El Ministerio de Juventud e Infancia ha vuelto a solicitar este martes formalmente a las comunidades autónomas los datos completos de acogida de niños y adolescentes migrantes no acompañados. Así lo ha puesto de manifiesto después de la celebración de este lunes de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, marcada por las críticas de las comunidades gobernadas por el Partido Popular por los criterios "arbitrarios y forzosos" aprobados por el Ejecutivo.

"El Ministerio busca dar una solución urgente a la situación de los niños y niñas migrantes en Canarias y Ceuta, por lo que no hay ninguna razón para no facilitar estos datos", ha indicado la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, quien ha pedido "altura de país" a las comunidades autónomas que no han enviado todavía los datos completos y ha solicitado su colaboración, en referencia a Aragón.

De esta forma, según ha señalado el Ministerio, se continúa con la tramitación normativa del real decreto-ley para la acogida solidaria que "prioriza los derechos de la infancia y no deja atrás a ningún territorio", tras su convalidación en el Congreso de los Diputados en el pasado 11 de abril. La recopilación de los datos solicitados servirá para calcular la capacidad ordinaria de los sistemas de acogida de las diferentes autonomías, un paso previo a la ejecución del Plan de respuesta solidaria ante la situación de contingencia migratoria extraordinaria para la infancia y la adolescencia migrante no acompañada.

Aragón no comunicó sus cifras y Madrid lo hizo de "forma general"

El Ministerio que dirige Sira Rego pidió por primera vez a las autonomías que aportaran sus datos de acogida en marzo. Sin embargo, tras diez días para facilitar esta información, Aragón no comunicó sus cifras y otras como Madrid lo hizo de forma "general" y "asimétrica". Además, el Consejo de Ministros ha aprobado este martes el acuerdo por el que se autoriza la tramitación administrativa urgente del Real Decreto que desarrollará el real decreto-ley para el reparto de menores migrantes no acompañados.

La aprobación de la tramitación supone la puesta en marcha de los mecanismos subsidiarios previstos en el real decreto-ley para su completa aplicación. Entre estos mecanismos se encuentra el mencionado Real Decreto de desarrollo, que establecerá las actuaciones necesarias de forma protocolizada y con garantías.

Según Juventud e Infancia, "la urgencia de esta tramitación se fundamenta tanto en la saturación actual de varios sistemas autonómicos de protección como en la necesidad de cumplir los plazos marcados por el propio real decreto-ley, que exige completar las reubicaciones necesarias en el plazo máximo de un año desde su entrada en vigor".

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