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Pedro está intentando aprender sobre impuestos “a marchas forzadas”. Ni él ni sus padres, ya mayores, entendían nada cuando a mediados de julio recibieron una notificación de la Agencia Tributaria en la que les pedían que justificaran que su hermano, con una discapacidad intelectual del 95%, dependía económicamente de ellos.
“No solo en lo económico, depende de nosotros en todos los ámbitos”, explica mientras recuerda como en ese requerimiento Hacienda solicitaba información sobre la situación de su hermano en el año 2016. “Nos reclamaban un montón de cosas. Muchos certificados, justificantes, empadronamiento… Era verano y no conseguí entregar todo porque un documento del centro de salud no llegó a tiempo”.
Semanas después, a finales de agosto, recibieron la liquidación provisional por la que el fisco les reclama la devolución de 4.000 euros por cada año transcurrido desde entonces. Un total de 20.000 euros. “A mi padre casi le da algo”, recuerda.
Como Pedro, otras 150 familias de Burgos han recibido requerimientos similares en los últimos meses. La Agencia Tributaria explica que se trata de actuaciones puntuales para detectar si se han producido incumplimientos en la las desgravaciones por discapacidad aplicadas en el IRPF.
Desde 2015, tras un cambio normativo, la ley señala como requisitos para obtener esos beneficios fiscales la convivencia con los descendientes y la dependencia económica de los mismos. En el caso de que la persona discapacitada resida en un centro especializado, se tendrá que justificar que depende económicamente del familiar que se aplica la desgravación fiscal.
“Mi hermano vive desde hace cerca de 15 años en el Centro de Atención a Minusválidos Psíquicos, pero hay muchas cosas que no cubre, ropa especial adaptada, calzado, médicos, unos campamentos escolares... todo eso lo suplimos nosotros, pero nunca guardo recibos y menos de 2016”, explica Pedro, que ha conseguido reunir algunas facturas de pagos realizados en los últimos dos años.
También ha pedido al centro que certifique ante Hacienda todo lo que su hermano aporta económicamente (casi el 90% de los 500 euros que recibe de pensión no contributiva) y todas las necesidades que tiene y que son cubiertas por la familia.
“Nunca nos han pedido información y conocen de sobra la discapacidad que tiene. Se justificó en su día y mi padre siempre se ha desgravado por este motivo. Con todo lo que han sufrido para sacar a mi hermano adelante y que, para lo poco que nos dan, ahora vengan con esto… me parece bastante indignante”, dice mientras espera la liquidación definitiva de la Agencia Tributaria que cree que llegará a finales de octubre.
“Me han aconsejado seguir el procedimiento. E incluso pagar, si llega el caso. Dicen que es la única forma de poder luego presentar alegaciones”.
Diferentes asociaciones de Burgos que trabajan con discapacitados se han unido para tratar de ayudar a las numerosas familias que en los últimos meses están pasando por la misma situación que Pedro. “Son ya 150 y las notificaciones siguen llegando”, explica una trabajadora social de la asociación Aprodisi.
“Quienes las reciben son personas mayores, muchos octogenarios, que no entienden lo que les piden, a los les exigen mucha documentación y les dan un plazo muy corto de tiempo para lograrla. Y muchos de ellos simplemente se limitaron a confirmar el borrador con la declaración de la renta que les envió Hacienda”, asegura. Las reclamaciones son diferentes en los casos de cada familia. "A algunos les reclaman 1.000 euros, a otros 7.000... Hay algunas que tienen más de un familiar con discapacidad", explica la trabajadora de la asociación.
Las gestiones realizadas con el Defensor del Pueblo y con otros organismos no han servido para encontrar una solución para los afectados. “Nos llaman desesperados, porque no comprenden qué está pasando, porque no tienen el dinero que les reclaman. En algunos casos, los hijos cuyos gastos les piden que justifiquen ya han fallecido”.
La Agencia Tributaria ha explicado que las pruebas aportadas por los contribuyentes han acabado, en muchos casos, dándoles la razón y eso ha permitido que se mantuvieran los beneficios fiscales de los que se había disfrutado. En otros casos, señala, no ha sido así y se ha procedido a la liquidación de las cantidades.
Además, avanza que comprobaciones como las que se están llevando a cabo en Burgos para determinar si se cumplen los requisitos para aplicar las desgravaciones por discapacidad se pueden realizar en el futuro en otros puntos de España.