Airbnb recurrirá la multa de 64 millones de Consumo por anunciar viviendas sin licencia: "Es contraria al marco legal europeo"

Airbnb considera "contraria al marco legal español y europeo" la multa de 64 millones de euros impuesta por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 por anunciar viviendas sin licencia, entre otros motivos, la segunda mayor impuesta tras los 108 millones de euros de sanción a Ryanair, por lo que ha anunciado que recurrirá la sanción.

En un comunicado, la plataforma ha defendido que, desde la entrada en vigor de la nueva normativa sobre los alquileres de corta duración el pasado 1 de julio, ha colaborado con el Ministerio de Vivienda en su implementación.

Como resultado, según Airbnb, más de 70.000 anuncios han añadido un número de registro y, por lo tanto, siguen disponibles para reservar en la plataforma.

"La obligación de las plataformas de garantizar que los anuncios muestran el número de registro se incorporó en esta nueva normativa, por lo que no era aplicable cuando se inició esta contienda en 2024, un año antes de la entrada en vigor de las mencionadas obligaciones a plataformas", en palabras de la compañía de reserva de alojamientos.

Al respecto de la multa, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha valorado este lunes que es la segunda mayor sanción impuesta jamás por una autoridad de consumo en España, después de la sanción de 108 millones de euros impuesta a la multinacional Ryanair.

"Airbnb tendrá el derecho si lo estima conveniente de recurrir ante la Justicia, pero esta sanción es firme y por tanto la compañía tendrá que pagar esta multa", ha comentado también.

Airbnb ha vuelto a reiterar que es una plataforma sujeta a la Ley de Servicios Digitales que no tiene obligaciones de supervisión. En esta línea, en diciembre de 2019 el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó que Airbnb debe ser regulado como un servicio de la sociedad de la información y no como un agente inmobiliario.

Además, en enero de 2022, el Tribunal Supremo, siguiendo el dictamen del TJUE, dictó una sentencia "clave", según Airbnb: "La información de los anuncios, incluido el número de registro cuando ello es necesario, es responsabilidad del prestador del servicio turístico final y no de la plataforma donde se anuncia".

Sanción de consumo

Las infracciones de la normativa de consumo --identificadas en un total de 65.122 anuncios en Airbnb y que han dado lugar a esta resolución-- han consistido en prácticas comerciales desleales con los consumidores y usuarios.

En concreto, Consumo se ha referido a la publicación de anuncios de alojamientos turísticos sin licencia, contraviniendo las obligaciones impuestas por la mayoría de las normativas autonómicas, que exigen indicar el número de registro en la publicidad.

También ha mencionado anuncios que usan números de licencia o registro falsos o incorrectos, así como aquellos sin información veraz sobre la naturaleza jurídica de los anfitriones, lo que constituye publicidad engañosa.

Por ello, se ha impuesto una sanción por infracción grave por importe de 64.055.311 euros, cantidad que, según Consumo, equivale "a seis veces el beneficio ilícito" obtenido por Airbnb como consecuencia de estas prácticas, mantenidas desde el apercibimiento formulado por el Ministerio hasta la retirada de los anuncios.

En este contexto, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid había respaldado previamente la orden de retirada dictada por el Ministerio en distintos autos.