tenemos. Existen tres modalidades: un contrato bilateral con cualquier comercializadora; pagar un precio fijo durante 12 meses; o el denominado Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (conocido como PVPC).
El primero consiste en contratar el suministro de la energía eléctrica con cualquier compañía en el mercado libre. Esto quiere decir que contrataremos el servicio al precio y a las condiciones que negociemos con dicha empresa. Esta modalidad puede incluir cláusulas especiales o servicios adicionales que dependerán de la compañía. Se trata de la misma operación que cuando contratamos cualquier servicio con una empresa.
La segunda opción, la de pagar un precio fijo durante 12 meses, responde al Real Decreto 216/2014, de 28 de marzo (título IV). En este caso pagamos un precio fijo por obtener energía eléctrica durante 12 meses. El coste de esta tarifa lo fija cada empresa, pero la ley establece unas condiciones de obligatorio cumplimiento:
La tercera modalidad es el Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (conocido como PVPC), es decir, las personas acogidas al mercado regulado de la luz. Se trata de un sistema del Gobierno para determinar el precio de la luz establecido por este organismo para todos los clientes del mercado eléctrico regulado. Para poder acogerse a ella los consumidores tendrán que tener un contrato con una Comercializadora de Referencia y una potencia contratada no superior a los 10 kW.
Entonces, ¿A qué personas afectará exactamente esta subida de la luz? Hernán Martínez, portavoz de Energía en Kelisto.es, una comparadora de tarifas eléctricas, explica que esta subida de precios en cuestión afectará a aquellos usuarios que se acojan a las tarifas reguladas, es decir, a la tercera modalidad explicada: el Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor. Las compañías, a partir de este mes, tienen que hacerse cargo del coste de la regeneración eléctrica, algo que afecta al precio del mercado mayorista que se usa de referencia para calcular el precio de la luz en la tarifa regulada. Esto quiere decir que aquellos que se encuentren con un contrato en el mercado libre no notarán ninguna diferencia en cuanto al precio de la luz.
Asimismo, Martínez recuerda que esta subida también influirá a las personas que cuenten con un Bono Social. Se trata de una ayuda del Gobierno para consumidores vulnerables que aporta entre un 25% y un 40% de descuento en la factura.
Por lo tanto, este incremento afectará a aquellos con menos recursos para hacerle frente a las facturas. Hay que recordar que según el ‘VIII Informe sobre el estado de la pobreza en España 2018’ en 2017 casi 3,5 millones de personas han tenido retrasos en el pago de facturas de electricidad, gas, agua, comunidad, etc. a lo largo del año. Según Carlos Susías, presidente de a Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN España), esta subida puede acarrearles “riesgos de impago, aumentos de deuda y riesgo de baja en los suministros” a aquellas personas que se encuentran en vulnerabilidad energética.
El Ejecutivo ha estimado que la suspensión de la medida que eliminaba el impuesto del 7% provocará que las facturas se disparen un 4%, lo que equivaldría a unos cuatro o cinco euros al mes. ¿Que podría hacer el Gobierno para evitar estas subidas? Martínez considera que se podría reducir el IVA de las facturas, ya que este impuesto es el más alto que se aplica a la luz y es de un 21%. Considera también que otra solución sería “liberalizar todo el mercado” eliminando la tarifa regulada.
Susías, en cambio, opina que “la pobreza energética no se puede desvincular de la pobreza general”. Es por ese motivo que este organismo considera que es necesario que se forme un’ Pacto de Lucha contra la Pobreza’. Considera también que el IVA que tendría que aplicársele al precio de la energía debería ser el reducido o superreducido en el consumo doméstico o en servicios públicos de primera necesidad como hospitales, residencias de mayores, escuelas, etc., debido a que para ellos “la energía es un requisito indispensable para satisfacer necesidades básicas”.
España es el quinto país europeo con la luz más cara según Eurostat y esto, según Martínez, es porque “del precio medio se debe a los impuestos y costes regulados que se deben de pagar”. También hay que tener en cuenta que España depende del coste de producción eléctrica de las centrales que emplean carbón y gas natural como combustible, unos precios que han subido en los últimos meses.
Ante esta situación, OCU (Organización de Consumidores y Usuarios) ha lanzado una campaña con el objetivo de “darle la vuelta al mercado de la energía y mejorar la posición del consumidor”. OCU denuncia que, desde hace diez años, fecha en la que se aprobó la Tarifa de Último Recurso, lo que hoy se conoce como PVPC, la factura de la luz ha crecido un 34%.
Antes de nada tenemos que averiguar si existe una tarifa más barata que la que pagamos o si cumplimos las condiciones para adscribirnos al bono social facilitado por el Gobierno. De hecho, EAPN denuncia que según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, el 41% de los hogares desconoce qué tarifa eléctrica tiene contratada y el 24% desconoce la potencia contratada. Subraya que es importante que aquellas viviendas que viven en situación de pobreza energética conozcan la existencia del bono social y térmico.
Una vez comprobado ese aspecto podemos seguir las siguientes recomendaciones: