La causa del juez Peinado contra Begoña Gómez: una nueva imputación tras 17 meses de instrucción

La instrucción que el juez Juan Carlos Peinado dirige contra Begoña Gómez desde un juzgado madrileño suma la imputación de un nuevo delito, el del malversación, tras 17 meses de investigación, en los que la causa ha sido acotada por instancias superiores y se ha desimputado a varios acusados.

El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid iniciará el nuevo curso con la citación el 11 y 10 de septiembre de la esposa del presidente del Gobierno y de su asesora en la Moncloa, Cristina Álvarez, ambas como investigadas por malversación, dentro de la pieza separada que busca esclarecer la contratación y funciones de esta empleada.

Acumulación de delitos

Es el último paso de este magistrado, que investiga a la mujer de Pedro Sánchez desde el 16 de abril de 2024 por su actividad privada, en la que primero apreció presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, a los que luego sumó apropiación indebida e intrusismo.

Su movimiento llega tras el aval de la Audiencia de Madrid a la línea de investigación sobre la asesora y una vez que el Tribunal Supremo archivó su petición de investigar a Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, por esta contratación, al apreciar una "absoluta" falta de indicios respecto a su participación en un supuesto delito de malversación.

El juez ajusta la investigación en función de las recomendaciones que le dio la Audiencia de Madrid en junio: centrarse en si la asesora "se sobrepasó en el desempeño de las funciones públicas que le fueron encomendadas para favorecer el plan delictivo de la investigada -Begoña Gómez- en el delito de tráfico de influencias, mediante la desviación de medios públicos puestos indebidamente al servicio de intereses particulares o estrictamente privados".

Y lo hace pese a que en un primer momento, en un auto dictado en mayo respecto a la querella presentada por Vox, no percibió responsabilidad penal respecto a un delito de malversación ni por parte de la asesora ni por parte de Gómez.

Una investigación en varios frentes y con reajustes

Este es el último reajuste de una causa que nació de una denuncia del autodenominado sindicato Manos Limpias y que el juez ha ido modulando con el paso de los meses y las acotaciones de la Audiencia Provincial, manteniendo imputadas a cuatro personas.

Sus primeras pesquisas se centraban en averiguar si Gómez intervino a favor de las empresas de Juan Carlos Barrabés, adjudicatario de contratos públicos, aunque al poco tiempo la Audiencia Provincial obligó al juez a acotar la causa y a desechar, por ejemplo, el papel que las acusaciones otorgan a la mujer del jefe del Ejecutivo en el rescate público de Air Europa.

Después se concentró en indagar en la cátedra y los dos másteres que Begoña Gómez codirigía en la Universidad Complutense de Madrid, incluido el patrocinio empresarial de un 'software'.

En los últimos meses, también ha cobrado peso la línea de investigación sobre la asesora.

Para tirar de ese hilo, tiene varios indicios que ya apuntó la Audiencia madrileña: los correos de la asesora con la Complutense, sus visitas junto a Gómez a la universidad, un 'email' solicitando a una empresa, Reale Seguros, que siguiese patrocinando el máster o la amistad que une a ambas, razón de su nombramiento como cargo de confianza.

Decisiones inéditas, críticas y querellas

El trabajo de Peinado ha provocado las críticas de la Fiscalía y de las defensas, que consideran su instrucción "errática" y acusan al juez de "constante oscuridad", al considerar que no motiva sus resoluciones.

Peinado se ha enfrentado a tres querellas por prevaricación en su contra, incluida la presentada por la Abogacía del Estado. Todas fueron rechazadas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

También ha visto corregida su causa, en la que la Audiencia de Madrid le ordenó desimputar al rector de la Complutense, Joaquín Goyache, y al exconsejero madrileño y directivo del Instituto Empresa Juan José Güemes y dejó fuera de su investigación tanto el rescate de Globalia como el rol de Gómez en el instituto África Center.

Además, ha tomado decisiones inéditas, como la de acudir a Moncloa para tomar declaración como testigo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sin permitirle declarar por escrito y señalando que de su decisión de no declarar podían sacarse "conclusiones".

Peinado regresó al complejo presidencial para cuestionar al ministro Bolaños, a quien acusó de contestar con evasivas y reprochó que sonriera en su declaración como testigo, tras la que intentó, sin lograrlo, que se le investigase por falso testimonio.

Hasta en cuatro ocasiones Peinado ha tomado declaración a testigos a los que después ha acabado citando como investigados, un proceder también criticado por el fiscal y las defensas.

Con un auto dictado en plena canícula, a 18 de agosto, el juez retoma la causa para citar primero, el 10 de septiembre, a la asesora de Gómez y al día siguiente, el día 11, de la mujer del presidente del Gobierno.

Peinado mantiene imputados al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, por su rol en Moncloa en 2018, cuando se contrató a la asesora, y al empresario Juan Carlos Barrabés.