La Audiencia Nacional amplía seis meses más la investigación del presunto fraude por hidrocarburos que afecta a Aldama
La Audiencia Nacional amplía hasta diciembre de 2026 la investigación del presunto fraude de hidrocarburos vinculado a Víctor de Aldama
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El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha acordado ampliar durante seis meses más la investigación sobre el presunto fraude en el sector de los hidrocarburos en el que figura como imputado el empresario Víctor de Aldama, considerado por los investigadores como uno de los principales protagonistas del denominado 'caso hidrocarburos' y también vinculado al 'caso Koldo'.
La prórroga extiende la instrucción judicial hasta diciembre de 2026 con el objetivo de completar diversas diligencias de investigación que siguen pendientes. En un auto dictado este lunes, al que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado accede a la petición formulada por la Fiscalía al considerar que aún quedan actuaciones relevantes por practicar.
Según explica Pedraz, el avance de estas diligencias podría derivar no solo en nuevos hallazgos dentro de la causa, sino incluso en la aparición de nuevas personas investigadas.
La investigación gira en torno a Villafuel, empresa propiedad de Claudio Rivas, considerada una de las piezas clave del presunto entramado de fraude fiscal relacionado con la comercialización de combustibles.
Documentación pendiente de analizar
El juez recuerda que durante los registros efectuados en octubre y diciembre de 2024 se intervino una gran cantidad de documentación en domicilios y sedes empresariales vinculadas a la trama. Parte de ese material continúa siendo analizado por las unidades policiales encargadas de la investigación, por lo que considera necesario ampliar el plazo para completar el examen de las pruebas.
Precisamente tras aquellas operaciones, Pedraz decretó el ingreso en prisión provisional de Víctor de Aldama, aunque posteriormente quedó en libertad tras ofrecer colaboración en la investigación del denominado 'caso Koldo', la Audiencia Nacional también mantiene abiertas varias líneas de investigación internacional.
Entre ellas figuran órdenes europeas de investigación remitidas a Portugal, cuya documentación recibida sigue siendo objeto de análisis por parte de los investigadores. El magistrado considera que toda esta información puede resultar relevante para determinar el alcance real de la presunta trama y la participación de los distintos investigados.
Un fraude valorado en más de 230 millones
No es la primera vez que se amplía la instrucción. Ya en diciembre de 2025 el juez acordó una primera prórroga al considerar que aún quedaban numerosas diligencias pendientes.
Según los cálculos realizados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, el supuesto fraude investigado habría alcanzado los 231,7 millones de euros entre los años 2021 y 2024. De acuerdo con los informes de la UCO incorporados a la causa, el esquema comenzaba con la adquisición o control de una empresa autorizada para operar como mayorista de productos petrolíferos.
Estas compañías compraban combustible en depósitos fiscales, abonando únicamente los impuestos especiales correspondientes, pero sin ingresar inicialmente el IVA.
Posteriormente vendían ese combustible a estaciones de servicio y repercutían el IVA a sus clientes. Sin embargo, según la investigación, el dinero correspondiente a ese impuesto nunca llegaba a ser ingresado en la Agencia Tributaria.
Una estructura cada vez más compleja
Los investigadores sostienen que las organizaciones dedicadas a este tipo de fraude han ido sofisticando sus métodos con el paso de los años para dificultar su detección.
Según la UCO, la incorporación de nuevas sociedades interpuestas dentro de la cadena comercial tenía como finalidad ocultar a los verdaderos responsables de la organización y proteger las licencias necesarias para operar en el mercado de hidrocarburos.
La Guardia Civil considera que estas estructuras empresariales permitían mantener la actividad presuntamente fraudulenta mientras se dificultaba la identificación de los beneficiarios finales del entramado.
Con la nueva ampliación acordada por la Audiencia Nacional, los investigadores dispondrán ahora de seis meses adicionales para completar el análisis de la documentación incautada y avanzar en el esclarecimiento de una de las mayores investigaciones por fraude fiscal vinculadas al sector de los combustibles en España.