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Trece personas han pasado ya por dependencias policiales como investigadas en el llamado caso Mediador, que tiene como núcleo delictivo el favorecimiento a empresarios a cambio de mordidas y juergas, para captarlos, en Madrid. En el vértice de la trama está, según la investigación, el exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes. Este miércoles, Fuentes declaró ante la jueza, que quería enviarle a prisión, pero no pudo hacerlo porque la Fiscalía no se lo solicitó y un juez nunca puede imponer una medida cautelar más dura que las que se solicitan en la vistilla.
La ficha de la Policía incluida en el sumario, al que ha accedido NIUS, atribuye a Fuentes los alias "Tito", "Tito Berni" y "Juambe", y tiene por debajo a su sobrino Taishet Fuentes, que ante sus compinches respondía al apelativo "Tai". Cuando Juan Bernardo Fuentes dejó la Dirección General de Ganadería de Canarias para irse al congreso, su sobrino se hizo con el puesto, como si fuera un cargo hereditario. Ellos, en connivencia con el mediador, Marcos Antonio Navarro, y con el general retirado de la Guardia Civil Francisco Espinosa, alias "pa" o "papa"construyeron una red que seducía a empresarios a golpe de paseos por el Congreso, por la Dirección General de la Guardia Civil, comilonas, y fiestas con drogas prostitutas y viagra.
Todos tenían su papel y su apelativo. También la amante del general Espinosa a la que se referían como "chocho volador" y a la que se plantearon contratar como comercial. El lenguaje de cuenta de cómo funcionaba la trama de mordidas, favores y también extorsiones.
Fue Marcos Antonio Navarro el que dio los detalles y cuando fue interrogado hace un año. Además, puso a disposición de los investigadores una cantidad ingente de documentación que incluía transacciones, fotografías y conversaciones telefónicas entre los participantes en la trama. Por un lado, los políticos canarios ofrecían facilidades para que empresarios de la Península se instalaran en las islas y además les ponían a su alcance la consecución de subvenciones. Por otro lado, exigían pagos a empresarios de ganadería en Canarias e incluso les llegaron a mandar al Seprona para asustarlos. Primero se les creaba un problema y después se les ayudaba, a cambio de dinero, claro.
Al menos seis empresarios, según la confesión de Navarro, pagaron 5.000 euros de "impuesto revolucionario" para participar en las actividades del entramado.
El 3 de febrero de 2020, Juan Bernardo Fuentes resultó elegido diputado del Congreso de los Diputados. Al acceder al escaño, tuvo que dejar la Dirección General de Ganadería donde presuntamente ya se dedicaba a estas actividades ilícitas. Para poder seguir con ellas, se encargó de que su sobrino Taishet "heredara" el cargo en Ganadería.
Fuentes presidía por entonces la asociación deportiva Vega Tetir, en cuya cuenta estaba autorizado. Era ahí donde pedía a los empresarios que ingresaran el dinero de las mordidas, aunque les decía que era para "ayudar a los niños".
A cambio de eso, los empresarios obtendrían trato de favor para instalarse en Canarias y una gestoría de la trama, propiedad del hijo de Fuentes, que se encargaría de proporcionarles el régimen fiscal insular, que después les facilitaba las subvenciones. El pago a la gestoría, por esos servicios, era de 18.000 euros.
Es sobrino de Juan Bernardo Fuentes y su sucesor como director general de Ganadería. Desde ese puesto, Taishet hacía también un papel importante para la trama con "chantajes" a algunos de los empresarios desde su posición privilegiada.
Relatan los agentes que, en el caso de la quesería Montesdeoca -la primera que pagó- el político tuvo un papel fundamental, ya que conocía un expediente que se le había abierto a su propietario. En ese caso le propuso aminorarlo o incluso archivarlo.
No solo eso, Taishet Fuentes llegó a apartar y relegar al inspector al frente de los expedientes ante las quejas de algunos de sus empresarios amigos. El funcionario reveló a otros superiores lo ocurrido y el aso es que Fuentes fue destituido este verano "por pérdida de confianza".
El general aportaba su poder en la Guardia Civil, como Jefe de la Comandancia en Las Palmas y como general de los grupos grupos de acción rápida en el Sahel. Entre otras cosas, tenía poder para tener asustados a los empresarios ganaderos. Pero también era uno de los captadores y anfitriones en Madrid, invitando a la Dirección General de la Guardia Civil. Según la declaración de Navarro, Espinosa se hizo con 20.000 euros de comisiones en billetes.
Los envíos del Seprona los contó Navarro. La ficha sobre este general incluye una relación extramatrimonial con una mujer a la que llamaban entre ellos "chocho volador" y a la que Espinosa intentó conseguir un trabajo como comercial, aunque antes de conseguirlo, la mujer de Espinosa se enteró de la relación y ya no hubo trabajo.
La ficha también señala su amistad con el empresario Santiago Suárez, propietario de un compañía de drones, que fue contratada para un proyecto en el Sahel, en la división de los Grupos de Acción Rápida de Vigilancia e Intervención, dirigidos por él.
Además de ser el encargado de grabarlo todo y de proporcionarlo a la Policía, después de explicar con pelos y señales las andanzas de la trama, Marcos Antonio Navarro era el facilitador que ponía en contacto a empresarios y políticos.
Su confesión y sus conversaciones grabadas ponen al descubierto su relevante papel en esta red, donde habla del dinero conseguido, de las fiestas o de las prostitutas. Según el sumario, él se hacía con el dinero de los sobornos y después lo repartía con los dos políticos y el general.
Navarro prestó su primera declaración después de la denuncia falsa de otro político, el exdirector de Deporte de Tenerife, Ángel Luis Pérez Peñas, sobre los cargos fraudulentos a una tarjeta por valor de 2.575 euros.
Así se llegó hasta Navarro, que según declaró esa era una forma de actuar "en beneficio de políticos y altos cargos", es decir, lo de Pérez Peñas era una muestra de lo que después se conoció como caso Mediador en honor de Navarro.