Qué es el Hard Rock, el macrocomplejo de ocio que ha hecho caer los presupuestos catalanes

Impedir avances en el macrocomplejo de ocio que Hard Rock Entertainment World prevé levantar entre Vila-seca y Salou (Tarragona) era la exigencia que En Comú Podem ha planteado al Govern de Pere Aragonès, de ERC, para no tumbar los presupuestos de la Generalitat para este año, ya acordados de antemano con el PSC.

El ejecutivo catalán ha aducido que no puede frenar la tramitación del Plan Director Urbanístico (PDU) que debe regular los terrenos en los que se instalaría esta iniciativa privada, al tiempo que ha remarcado que las cuentas no preveían ninguna partida para este proyecto. Y ese no ha provocado que Aragonés ha convocado elecciones anticipadas en Cataluña el 12 de mayo.

Además, si bien ha admitido que este macrocomplejo de ocio no casa con su modelo económico para Cataluña -el conseller de Salud, Manuel Balcells, se ha mostrado incluso explícitamente en contra del mismo-, el Govern ha dicho en repetidas ocasiones que una mayoría parlamentaria sí lo ve con buenos ojos.

Los comunes habían apoyado anteriores presupuestos catalanes con este proyecto ya en marcha, pero ahora se han negado a hacerlo dado que ven próxima la aprobación del PDU y porque sostienen que el contexto de sequía que atraviesa Cataluña lo hace más insostenible si cabe.

Pero, ¿qué es el Hard Rock y en qué punto de la tramitación se encuentra?

 Pendientes del plan director

En el marco de los presupuestos de 2023, Aragonès se comprometió con el PSC a aprobar el citado PDU durante la primera mitad de ese ejercicio, algo que no ha sucedido, pues sigue a la espera de la luz verde de un informe del departamento de Acción Climática.

De hecho, en 2016 ya se aprobó un PDU para estos terrenos, declarado posteriormente nulo por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) porque una parte de los espacios libres y de equipamientos se situaban en zona de riesgo químico. Lo que ahora está en marcha es, pues, la reformulación de ese PDU en base a lo dictaminado por el TSJC.

En 2018, la Generalitat otorgó al grupo Hard Rock la autorización para la instalación y explotación del macrocomplejo.

Según los planes comunicados en su momento por esta compañía, que siempre ha mantenido un perfil muy discreto, el proyecto prevé hoteles, un casino, espacios para entretenimiento y espectáculos, así como una avenida comercial con tiendas, todo ello tras una inversión inicial de unos 700 millones que podría alcanzar los 2.000 millones.

Era septiembre de 2012 cuando, como alternativa al Eurovegas del magnate Sheldon Adelson (proyecto que optó por Madrid en vez de por Cataluña, sin que finalmente se llevara a cabo), el Govern anunció que impulsaría un macrocomplejo de ocio y turismo con seis casinos y otros tantos hoteles de la mano del grupo inversor Veremonte, de Enrique Bañuelos.

En 2014, tras un acuerdo entre el presidente Artur Mas y el entonces líder del PSC Pere Navarro, el Parlament redujo la carga fiscal a los casinos al 10 %. La fecha de apertura prevista del proyecto, bautizado BCN World, era 2016.

Tras constituirse el Consorci Intermunicipal de Vila-seca i de Salou (CRT), las dos localidades en las que debe situarse este macrocomplejo, la iniciativa sufrió un importante contratiempo cuando Veremonte se desentendió del mismo.

El PDU se aprobó un 2016, con una rebaja del 25 % de los terrenos urbanizables y la reducción de hasta siete veces el espacio destinado a casinos; y en 2018 la Generalitat otorgó al grupo Hard Rock la autorización para la instalación y explotación del macrocomplejo, ya descafeinado con relación al inicial BCN World.

En caso de que finalmente salga adelante el PDU, el siguiente paso será la firma del contrato de compraventa por un mínimo de 120 millones de los terrenos en los que se debe ubicar Hard Rock, cercanos a PortAventura.

El comprador sería la sociedad BCN IR 3, con representante legal James F. Allen, empresario que aparece en los "papeles del paraíso" o "paradise papers", una investigación periodística que hizo pública una red de evasión fiscal.

Los terrenos son propiedad de Mediterranea Beach & Golf Community, una filial de CriteriaCaixa, brazo inversor de La Caixa, pero formalmente se adquirirían a través del Instituto Catalán del Suelo (Incasòl), que compraría y vendería los terrenos en un mismo acto, en una enrevesada operación financiera. 

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