La acusación del PP sobre Ábalos, Koldo y Aldama: "Su propósito era corromper a quien estaba presto a serlo"

La acusación popular que lidera el PP en el juicio del Tribunal Supremo (TS) por presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia ha denunciado este miércoles que los acusados "se lucraban con la enfermedad mientras los ciudadanos morían por millares cada día".

"Su propósito era corromper", ha dicho el abogado Alberto Durán sobre el empresario acusado Víctor de Aldama, "a quien estaba presto para ser corrompido", en referencia al exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, también enjuiciados. El abogado ha señalado que Aldama "estaba absolutamente involucrado e incrustado" en la organización. "Se movía como pez en el agua en el Ministerio, hasta el punto de que levantó ciertas alarmas", ha señalado.

"Hay unos pagos periódicos concedidos por Aldama o su entorno a Ábalos y Koldo" por una cuantía de 10.000 euros, ha manifestado Durán. No obstante, la acusación popular ha añadido "un pago también periódico" que es "la retribución del piso de Jéssica Rodríguez" en la madrileña Plaza de España costeado por la presunta trama. El abogado lo ha resumido diciendo que "hay unos pagos periódicos y hay unos pagos que aparecen".

Joseba García, el hermano de Koldo, en el punto de mira

Y ha puesto de manifiesto que en un momento dado "los pagos se hacen a través del hermano de Koldo", Joseba García, después de un enfado entre el exasesor y el empresario. En este sentido, el abogado ha detallado que a partir de septiembre de 2021, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil "ha señalado hasta nueve encuentros entre Joseba García y Aldama o su entorno".

"Queda en evidencia primero que la iniciativa para esas reuniones con Joseba no parte de Joseba, que teóricamente va a protestar sobre un coche, sino que parte de Aldama", ha manifestado. Durán ha indicado que en la presunta trama había un "reparto funcional de cometidos", ya que el exministro hacía "lo más grande", como aseguró durante el juicio el teniente coronel Antonio Balas, de la UCO.

"Ábalos es el que se encarga de abrir el camino a todos los demás con su influencia, no sólo en el Ministerio, es el ministro más importante, sino también es el secretario de Organización del PSOE, de modo que cualquier persona que esté vinculada a esa organización, sabe que lo que diga Ábalos le importa obedecerlo, porque desarrolla una esfera de influencia absolutamente innegable", ha sostenido. El letrado ha manifestado que Koldo hacía "el trabajo de campo, las gestiones con el resto de las personas", y que Aldama "se encarga de detectar las oportunidades de negocio y planteársela al resto de los miembros de la organización".

Solicitan penas de 30 años de prisión

Y ha asegurado que la presunta organización criminal "tiene ramificaciones y otras personas que evidentemente colaboran", como empresarios relacionados con Aldama, familiares de Koldo y autoridades o funcionarios públicos que "con mayor o menor dedicación hayan influido también en estas cuestiones". La acusación popular pide penas de 30 años de prisión para Ábalos y Koldo, mientras que para el empresario solicita alrededor de cinco años de cárcel al aplicarle la atenuante muy cualificada de confesión.

Durán ha manifestado que, al entender de la acusación popular, la contratación de una empresa vinculada a Aldama para la compra de la mascarillas se hizo "a dedo" y "colma todos y cada uno de los elementos del delito de prevaricación administrativa". No se trata, según el abogado, de "una mera ilegalidad administrativa", sino de "una vulneración grosera del ordenamiento jurídico".

"La empresa adjudicataria nunca había sido contratada por la administración pública, su objeto social no tenía nada que ver con el suministro de material sanitario", ha argüido. Sin embargo, Durán ha indicado que la empresa "conocía que iban a publicarse las órdenes con anterioridad a su publicación", por lo que "predeterminó las cantidades que iban a suministrar", motivando la "duplicación del volumen".

Sobre el piso en el Paseo de la Castellana

Con esto, Durán se refiere al cambio en la orden ministerial para la compra de mascarillas, que pasó de cuatro a ocho millones en pocos minutos, según han declarado varios testigos. Sobre el alquiler con opción de compra de un piso en el Paseo de la Castellana de Madrid que el empresario adquirió como una presunta dádiva para Ábalos, Durán ha señalado que el exministro "no ha sabido dar una explicación plausible" de este extremo.

El letrado ha indicado que "esto ocurría precisamente cuando se estaban discutiendo determinadas comisiones nada menos que de 500.000 euros al mes por la venta de petróleo". "De modo que tiene lógica lo que dice el señor Aldama respecto de que esto constituía efectivamente una garantía para que Ábalos estuviera tranquilo", ha remachado. Por otro lado, Alberto Durán ha indicado que la contratación de Jéssica Rodríguez, expareja de Ábalos, en las empresas públicas Ineco y Tragsatec "proviene del ministro".

La insistencia de Koldo a Pardo de Vera

Según su relato, "insiste Koldo de forma ansiosa" a Isabel Pardo de Vera, entonces presidenta de Adif, "para que llamen de una vez a esta chica". "Esto no pasa en una contratación normal. No es normal que la presidenta de Adif tenga que recibir un currículum del entorno de un ministro", ha remachado el letrado. Al mismo tiempo, ha cuestionado que Koldo acompañase a la mujer a la entrevista de trabajo con Ineco y que "al día siguiente" estuviera contratada.

Además, ha señalado que Jéssica "estaba estudiando y por tanto no podía ir a trabajar", pese a que "fichaba todos los días e hizo lo posible para aparentar" que sí que trabajaba. En lo que respecta a los salvoconductos que presuntamente expedía Transportes y que permitían evitar las restricciones de movilidad durante el confinamiento, Durán ha señalado que "son documentos oficiales" sin los cuales "no se podría hacer algo que los demás teníamos prohibido, que era circular y entrar y salir del territorio español".

Estos documentos "tenían una utilidad evidente", ha indicado el abogado: "Permitir la movilidad a personas que de otra forma no lo hubieran podido tener". Y ha considerado que los acusados "eran conscientes de la ilegalidad" de estos hechos, alegando que "el propio Koldo le dice a los usuarios de esos permisos que no los fotografíen, que no los entreguen, que no se los difundan a nadie".