Francina Armengol y las incógnitas sin resolver tras sus explicaciones por el caso Koldo: ¿Quién se puso en contacto con su Gobierno?

La presidenta del Congreso de los Diputados, la socialista Francina Armengol, ha comparecido hoy para dar explicaciones tras verse señalada por el ‘caso Koldo’ y ha dejado claro que no va a dimitir. “No dejaré que mancillen mi nombre”, ha dicho, señalando que, en lo que se refiere a la presunta trama de corrupción, el que era su Gobierno en Baleares “podría ser víctima”, pero “jamás ni cómplice ni colaborador”. No obstante, algunas cuestiones importantes han quedado sin aclarar tras la media hora de su intervención.

“Yo no estoy investigada. Ni yo ni nadie de mi Gobierno, y no salimos en el sumario. Eso creo que es muy importante. Y se han detenido a 20 personas y nadie de Baleares”, ha recalcado,  recordando que compraron mascarillas que se les vendió “como FFP2” porque los técnicos las consideraban “necesarias” en un momento de urgencia.

Armengol niega presiones para contratar a la trama del caso Koldo y acusa al PP de embarrar la política, pero no ha aclarado, por otra parte, cuestiones importantes sobre la contratación y compra de las mascarillas en Baleares, como quién se puso en contacto con su Gobierno.

Sobre ello ha evitado responder con precisión hasta en tres ocasiones. La presidenta del Congreso, incómoda y contenida a pesar de sus palabras, solamente ha dicho que recibían ofertas de todas partes hacia todos los miembros del Govern y que ella nunca jamás dio ninguna orden para que se realizara una contratación concreta.

En ese sentido, recalca que no va a dimitir y advierte al PP de que ha traspasado todas las líneas rojas y que son algunos de sus nombres los que sí aparecen en el sumario.

Sin esquivar las cámaras tras varios días ausentándose de actos públicos, hoy muchas preguntas se acumulaban sin respuesta.

“Nos llegaban nombres de empresas”, ha dicho Armengol sobre esa pregunta de ‘quién se puso en contacto con el Gobierno Balear”, ante una sala abarrotada de periodistas que no han logrado las explicaciones que exigían.

‘¿No le llamó el exministro Ábalos, el señor García Koldo?’, insistían, pero la respuesta era la misma: “Nos llegaban propuestas a todos, pero de diferentes personas”, ha dicho, señalando que en esos momentos difíciles de pandemia estaban “pensando que lo que todo el mundo quería era ayudar”.

Ni confirma ni niega que José Luis Ábalos, Koldo García o alguien de la trama le recomendara la empresa bajo sospecha, pero sí asegura que era el Servicio Técnico de Salud de Baleares el que tomaba la decisión de comprar, siempre por el procedimiento legal.

“¿Si hubiéramos estado en la trama nosotros hubiéramos reclamado a la empresa?”, señalaba, desviando con esa pregunta la sospecha hacia el Partido Popular.

En ese sentido, asegura que, tras perder las elecciones, informaron al nuevo Gobierno del expediente de reclamación abierto: “El actual Gobierno del PP tiene que explicar qué ha pasado con el expediente”.

Así, pide también al PP, --desde donde han exigido su dimisión--, que explique por qué el nombre de su portavoz en el Gobierno, --Miguel Tellado--, aparece en el sumario.

El juez rechaza la personación del Govern

El juez instructor de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha rechazado la personación del Govern de Baleares en el caso Koldo al considerar que como las mascarillas fraudulentas se pagaron con fondos europeos, no existe perjuicio para la administración.

El juez argumenta que no procede aceptar la personación de la Abogacía de la Comunidad Autónoma como acusación particular, en nombre del IbSalud, hasta que no acredite el eventual perjuicio en los hechos que son objeto de investigación.

Cabe recordar que la Abogacía presentó el escrito solicitando la personación en las actuaciones el pasado 28 de febrero y se dio traslado al Fiscal, que señala, como ha recogido igualmente el instructor, que el expediente al que se refiere --la compra de 1,4 millones de mascarillas por valor de 3,7 millones de euros-- fue financiación con cargo al fondo Feder por lo que no existiría perjuicio para la Administración.

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