OCU y FACUA denuncian el cierre repentino de varias clínicas Vivanta en las ciudades de Vitoria, Zaragoza, A Coruña y Toledo

La compañía Vivanta ha cerrado de manera repentina y sin avisar previamente a sus clientes varias de sus clínicas en las ciudades de Vitoria, Zaragoza, A Coruña y Toledo, un hecho que ha sido denunciado por las organizaciones de consumidores OCU y FACUA.

Ambas organizaciones recuerdan a los clientes afectados que tienen derecho al reembolso del importe de los tratamientos que ya hayan pagado y se suman a las quejas del Consejo General de Dentistas por "un nuevo escándalo" en este sector tras lo sucedidos en iDental, Dentix y otros centros odontológicos. Estos sucesos "demostraron las graves consecuencias" derivadas de que los pacientes abonen anticipadamente un tratamiento de larga duración y el prestador cese después su actividad.

Los profesionales del sector odontológico indican que en estos casos: "Puede quedar con el tratamiento inacabado, sin recuperar las cantidades entregadas y, en ocasiones, obligado a seguir pagando una financiación", y reclaman una reforma normativa que establezca mecanismos de garantía para proteger las cantidades anticipadas y asegurar la continuidad de los tratamientos en caso de cierre o cese de actividad de un centro sanitario.

El Consejo General de Dentistas pone el foco además en que Vivanta fue beneficiaria en 2022 de un apoyo público temporal de 40 millones de euros procedente del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, gestionado por la SEPI. Por su parte, la OCU y Facua auguran que al cierre de estas clínicas les pueden seguir otros.

Facua asegura que se ha dictado auto de declaración de concurso con fecha del pasado 3 de septiembre y que existe una oferta de compra de la unidad productiva de la empresa: de no prosperar, los afectados por el cierre dispondrían de un mes desde que se publique en el BOE la entrada en concurso para comunicar sus créditos al administrador concursal que se declare.

En relación a las clínicas cerradas, en todos los casos, el cierre se ha producido de un día para otro y sin previo aviso, con decenas de tratamientos a medias, critican las organizaciones de consumidores. Por una parte, OCU ha tenido conocimiento de la clausura de al menos cuatro clínicas repartidas en Vitoria, Zaragoza y A Coruña, mientras que Facua añade otra más en Toledo. La organización lamenta que el Ejecutivo no haya realizado ningún tipo de modificación de la normativa que regula este tipo de clínicas para asegurar la protección de los derechos de los consumidores en este sector de actividad y con un modelo de negocio vinculado a contratos de financiación.

Recientemente, además, tras el continuo cierre de clínicas dentales y estéticas de estos años, Facua se ha vuelto a dirigir a la ministra de Sanidad y al de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Mónica García y Pablo Bustinduy, respectivamente, para exigirles que aborden una mejora de la regulación de este tipo de clínicas privadas para reforzar la protección de los usuarios

Por su parte, la OCU ha transmitido varias recomendaciones a las personas afectadas y les ha instado a que recopilen y guarden toda la documentación de la que dispongan que demuestre la vinculación con la clínica la prestación del servicio: desde publicidad y folletos a contratos, facturas o presupuestos.

También recomienda ponerse en contacto con la clínica, presentando una reclamación por escrito, dejando constancia de que no se ha cumplido el contrato y reclamando la finalización del tratamiento, exigiendo al mismo tiempo que les den toda la documentación, así como la copia del historial médico.

En el caso de que la clínica esté cerrada, la organización ha indicado que los afectados deben dirigirse al domicilio social de la empresa que conste en su página web o en el Registro Mercantil y que deben reclamar ante los Servicios de Consumo los posibles perjuicios que el cierre haya podido ocasionarles. En caso de haber sufrido una mala praxis, deben presentar además una reclamación ante las autoridades sanitarias de la comunidad autónoma. En este caso, de haber daños, es aconsejable pedir un informe a un dentista colegiado o a un perito odontólogo para poder luego reclamar judicialmente.

Finalmente, la organización ha aconsejado que, si se hubiera solicitado un crédito, hay que dirigirse por escrito al departamento de la entidad financiera para solicitar su liquidación y posterior cancelación por no haberse prestado el servicio.