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"No tenemos constancia de que nos hayan pedido retirar el 'Onésimo" del topónimo, dice el alcalde de Quintanilla de Onésimo, Carlos de Barrio, desde el otro lado del teléfono. En cualquier caso, De Barrio afirma que en su pueblo harán "lo que diga la ley". Pues bien, la Ley de Memoria Democrática, dice que hay que eliminar los vestigios franquistas de los nombres de los municipios. Si no, la sanción puede alcanzar hasta 10.000 euros. En Quintanilla ya se aplicaron a quitar el resto de referencias franquistas o falangistas, ahora tocará hacer lo mismo con el nombre del municipio, en virtud de la Ley de Memoria Democrática que el 5 de octubre se aprobaba definitivamente en el Senado. El abogado Eduardo Ranz les ha solicitado formalmente su retirada por carta.
La localidad vallisoletana se hizo famosa por ser lugar de veraneo del expresidente del Gobierno José María Aznar, donde quedó grabada su imagen jugando al dominó en una de sus visitas ya como presidente. Pero también es el pueblo donde nació Onésimo Redondo, fundador de las JONS (Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista). Por ese motivo la localidad se llama así.
Hasta 1941, el topónimo era Quintanilla de Abajo, pero a propuesta de las JONS y de la Falange, se cambió el nombre. Ahora, el abogado Eduardo Ranz, defensor de la Memoria Democrática y uno de los que lidera la batalla para exhumar a los represaliados enterrados en el Valle de los Caídos, les ha recordado que deben cambiar el nombre.
En el Ayuntamiento no han visto la misiva enviada por el letrado, que se ha dirigido a otros siete pueblos para que hagan lo mismo. En su carta, les recuerda que la Ley de Memoria Democrática prevé sanciones para estos casos de entre 2.001 y 10.000 euros.
Además de Quintanilla de Onésimo, la carta se ha recibido en: Alberche del Caudillo (Toledo); Llanos del Caudillo (Ciudad Real); Guadiana del Caudillo y Villafranco del Guadiana, ambos en Badajoz; Alcocero de Mola (Burgos); San Leonardo de Yagüe (Soria); y Villafranco del Guadalhorce (Málaga).
Algunas de estas localidades pertenecen a la España Vacía y no es fácil dar con sus alcaldes. Es el caso de Alcocero de Mola, en Burgos, que tiene 30 habitantes.
Este pueblo de la Bureba burgalesa, a 30 kilómetros de la capital, tiene también su propia efeméride, y tampoco se llamó siempre como ahora. Hasta 1937, se denominaba Alcocero. Pero sucedió que el 3 de junio de 1937 el avión en el que viajaba el general golpista Emilio Mola se estrelló en una colina del término municipal de Alcocero, a sólo dos kilómetros del pueblo.
Aquel episodio dejó dos muescas: una en el nombre y la otra en forma de monolito, de unos 20 metros de altura, que se inauguró en 1939 con toda la pompa de un acto presidido por Francisco Franco. El monumento, que fue escenario de múltiples homenajes durante décadas, sigue en pie, pero Eduardo Ranz apunta que eso ya incumplía la ley anterior, la de Memoria Histórica.
La actual Ley es la que se ha encargado de aclarar que también los topónimos de los municipios que rindan homenaje a la dictadura o al golpe de 1936
La Ley de Memoria Democrática, aprobada hace una semana, ha corregido la de Memoria Histórica para declarar que esos nombres van contra la norma y que hay que cambiarlos. En el capítulo de sanciones, lo deja claro en el artículo 62.b, tal y como recuerda la misiva de Eduardo Ranz.
En Guadiana del Caudillo, responden a nuestra llamada, pero nos explican que ellos ya cambiaron el nombre en 2019, cuando la actual corporación municipal, del PSOE, se puso al frente del consistorio tras recibir el relevo de Vox.
La página web de la localidad da cuenta de que su nombre ya sólo es Guadiana. Eduardo Ranz asegura que no es un problema retirar la petición, y que la hizo porque en los buscadores sigue constando con la antigua denominación.
Villafranco del Guadalhorce es una pedanía de Alahurín el Grande. Es su alcaldesa, la popular Toñi Ledesma, la que nos confirma la recepción de la carta y nos explica que los servicios técnicos del Ayuntamiento están estudiándola. También nos habla de la historia de la localidad, que sólo existe desde hace 53 años, porque es un asentamiento de colonos de unos 700 habitantes. .
Toñi explica que Eduardo Ranz ya les pidió en su momento la retirada del nombre. Añade que, en aquel momento, hablaron con "la gente de la pedanía" y que les dijeron que en la medida en la que fuera posible les gustaría mantenerlo.
Explica que para ellos no tiene connotaciones políticas porque además muchos de sus habitantes se apellidan Franco. En cualquier caso, asegura que no tiene problema en acatar la ley y que nunca ha habido una obstinación en mantener el nombre aunque sí se ha procurado hacerlo.
"Si legalmente hay que cambiarlo, se cambiará" afirma Ledesma que está a la espera de que se examinen la carta y la Ley antes de tomar una decisión en firme.