No te frotes las manos, la ley establece un orden concreto para gestionar los excedentes
Descuentos obligatorios en alimentos: varios productos serán más baratos con la Ley de Desperdicio Alimentario
En España, en 2025, el desperdicio se situó en 1.125 millones de kilos o litros, lo que supone una reducción acumulada de casi un 20% desde 2020. El desperdicio per cápita se redujo a 24,38 kilos o litros por persona. Son cifras que van en la dirección correcta, pero que todavía definen a un país donde toneladas de comida apta para el consumo acababan en contenedores de basura, y lo que es peor, hasta ahora no había ningún tipo de consecuencias legales para quien las tiraba. La Ley 1/2025 cambia eso de raíz.
La ley que convierte la donación en obligación
La Ley 1/2025 de 1 de abril, de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario ha entrado en vigor el 3 de abril de 2026. Fue publicada en el BOE de fecha 2 de abril de 2025. Publicada con un año de moratoria para que las empresas se adaptaran, es la primera norma estatal española que regula de forma integral el desperdicio alimentario y, sobre todo, que hace de la donación una obligación legal y no una decisión de Responsabilidad Social Corporativa.
La distinción es crucial. Para la Federación Española de Bancos de Alimentos, "Muchas empresas ya tenían un plan de prevención del desperdicio, otras no. Ahora no dependeremos de que un departamento de Responsabilidad Social Corporativa decida si le conviene más donar o tirar, porque es una obligación", aseguran desde FESBAL.
Qué deben hacer exactamente los supermercados
La ley obliga a los grandes distribuidores, que son aquellos con más de 1.300 metros cuadrados de superficie, a formalizar acuerdos escritos de donación con bancos de alimentos u organizaciones sociales para donar los alimentos que todavía puedan ser aprovechados.
Así, todos los alimentos que, aunque no puedan ser comercializados, sigan siendo aptos para el consumo humano deben ser donados a organizaciones benéficas o bancos de alimentos. Esta donación debe realizarse cumpliendo estrictos controles de seguridad alimentaria para garantizar que los productos lleguen en óptimas condiciones a las personas necesitadas. Además, las empresas deben llevar un registro detallado de las donaciones realizadas, indicando la cantidad y tipo de alimentos entregados.
Lo que la ley prohíbe expresamente, y con sanciones graves, es el otro extremo, es decir destruir deliberadamente alimentos que aún son aptos para el consumo. Esa práctica constituye una infracción grave que puede acarrear multas de entre 2.001 y 60.000 euros; en caso de reincidencia, la sanción muy grave puede alcanzar los 500.000 euros.
La jerarquía de prioridades: primero transformar, luego donar
La ley establece un orden concreto para gestionar los excedentes. La primera prioridad es transformar los alimentos no vendidos en productos aptos para el consumo. Para alimentos que no se puedan transformar, el siguiente paso debe ser la donación para consumo humano. Como tercer escalón la ley habla de destinar los desperdicios a la alimentación animal y a la fabricación de piensos; el cuarto es el empleo como subproductos de otra industria, y el último, el reciclado y la obtención de compost.
El ejemplo del pan duro convertido en pan rallado, o de la fruta madura transformada en mermelada, ya no es solo una buena práctica: es lo que la ley prescribe como primera opción antes de plantear la donación.
Quiénes se benefician: los 54 bancos de alimentos
En España hay 54 bancos de alimentos que en 2025 atendieron a 1,3 millones de personas a través de 6.062 entidades benéficas. De las más de 115.000 toneladas distribuidas, más de 73.000 eran excedentes recuperados. Estas organizaciones ya venían operando en colaboración voluntaria con parte de la distribución, pero la nueva ley consolida y amplía ese flujo dándole base jurídica.
Estas organizaciones han detectado un aumento del interés por parte de fabricantes, cadenas de distribución, hoteles y hospitales para adaptarse a la nueva legislación. Entre las novedades destacan herramientas que digitalizan la donación de alimentos, permitiendo a supermercados registrar excedentes y notificar automáticamente a entidades benéficas compatibles con el tipo de producto y los horarios de recogida.
El reto real: los hogares siguen siendo el gran problema
La paradoja que la ley no resuelve del todo es que, pese a centrarse en la cadena de distribución, el verdadero volumen del desperdicio sigue siendo doméstico. Los hogares continúan como el principal escenario del desperdicio, con el 97,5% del volumen total. Por tipología, el 77,6% del desperdicio doméstico corresponde a productos sin utilizar, y entre los más desechados destacan las frutas con un 32,4%.
La ley, en este sentido, tiene también vocación pedagógica: obliga a las administraciones a promover campañas educativas y a los distribuidores a informar sobre la diferencia entre fecha de caducidad y fecha de consumo preferente, dos conceptos que siguen confundiéndose y que, según el Ministerio de Agricultura, están en el origen de buena parte de ese desperdicio doméstico evitable.