Rebajar el alquiler de una vivienda en una zona tensionada puede ahorrar al propietario hasta el 90 % del IRPF

El Gobierno avanza en su estrategia de penalizar o premiar a los propietarios de viviendas en alquiler que modifiquen los precios de los contratos de arrendamiento. La medida busca abaratar los arrendamientos, pero el sector inmobiliario teme que el oferta se contraiga ante una mayor desprotección fiscal de los arrendadores.

Así, el Ejecutivo estudia utilizar el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) como herramienta de penalización para quienes suban los precios de los alquileres, un 'castigo' que solo se aplicaría en el caso de subidas al finalizar el contrato, no en el incremento anual (normalmente del IPC) permitido por la ley.

Rechazo de los socios de Gobierno a la medida

Según establece la normativa fiscal vigente, los propietarios que alquilan una vivienda como residencia habitual a un inquilino disfrutan de una deducción general en el IRPF del 50 %, pero esta puede llegar hasta el 90 % gracias a la Ley de Vivienda de 2023.

El artículo 23.2 de la Ley del IRPF establece que los propietarios podrán deducirse un 90% del rendimiento neto obtenido con una vivienda cuando este haya formalizado un nuevo contrato de alquiler en una zona de mercado residencial tensionado y el precio sea un 5% inferior al del contrato anterior.

Si el propietario decide no tocar el precio pero alquila en una zona tensionada a una persona de entre 18 y 35 años, la deducción se reduce hasta el 70 %. La deducción baja hasta el 60 % cuando la vivienda haya sido rehabilitada en los dos años anteriores y se sitúa en el 50 % para el resto de casos.

Además, con las penalizaciones que ahora está estudiando el Gobierno, la reducción general del 50 % se iría reduciendo en el caso de que el propietario suba el precio del alquiler, pudiéndose incluso quedar eliminada del todo.

Fuentes del Ministerio de Hacienda confirman que se está negociando con los grupos parlamentarios esta medida, después de que los socios del Gobierno hayan trasladado su rechazo frontal a la propuesta del Ejecutivo para ofrecer una bonificación del 100 % en el IRPF a los caseros que no suban la renta a sus inquilinos durante la renovación de los contratos de alquiler de vivienda.

La ministra de Vivienda ha recalcado que el Gobierno tiene un paquete en marcha con el que se está trabajando en dos frentes: atender la emergencia desde un 'escudo social', hasta normativa que está en vigor y que permite congelar el alquiler.

"Si estás viviendo de alquiler y vives desasosiego porque piensas que te van a echar mañana o que te van a subir el alquiler, la gente tiene que saber que en este país hay una ley que permite congelar el alquiler y que si no se aplica es porque el PP no quiere y, por tanto, estas son unas medidas para abordar la crisis , como lo son los mecanismos fiscales que acompañan a esta norma de congelación de los alquileres, incentivos o castigos", ha subrayado.

Esta medida tiene un alto impacto en las cuentas del Estado ya que, en el ejercicio 2023, se dejaron de ingresar 717 millones de euros en las arcas públicas por la reducción por arrendamiento habitual en el IRPF que se aplica a los propietarios de vivienda que alquilan su vivienda como residencia habitual.

El Ejecutivo ha confirmado este dato mediante una respuesta escrita registrada en el Congreso a una pregunta que registró el diputado de Compromís integrado en Sumar, Alberto Ibáñez. El diputado dirigió en mayo una pregunta al Gobierno para saber "cuánto dinero dejó de ingresar el Estado en 2023 por deducciones para propietarios que ponen en alquiler sus propiedades".

Oposición de Sumar

Sumar considera insuficiente la apuesta del PSOE por penalizar en el IRPF a los caseros que opten por subir los alquileres, al entender que eso solo reduce un "privilegio fiscal", la formación liderada por Yolanda Díaz recuerda que "los caseros ya disfrutan de un 50 % de rebaja en el IRPF, por lo que desincentivar fiscalmente por subidas del alquiler solo es una reducción del privilegio fiscal".

Por su parte, la Asociación Madrileña de Empresas Inmobiliarias (Amadei) ha asegurado que el nuevo incentivo fiscal a caseros que no suban el precio del alquiler es "un incentivo insuficiente" frente a la evolución real del mercado del alquiler, ya que los precios han aumentado entre un 30 % y un 40 % desde 2020 a nivel nacional, superando el 39 % en ciudades como Madrid.

Para la patronal inmobiliaria madrileña, desde un punto de vista económico, la congelación de rentas implica "una pérdida de ingresos" para el propietario "muy superior" al ahorro fiscal que ofrece la medida.

"Con esta propuesta no ganamos todos, como se afirma desde el Gobierno. El arrendador no obtiene ningún beneficio real, ya que el incremento de la renta a precios de mercado compensa ampliamente el coste fiscal del IRPF", ha señalado el secretario general de Amadei, Jesús Manuel Martínez.

"Congelar el alquiler no convierte al propietario en un agente responsable ni subirlo en un especulador; simplemente responde a la lógica de un mercado tensionado por la falta de oferta", ha añadido.

Amadei ha subrayado que la medida tampoco resulta atractiva en los alquileres más bajos, ya que, según sus cálculos, en una vivienda de 500 euros mensuales, un propietario en el tramo mínimo del IRPF pagaría alrededor de 570 euros anuales tras la deducción general del 50%.

Si ese alquiler se actualiza a precios de mercado, con una subida del 35% hasta los 675 euros, el coste fiscal rondaría los 770 euros, pero el incremento de ingresos superaría los 2.000.