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Ocho millones y medio de personas se encuentran en exclusión social en España (1,8 millones más que en el 2007) y además los llamados “expulsados” de la sociedad se han multiplicado por tres llegando a 1,2 millones. Cifras que demuestran que aunque todo parezca recuperado, hay millones de personas que se acercan al vacío.
Además, por primera vez la vivienda se convierte en el principal factor de exclusión social, por encima del empleo. Álvaro, de Granada, pone rostro a este drama. Porque no hablamos de números. Con una pequeña de dos años, cuenta cómo intenta ajustarse a su vivienda con 600 euros de hipoteca más 1000 de gastos. Con estas cuentas es uno de los dos millones de personas que podría quedarse sin hogar. La inseguridad, el hacinamiento, los alquileres desorbitados o las hipotecas hacen que a muchos la casa se les venga encima. Una pobreza residencial que, en ocasiones, se une a la pobreza laboral, un “pack mortal” para las personas en riesgo de exclusión.
Hay muchos Alvaros que son el rostro de la sociedad estancada, un nutrido grupo de personas para quienes “el ascensor de la movilidad social no funciona y no es capaz de subir siquiera a la primera planta”. Esa es una de las principales conclusiones del informe Sobre exclusión y desarrollo social en España elaborado por la Fundación Foessa y que ha presentado hoy Cáritas. El impacto de la crisis y la subida de impuestos ha provocado que la mitad de la población española sea reacia ya a más ayudas sociales. Eso sí, la xenofobia no arraiga afortunadamente porque solo un 4% señala a los inmigrantes como culpables de la mala situación económica. Estos son algunos de sus titulares que los partidos políticos deberían tener en cuenta:
Hay 4,1 millones de personas en situación de exclusión social severa. Son los ciudadanos sobre los que se ceba la desigualdad y la precariedad en sus diferentes formas: vivienda insegura e inadecuada, desempleo persistente, precariedad laboral extrema e invisibilidad para los partidos políticos. Dentro de este grupo en exclusión social severa existe un grupo de expulsados, que suman 1,8 millones de personas (600.000 en 2007), que acumulan tal cantidad de dificultades y de tal gravedad que exigirían de una intervención urgente, profunda e intensa en recursos para garantizarles su acceso a una vida míninamente digna.
La investigación trae, sin embargo, una buena noticia, ya que un 48,4% de la población ha recuperado sus niveles de vida previos a la crisis. Eso sí, dentro de este grupo, hay un porcentaje que dice encontrarse en el filo de la navaja e intuye que ante una eventual acudida, en una nueva crisis, su sostén económico se quebrará.
Las personas con bajos ingresos y en exclusión social participan menos en los procesos electorales: se registran tasas de hasta el 75% de abstención en los barrios más desfavorecidos, que constituyen un precariado político que no participa en los canales tradicionales de representación.
En primer lugar, la vivienda es un motor elemental de la desigualdad y un factor clave en las dinámicas de exclusión social. El acceso a una vivienda digna se ha convertido en un derecho inaccesible para muchas familias, que sufren la inseguridad y la inadecuación de su hogar, y tiene una influencia notable sobre los recursos económicos, sobre el estado de salud y sobre los proyectos vitales de los más jóvenes. De hecho, en los últimos dos años el alquiler ha subido un 30%. El 11% de la población vive bajo el umbral de la pobreza severa, una vez descontados los gastos o deudas relacionadas con el pago de la
vivienda y los suministros de la misma. Un total de 2,1 millones de personas en España viven con la incertidumbre de quedarse sin vivienda, un 4% de los hogares.
El 14% de las personas que trabajan están en exclusión social
Uno de cada tres contratos temporales dura menos de siete días. El 15,1% de los hogares sufre inestabilidad laboral grave (son hogares en los que la persona principal ha pasado por 6 o más contratos, o por 3 o más empresas, o ha estado 3 o más meses en desempleo durante el último año). Aunque se ha conseguido reducir la exclusión por el empleo en un 42%, sin embargo 1 de cada 4 personas activas del conjunto de la población se encuentran en situación de exclusión del empleo. Si miramos solamente a las personas en exclusión social, serían 1 de cada 2. De hecho, el 20% de las personas en hogares con al menos una persona desempleada no ha realizado ninguna formación ocupacional en el último año. El 37% de los excluidos del empleo lo están también en la vivienda.
El 33% de las familias numerosas y el 28% de las familias monoparentales se encuentran en exclusión social. El 21% de todos los hogares con menores se encuentran en exclusión social.
Una mujer necesita trabajar 1,5 horas más al día para ganar lo mismo que un hombre. Si esa mujer es inmigrante, 2 horas más. Cuando una mujer es la sustentadora principal del hogar tiene más problemas económicos para acudir a ciertos servicios médicos (odontología, tratamiento psicológico, podología). Los hogares sustentados por mujeres tienen que reducir con más intensidad los gastos de suministros de la casa y los gastos en comunicaciones. Y tienen más retrasos en los pagos de recibos o en los pagos de alquiler de la vivienda.
El 8,8% de la población ha dejado de comprar medicinas
Seguir tratamientos o dietas no siempre es posible debido a problemas económicos. El 15% de la población no puede acceder a un tratamiento bucodental porque no se lo puede permitir. Uno de cada tres hogares necesita cuidados bien por crianza, por edad avanzada, por dependencia o por enfermedad. En el caso de edad avanzada, enfermedad crónica o discapacidad, el 27% de los cuidadores principales son hombres de la familia, el 64% son mujeres de la familia, el 7,8 son personas remuneradas o contratadas y el 1,2 es la Administración.
Las desigualdades han ido en aumento en el caso de la sanidad, donde, por ejemplo, en 2019 no se ha recuperado todavía el nivel de gasto sanitario de los recortes iniciados hace diez años. Y, particularmente, en el sistema de dependencia. No obstante, la crisis ha sido también una oportunidad para acometer mejoras en coordinación y eficiencia. Destaca el retroceso registrado en el impacto del efecto sustitución que se ha dado, por ejemplo, en la extensión del seguro privado de salud como compensación a las
deficiencias del sector público sanitario: el número de personas con cobertura sanitaria privada aumenta del 13,3% en 2012 al 16,3% en 2017.
En doce años, la cuantía por prestación por hijo cargo solo ha subido 5 céntimos mensuales (de 24,25 a 24,30 euros mensuales).
El informe FODESSA 2018 de Cáritas Española advierte del peligroso camino que llevamos: una espiral en la que seguimos metidos… y peor que durante la crisis. Deberíamos tenerlo en cuenta.