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Andalucía y las demás comunidades autónomas gobernadas por el PP han pedido al Gobierno la retirada del capítulo 1 del título 5 del decreto de ahorro energético que atañe a las medidas de ahorro para poder dialogar y permitir a las comunidades ejercer sus competencias, después de que estas medidas hayan sembrado la polémica entre la oposición.
En un receso de la conferencia sectorial convocada para analizar con los consejeros autonómicos los detalles del plan de ahorro y "despejar dudas" sobre el alcance y aplicación de las medidas que entran el miércoles en vigor, el consejero de Industria y Energía de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela, ha informado de esta posición común de las regiones gobernadas por el PP y ha manifestado que, si no se retira ese capítulo, no apoyarán el decreto.
Ha explicado que piden al Gobierno "acordar el qué pero que deje actuar a las comunidades autónomas en el cómo" ejecutar el ahorro energético en virtud de sus competencias autonómicas y ha alegado además que la "Unión Europea no impone a los Estados un plan de ahorro de energía pero el Gobierno español sí lo impone a las regiones sin discutirlo ni negociarlo".
La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Transición Energética, Teresa Ribera, ha descartado este lunes que se vaya a modificar o aplazar la entrada en vigor del decreto de ahorro energético, pese a la petición de su retirada por parte de Andalucía, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Galicia y Murcia.
Pese a estas peticiones, la vicepresidenta ha destacado que la reunión de la Conferencia Sectorial de Energía ha tenido un tono cordial y que las comunidades han mostrado su predisposición para colaborar en materia de ahorro energético y presentar propuestas concretas sobre nuevas medidas.
A este respecto, Ribera se ha mostrado "contenta" y ha asegurado que el Gobierno recibirá propuestas hasta el 31 de agosto de cara a presentar el plan final de ahorro en Bruselas en septiembre.
La vicepresidenta ha asegurado además que la vocación del decreto no es sancionar y ha criticado en varias ocasiones los discursos contra el decreto por parte de distintos cargos del Partido Popular y, en concreto, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, antes incluso de que se conociera el contenido del real decreto.