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Gobierno y agentes sociales han logrado un principio de acuerdo para reformar el sistema de pensiones, en virtud del cual se actualizarán las pensiones contributivas en función del IPC y se intentará acercar la edad efectiva de jubilación (64,6 años) a la edad legal mediante un endurecimiento de las jubilaciones anticipadas y mayores incentivos al retraso de la jubilación. El pacto se aprobará, previsiblemente, el martes 6 de julio, una vez que la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) lo ratifique en sus órganos internos de gobernanza.
Se trata de la primera pata de la reforma de pensiones comprometida con Bruselas en el componente 30 del Plan de Recuperación y con ella se suprimen dos de los aspectos más polémicos de la reforma de pensiones de 2013: el índice de revalorización de las pensiones (IRP), que limitaba su subida anual a un 0,25% en situaciones de déficit, y el llamado factor de sostenibilidad.
El acuerdo, desarrollado en un texto normativo con forma de anteproyecto de ley, garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo de la pensiones contributivas, incluidas las mínimas, al vincular su revalorización anual con la variación interanual media del IPC de los 12 meses anteriores a diciembre del año anterior. Si esta variación fuera negativa, el importe de las pensiones no variará al comienzo del año.
Tal y como ha avanzado en varias ocasiones el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, en el anteproyecto se establecen una serie de medidas para desincentivar el retiro anticipado del mercado laboral cuando éste es voluntario.
En un comunicado conjunto, los sindicatos han destacado que la reforma supone la inclusión del compromiso del Estado como "garante" público del sistema de pensiones, incluyéndose en la Ley General de Seguridad Social una cláusula mediante la que anualmente se realizará una transferencia a través de los Presupuestos Generales del Estado por un 2 % del PIB, alrededor de unos 21.000 millones.
Se culmina así el cumplimiento del principio de separación de fuentes y se garantiza cerca de la mitad del incremento de financiación adicional que se prevé que necesitará el sistema de pensiones para 2050, momento clave del incremento del gasto por la jubilación del denominado "baby boom", añaden.
El acuerdo de pensiones, explican, supone también una revisión del modelo de jubilación anticipada "reduciendo de forma generalizada los coeficientes reductores", dando "mayor equidad" a las reglas de jubilación anticipada y ampliando los derechos de jubilación en varias modalidades.
Se igualan también, detallan los sindicatos, los derechos vinculados a los periodos de servicio social femenino obligatorio al que ya disfrutaban los del servicio militar.
También se desarrollan otras medidas como la equiparación de la pensión de viudedad para las parejas de hecho, la extensión del derecho a cotización para las becas o la mejora de los convenios especiales de cuidadores familiares de personas en situación de dependencia, entre otros.
En rueda de prensa posterior a una reunión con IU, el líder de CCOO, Unai Sordo, ha asegurado que este acuerdo es "una palanca muy potente" para asegurar la sostenibilidad y suficiencia de las pensiones y que requiere medidas de ingresos.
"Si hay voluntad política para pagar las pensiones, habrá pensiones en el futuro", ha dicho el secretario general del sindicato, momentos antes de darse por cerrado este acuerdo que permitirá sacar adelante un primer paquete de medidas para reformar el sistema de pensiones.
Desde UGT, la secretaria de Políticas Europeas, Mari Carmen Barrera, ha considerado que este acuerdo es "inteligente", "equilibrado" y "uno de los más importantes de la última década en materia de diálogo social", convirtiéndose así en "la antítesis de la reforma de pensiones de 2013".
"No gusta a los apóstoles de los recortes porque es bueno para los pensionistas y para el sistema de pensiones y demuestra que la reforma de pensiones de 2013 fue injusta e innecesaria", ha dejado claro Barrera.